La secretaria de Estado de EEUU, Hillary Clinton, presentó ayer el informe anual sobre Libertad Religiosa en el que se analiza las restricciones, abusos y mejoras para garantizar la diversidad de culto y que sirve como indicador para su política exterior.

Con un espíritu de “diálogo” y “cooperación”, Clinton subrayó la necesidad de fortalecer la tolerancia y el respeto entre las diferentes comunidades como garante de estabilidad.

El informe apunta de nuevo a Myanmar, China e Irán como los países que cometen “severas violaciones” contra la libertad religiosa, junto con otros como Sudán, Eritrea, Corea del Norte, Arabia Saudita y Uzbekistán.

El informe destaca que la libertad religiosa es “ampliamente respetada” en América Latina, con excepción de Cuba, y también hace referencia a las trabas que pone Venezuela a que algunos misioneros extranjeros accedan a las zonas indígenas.

EU señala que a pesar de que la Constitución cubana reconoce el derecho de los ciudadanos a profesar la fe que quieran con “respeto a la ley”, el gobierno “sigue imponiendo” restricciones y el Ministerio del Interior vigila las instituciones religiosas, que deben registrase obligatoriamente en el ministerio de Justicia.

En el caso de Venezuela, Estados Unidos reconoce que el gobierno “generalmente” respeta la libertad de culto, aunque los grupos religiosos, “al igual que otros que critican al Gobierno”, pueden ser objeto de “acoso” e “intimidación” y recuerda las críticas del presidente venezolano, Hugo Chávez, a los obispos católicos y al Nuncio Apostólico.

En clave positiva, el informe señala los avances que han hecho países como Brasil, que ha abierto una línea telefónica para recoger las denuncias por discriminación religiosa, y otras iniciativas internacionales, como el primer seminario sobre Antisemitismo, celebrado en Madrid.

El informe destaca, no obstante, que los mayores abusos se produjeron en algunos países con “estrictos regímenes autoritarios” que quieren controlar las religiones como parte de un mayor control de la vida civil.

Así ocurre en Myanmar, donde ser budista continúa siendo un requisito para ser promocionado en la Administración.

En el caso de China, el gobierno se opone a la lealtad a los líderes religiosos de otros países y regiones como el Papa y el Dalai Lama, y el informe subraya la “severa” represión a los tibetanos y los uigures.

En Irán, la retórica y la acciones del gobierno “crean una atmósfera de amenaza” para grupos no chiítas, en particular para los musulmanes sufís, los cristianos evangélicos y los judíos”.