Esto es inaceptable para la Asamblea. El análisis del presupuesto tiene que ser unificado por varias razones. Primero, porque la priorización de los gastos y los ingresos tiene que ser una sola. El Presupuesto es la concreción de las prioridades del gobierno, que se expresan en gastos corrientes y en inversión, en gastos ordinarios y extraordinarios. No puede decirse que un gasto es importante sólo para un plan anti-crisis pero no para el presupuesto general de inversiones y gastos corrientes. Los gastos de inversión y anti-crisis deben medirse con la misma vara que los corrientes.

Segundo, parte de las prioridades que expresa el Presupuesto es el balance entre lo que se va a gastar en rubros corrientes y lo que se va a gastar en inversión. El gobierno no puede negarle a la Asamblea el derecho constitucional que tiene de aprobar la distribución entre estos dos tipos de gastos, algo que el gobierno le estaría negando al presentar los tres componentes del presupuesto como cosas separadas, cuando lo esencial desde un punto de vista jurídico y económico es que todas estas cosas forman un todo.

Tercero, la inversión tiene implicaciones muy importantes en los gastos corrientes. Hay dos mecanismos por los que esto ocurre. Primero, la operación de las inversiones causa gastos corrientes. Así, si usted construye una escuela en los primeros seis meses, usted tiene que operarla en los segundos seis meses, y eso causa gastos corrientes. Hay que contratar maestros, hay que pagar luz, agua, dar mantenimiento al edifico, etc. Segundo, mientras los préstamos se contabilizan como entradas de capital, los intereses que se pagan por ellos se contabilizan como gasto corriente. De esta forma, al nomás firmar un préstamo, el gobierno comienza a tener gastos corrientes en intereses por los saldos desembolsados y comisiones de compromiso (el cobro que las instituciones financieras hacen por reservar los fondos para el gobierno) por los no desembolsados. Las cifras envueltas son grandes. Con tasas del 7 por ciento, y con préstamos que el gobierno quiere obtener de al menos mil millones de dólares, estamos hablando de al menos 70 millones de dólares de gastos corrientes que no se hubieran tomado en consideración al aprobar el presupuesto corriente sin discutir el de inversión.

Esto quiere decir que si ya se ha aprobado el presupuesto de gastos corrientes sin tomar el cuenta el de inversiones, habría que revisarlo al discutir el de inversión para determinar si los intereses que causaría la inversión son parte de las prioridades de los gastos corrientes y de los gastos totales, que todavía no se conocerían porque faltaría conocer todavía el presupuesto anti-crisis. Y lo mismo se repetiría al discutir el presupuesto anti-crisis, con el agravante de que éste último tendría muchos gastos corrientes y de inversión, a los que se les daría un estatus especial con sólo llamarlos “anti-crisis”. Así, el gobierno parece pensar que puede blindar incrementos en gastos burocráticos que sería un vulgar desperdicio en un presupuesto con sólo presentarlos como parte del plan “Anti-crisis”.

Hay dos explicaciones posibles para proponer semejante procedimiento, que claramente viola no sólo el sentido común y los elementos básicos de finanzas públicas sino también el espíritu de los principios constitucionales que rigen el Presupuesto. Una, es que el gobierno no entienda estas cosas tan sencillas. Si es así, que vaya a la escuela. La otra es que sí lo entienda pero piense que va a sorprender a los diputados y al pueblo para lograr que se aprueben más gastos y con prioridades diferentes de los que la Asamblea aprobaría en una discusión apropiada del presupuesto: aprobando un presupuesto de gastos corrientes que tendría menos gastos corrientes que los que el gobierno planea realizar, y luego forzando a que éstos se aumenten al aprobar los otros dos presupuestos, y de paso, forzando a aprobar más préstamos para financiar los gastos corrientes añadidos.

La propuesta es tan escandalosamente absurda que lo que deja con la boca abierta no es la propuesta en sí, sino que haya personas que crean que un truco tan barato es una propuesta inteligente que puede engañar a alguien. Aún las personas menos agraciadas intelectualmente piden que todo se ponga sobre la mesa cuando van a negociar algo.

Si hay diputados que aprueben lo que el gobierno se propone hacer, por muchos años la gente dirá: “éste fue de los que se prestaron a la farsa del Presupuesto por pedazos”. Y lo dirán con una sonrisita decidora, porque todo el mundo sabrá que no puede ser que haya alguien tan tonto como para aprobar una propuesta que de transparente no tiene nada, excepto que es transparentemente un truco barato para engañar a la Asamblea.

Este artículo fue publicado originalmente en El Diario de Hoy (El Salvador) el 28 de septiembre de 2009.

Manuel Hinds ex Ministro de Finanzas de El Salvador y autor de Playing Monopoly with the Devil: Dollarization and Domestic Currencies in Developing Countries (Council on Foreign Relations, 2006).