Una operación que fue presentada a principios de este año por el gobierno de Estados Unidos como un gran golpe al lavado de dólares del narcotráfico, está bajo fuertes ataques de abogados que alegan que las abultadas sumas de dinero confiscadas a sus clientes no tienen ningún nexo con actividades ilegales.
Miembros de la familia sirio venezolana Makled, que están en el centro de la pesquisa, aseguraron a El Nuevo Herald que están dispuestos a demostrar que el dinero decomisado por la Agencia de Lucha contra las Drogas (DEA), fue enviado a Estados Unidos para pagar deudas de una compañía aérea que había sido adquirida recientemente por la familia.
"El grupo Makled siempre ha mostrado su disposición a comprobar de forma transparente que todas las cuentas y movimientos financieros nunca estuvieron vinculados a ningún ilícto, y mucho menos relacionados a negocios del narcotráfico'', escribieron los abogados.
Los Makled aseguran que fueron vinculados por el gobierno de Venezuela a un caso de narcotráfico como venganza porque uno de ellos se atrevió a aspirar a la alcaldía de Valencia, la tercera ciudad en importancia en Venezuela.
La fiscalía federal no ha respondido a una avalancha de recursos presentados por casas de valores en una corte federal de Puerto Rico, pidiendo el descongelamiento de unos $26 millones.
En uno de los más recientes memoriales, la firma Megaval Enterprises Ltd., solicitó el lunes pasado la anulación de la acción de confiscación, que en su caso asciende a $3.4 millones, argumentando que el gobierno no ha ofrecido suficientes detalles para sustentar su intervención.
Esta acción, agrega el memorial del abogado Jesús Cuza, la empezó el gobierno "sin tener causa probable de que los dineros confiscados a Megaval estaban sustancialmente relacionados con las presuntas actividades de narcotráfico y lavado de dinero consignadas en la denuncia criminal''.
Agrega que han pasado más de cinco meses desde que se produjo la confiscación y el gobierno no se ha presentado con ningún argumento factual de que los fondos de Megaval tenían algún nexo con el narcotráfico.
En ese mismo sentido se han pronunciado abogados de otras casas de valores que además enfatizaron que las empresas que representan no han tenido ninguna relación con los Makled.
Las casas de valores son negocios de intermediación que se dedican a buscar rentabilidad en la compraventa de acciones y bonos así como en la obtención de dividendos en transacciones con compraventa de divisas.
Se trata de un negocio que ha florecido en los últimos años en Venezuela dadas las fluctuaciones de la moneda nacional respecto al dólar.
En el pasado, el gobierno federal ha tenido que liberar muchas de las cuentas intervenidas en gigantescas operaciones contra el lavado de dinero por falta de pruebas. Con el refinamiento de las transacciones en el mundo financiero, los agentes federales encaran el reto de demostrar cómo los dineros del narcotráfico llegaron a contaminar las cuentas congeladas.
La millonaria confiscación que sacudió el mercado cambiario venezolano en abril está basada en una declaración no jurada de la agente de la DEA, Yvonne M. Schon, quien tenía menos de un año de experiencia cuando se produjeron los decomisos.
El reporte, a su vez, se sustenta en informaciones de otros agentes y funcionarios venezolanos, fuentes confidenciales y pruebas físicas, asegura Schon.
En el centro de la operación está la firma Caracas International Banking Corporation (CBC), con sede en San Juan Puerto Rico. Según su portal en internet CBC es es una institución financiera que maneja cuentas del mercado de dinero y de ahorros.
La firma está dirigida por un grupo de inversionistas "reconocidos por su amplia trayectoria en la banca venezolana'', agrega el portal.
En marzo de este año los caminos de la investigación llegaron a esta entidad financiera. Una operación de la DEA logró que el financista indio-venezolano, Rama Vyasulu, residenciado en Miami, canalizara $1 millón en el sistema bancario de Estados Unidos a sabiendas de que los agentes encubiertos le habían comunicado que se trataba de dineros del narcotráfico.
Al estudiar los movimientos bancarios de Vyasulu, la DEA se encontró con operaciones de un volumen sorprendente. Entre el 30 de septiembre del 2008 y el 16 de enero del 2009, 10 cuentas creadas o controladas por Vyasulu captaron $51 millones provenientes de una cuenta en CBC. Y en el mismo período, una cuenta de CBC recibió $65 millones de transferencias del financista.
Esta última cuenta en CBC tenía un problema adicional, según Schon: de allí los agentes de la DEA habían congelado $3.1 millones, una suma que estaba directamente ligada con los hermanos Makled.
La declaración de Schon no entra en detalles de quiénes son los hermanos Makled ni de los cargos que afrontan en Venezuela. Sin embargo, presenta un cuadro de aparente encubrimiento en favor de los Makled por parte de directivos de CBC cuando se realizó el allanamiento de las oficinas de la firma en San Juan en febrero.
La DEA obtuvo una declaración de la ex empleada de CBC, Arismar Pérez Rebollo, quien contó que el vicepresidente de operaciones de CBC, Gregorio D'Andrea, así como Jorge Nogueroles, vicepresidente, y Eduardo Villanueva, auditor, ordenaron la transferencia de los $3.1 millones, pese a que el oficial de cumplimiento de la ley del banco se opuso.
El informe no explica las razones que el oficial argumentó para detener la transferencia.
Pero las cosas se complicaron más para los directivos de CBC por cuanto Pérez declaró que cuando estaba tomando copias de la carpeta de los Makled por solicitud de los agentes de la DEA, D'Andrea le ordenó no hacer fotocopias de los mensajes electrónicos impresos que allí reposaban y retirarlos de la carpeta.
La DEA obtuvo copia de uno de los mensajes en el que se detallan las instrucciones de la transferencia de los $3.1 millones a una cuenta de Heptagon Asset Management como resultado de la cancelación de una carta de crédito del Banco Nacional de Crédito de Venezuela.
El Nuevo Herald preguntó a los abogados de los Makled cuál era el objetivo de esa transferencia y estos respondieron que "todas las transacciones que se realizaron a través del Banco Nacional de Crédito estuvieron relacionadas con el cumplimiento de compromisos de la aerolínea Aeropostal Alas de Venezuela con acreedores norteamericanos''.
Los Makled estaban en proceso de adquirir la aerolínea que mantenía una deuda de $5 millones con un grupo de acreedores judíos de Nueva York, agregaron los abogados.
En cuanto al origen de esos fondos, los abogados dijeron que provienen de las "legítimas actividades comerciales y empresariales que el grupo Makled realizó en Venezuela a través de sus empresas, luego de muchos años de trabajo y esfuerzo''.
