La modernización integral de la empresa Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT) -una de las obras emblemáticas que la administración kirchnerista puso en marcha en Santa Cruz con el desembolso de fondos estatales- quedó envuelta en un manto de dudas y sospechas por el supuesto pago de sobreprecios.

El eje de una nueva denuncia que salpica a las autoridades del Ministerio de Planificación que conduce Julio De Vido gira en torno a la licitación y compra de la usina termoeléctrica de 240 MW que la Nación decidió construir en Río Turbio para poder potenciar la producción carbonífera de la zona.

De acuerdo con una investigación realizada por el diputado nacional Juan Carlos Morán (Coalición Cívica-Bs.As.), a fines de 2007, el Gobierno adjudicó la instalación de la central a carbón a un precio final que fue un 174% más caro que el pagado en Chile por una usina térmica de similares características que se había contratado para la misma época.

La denuncia que Morán presentará en los próximos días en la Justicia pone de relieve que frente a los US$ 1,26 milló por cada Megawats (MW) instalado que se pagará en Chile por la usina de Puchuncaví, la administración kirchnerista comprometió desembolsar unos US$ 3,45 millones por cada MW de la nueva central que se está construyendo en Río Turbio.

Además de la diferencia de precio, la denuncia advierte que el presupuesto original que era de 1.500 millones de pesos registró un aumento del 73% y alcanzó los $ 2.600 millones al firmarse el contrato definitivo de las obras.

"El valor internacional por cada MW de este tipo de usinas promedia US$ 1,2 millón pero con la central santacruceña las autoridades nacionales han convalidado un precio que es casi tres veces superior sin ninguna razón que justifique semejante desfasaje", destacó Morán.

El legislador opositor señaló que los principales involucrados en este caso son el titular de Planificación, Julio De Vido y el actual gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, quien se había desempeñado como interventor de YCRT durante el proceso licitatorio.

Ante una consulta hecha por Clarín, fuentes del ministerio de Planificación rechazaron el contenido de la denuncia y destacaron que Río Turbio no es comparable con la central chilena por tres motivos: la tecnología de las calderas es diferente; el carbón local es de menor poder calórico y requiere de mayores instalaciones y equipos adicionales y por último el mayor costo logístico que demanda la construcción de la usina local en plena cordillera frente a la trasandina que está a un paso del puerto de Valparaíso.
La usina termoeléctrica de Río Turbio se erigió como la inversión medular del "plan de rehabilitación de YCRT" que se puso en marcha a mediados de 2005.
Dicho plan nació como respuesta a los cuestionamientos que venía acumulando el gobierno de Néstor Kirchner, tras el trágico accidente de fines de 2004 donde perdieron la vida 14 trabajadores mineros por el deplorable estado de las instalaciones y la falta de elementos de seguridad.

Inicialmente, el programa que había elaborado Planificación para modernizar YCRT preveía la compra directa de una usina de 35 MW a la empresa checa Skoda. El acuerdo —que había sido negociado por el ex titular del Occovi, Claudio Uberti— se cayó por falta de financiación y a mediados de 2006, el Gobierno optó por llamar a licitación para adquirir una central más grande. En forma simultánea, el Gobierno aprobó un paquete de inversiones complementarias de $ 600 millones para la compra de repuestos y maquinarias, la construcción de viviendas y la reparación del ramal ferroviario que une la mina con Puerto Loyolas.
La pelea licitatoria por la usina había despertado el interés de seis grupos de empresas locales y extranjeras que presentaron sus antecedentes técnicos y económicos. Tras varias postergaciones, sólo dos oferentes lograron llegar a la instancia final: la española Isolux y la sociedad Roggio-Skoda.
Por puntaje y mejor cotización, el negocio quedó en manos de Isolux, que a su vez procedió a abrir el paquete de suministros y obras a otros jugadores de peso.
Para poder cumplir con la entrega de la central "llave en mano", Isolux contrató a la alemana Siemens para la provisión de las turbinas; a la norteamericana Foster Wheeler para el suministro de las calderas y a una decena de empresas santacruceñas para la realización de las obras civiles.

Los contratos con Siemens y Foster Wheeler representan casi 60% de la obra que había arrancado en 2006 con un presupuesto de US$ 500 millones y terminó adjudicándose a fines de 2007 por US$ 828 millones, según la paridad de ese momento.

Una historia de reclamos y demandas judiciales

Tras varios conflictos laborales y amenazas de cierre, la ola privatizadora del gobierno menemista alcanzó a la ex Yacimientos Carboníferos Fiscales (YCF) a mediados de 1994.

Para hacer más atractivo el negocio y compensar las desventajas económicas que tenía la empresa, el ministro de Economía de esa época, Domingo Cavallo le otorgó al concesionario privado dos elementos clave: un subsidio anual de $ 22,5 millones para el pago de los salarios y un convenio de venta de toda la producción de carbón a la central térmica de San Nicolás.

Luego de un accidentado proceso licitatorio, la concesión quedó para el grupo que integraban las empresas Iate, Eleprint, Dyopsa y la Federación gremial de Luz y Fuerza (Fatlyf). A los pocos meses, el consorcio se desmembró y quedó al frente de la explotación de los yacimientos la firma Iate del polémico empresario Sergio Taselli.

La concesión ¿que se había pactado por 10 año-anduvo siempre a los tumbos por los reclamos gremiales y los incumplimientos del operador. En los últimos meses de 2001, Cavallo ¿esta vez como ministro de Economía de Fernando De la Rúa¿ cortó los subsidios para los sueldos. Tras varios meses de reclamos a la Nación, Taselli decidió devolver la concesión en forma anticipada, con lo cual Río Turbio retornó a manos estatales a mediados de 2002.

Durante la gestión privada de YCF, la provincia de Santa Cruz estuvo bajo el mando de Néstor Kirchner, quien no sólo avaló la decisión de privatizar la empresa, sino que además envió a uno de sus principales colaboradores a la comisión encargada de controlar el cumplimiento del contrato. Se trata de Daniel Cameron, el actual secretario de Energía que durante varios años fue el auditor provincial de la concesión.

Por esa tarea, Cameron enfrenta junto con Taselli una causa judicial por el supuesto vaciamiento de la empresa. Inicialmente, el juez federal, Sergio Torres había sobreseído a los denunciados. Pero en abril de este año, la Cámara Federal revocó esa medida y ordenó seguir adelante con la investigación. Ahora Torres solicitó una nueva pericia al cuerpo de peritos contadores del Poder Judicial, el cual fue recientemente intervenido por la Corte.