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04/08/2005 | Ciudadanos de primera y de segunda

Alejandro Gómez

Parecen lejanos aquellos días de comienzos de 1853 cuando los redactores de la Constitución Nacional aprobaron el artículo 16. El mismo dice (porque aunque no lo parezca todavía está vigente en la constitución actual): “La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales, ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos, sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas.”

 

Pues bien, por lo que podemos presenciar en la actualidad este artículo casi no se cumple en ninguno de los casos que pasaré a analizar. Piqueteros, empleados públicos, sindicalistas y políticos, parecen no estar enmarcados en las limitantes del artículo 16. Los piqueteros se han convertido en extorsionadores profesionales, se han adueñado de las calles y rutas del país para hacer reclamos que bajo la máscara de la pobreza esconde la real búsqueda del reparto de planes ¿trabajar? los cuales se otorgan en la mayoría de los casos se otorgan también con la misma lógica de la agrupación: la extorsión. Los piqueteros extorsionan a las autoridades al “pedir” fondos cortando calles encapuchados y con palos (algo que el gobierno dijo que no iba a ser autorizado), pero también extorsionan a los miembros para que participen de esas manifestaciones “espontáneas”, caso contrario no reciben su paga.

Los empleados públicos, que en sus reclamos de aumento salarial y de personal (cuando hablan de traspaso a “planta permanente”) toman de rehenes a los contribuyentes, llegando a casos gravísimos como las conocidas huelgas en los hospitales públicos ( batucada mediante, lo cual muestra una desaprensión absoluta por los pacientes) o los paros docentes. Si bien es cierto que todo el mundo tiene derecho a reclamar por mejores condiciones de trabajo, también es cierto que este grupo de privilegiados con convenios colectivos que les aseguran incontables días de licencia son quizás los que ganan los salarios más altos del sector, si uno computa los días trabajados (sin hablar de su productividad, que por cierto debe ser de las más bajas). También en este caso es notable el no cumplimiento el artículo 16, ya que más que por merito o idoneidad, en la mayoría de los casos el acceso a estos puestos es por amiguismo o conocimiento familiar. Por último, es importante tener presente que estos empleados públicos gozan de un privilegio al cual no tienen acceso el resto de los trabajadores y es el de la inamovilidad de sus puestos.

Las conocidas “medidas de fuerza” que llevan adelante sindicalistas de las distintas organizaciones laborales tampoco escapan a la lógica de la extorsión. Su mismo nombre así las define. Los “representantes” de los trabajadores, se caracterizan por trabajar precisamente de eso: “representantes”. Porque en la mayoría de los casos amparados en la ley del trabajo los delegados gremiales generalmente no trabajan en su fábrica o empresa a la que representan. Pero más allá de la forma en la que llegan a ocupar dicho cargo y se mantienen en el mismo por décadas, lo interesante de la situación es que sus métodos no difieren de los antes mencionados, es decir, bloqueo de caminos, cortes sin previo aviso de servicios y desabastecimientos, entre tantas dificultades que generan.

Y finalmente, en la base o en la cúspide de esta pirámide de iniquidad (según como uno lo quiere ver) tenemos al grupo de los dirigentes políticos. Más precisamente me refiero a aquellos que en virtud de una elección han llegado a ocupar un cargo de representante a nivel municipal, provincial o nacional. Parecería que a ellos las leyes nacionales no les toca. Amparados en sus fueros personales, prebendas sectoriales, decretos extraordinarios o simplemente en su lógica delirante, pueden violar los más elementales principios de la razón humana como ser candidatos de dos partidos diferentes al mismo tiempo, ser senadores de una provincia pero ser candidatos por otra, hablar de la nueva política pero seguir haciendo política con el estilo de siempre. Sin por ello sentir la menor restricción legal. Sin cumplir con las mismas leyes que ellos mismos votan en forma unánime y acusando de “enemigo nacional” a cualquier simple ciudadano que ose formular una crítica a su accionar.

Me pregunto cuál será la idoneidad e igualdad ante la ley de la que habla el artículo 16. En realidad si tomamos en cuenta el número de las personas que integran todos estos grupos que se describieron en los párrafos precedentes, veremos que son una ínfima minoría comparado con la totalidad de los habitantes de la Nación. Esto nos hace ver que en los hechos es una minoría la que domina y somete a la mayoría. Pero aún peor, esta minoría se perpetúa en sus puestos a través de maniobras muy poco transparentes, utilizando en todos los casos los recursos de los habitantes que dicen representar, pero que en realidad perjudican a diario con sus violentas metodologías. Suelen hablar de minorías opresoras y especuladoras. Pero las verdaderas minorías que perjudican a la mayoría silenciosa, son las que ellos encabezan. Me pregunto cuántos de nosotros podríamos cortar una calle para protestar porque no me gusta la música que escucha mi vecino y perjudicar así a miles de personas. Me pregunta que sucede con todos aquellos que querríamos ganar más en el trabajo que tenemos y nuestro empleador nonos da el aumento. Me pregunto qué sucedió con los millones de habitantes que perdieron sus puestos de trabajo en todos estos años sin tener un ley que me asegure mi puesto de trabajo hasta el día de mi retiro.

Y quiénes son las verdaderas víctimas de todos estos chantajes. ¿Los hombres encapuchados con palos en las manos o los ciudadanos que no pueden llegar a su destino? Quiénes se perjudican más cada vez que una escuela u hospital público hace una huelga de dos o tres días. Los que más recursos tienen o aquellos que sólo pueden acudir a estas instituciones. La respuesta a dichas preguntas son de fácil respuesta. Y la misma no hace ver una vez más que estas minorías someten a las mayorías que trabajan y sostienen económicamente a todos los grupos que describimos en esta columna. En “un país en serio” (como reza la propaganda oficial) todos tenemos derecho a protestar y reclamar lo que consideramos que es justo, pero ello sólo puede ser llevado adelante sin interferir con la libertad del resto de los seres humanos. Cuando estas manifestaciones implican violencia hacia terceros el gobierno debería impedirlas o reprimirlas. Atentar contra la libertad de otra persona es un delito aunque se trate de un reclamo justo. El fin no justifica los medios.

Claro que para que las cosas funcionen de esta manera el país primero debería resolver su crisis de representatividad que es el tema de fondo. Lo que hemos expresado en estas líneas es sólo una pequeña muestra de esta gran crisis. Minorías atribuyéndose representatividad que no tienen y un gobierno ausente que no protege a sus ciudadanos. Se da la paradoja de que en pleno siglo XXI la mayoría de los habitantes de este país estamos sometidos a los caprichos de una minoría de violentos bajo una máscara democrática, lo cual me hace pensar que este país tiene ciudadanos de primera, las minorías mencionadas, y de segunda, todos los demás

Fuente: www.atlas.org.ar

Fundación Atlas 1853 (Argentina)

 


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