Plantea también que en este presupuesto no debe buscarse la obra social que el gobierno quiere realizar porque ésta se encuentra en otro presupuesto, llamado "de inversión social", que planea presentar en algún momento del futuro. Esto es sorprendente, porque el instrumento con el que cuenta el estado para llevar a cabo sus actividades es precisamente el funcionamiento del gobierno.

El papel primordial del presidente y sus ministros es precisamente hacer que el gobierno funcione de tal forma que cumpla con los mandatos que el electorado le ha dado —en vez de comer mangos en los escritorios, hacer política electoral, conseguir aumentos de salario, o simplemente lucrar de poner cada vez más dificultades a la operación de la economía.

La actitud del gobierno, que evidencia que cree que los enormes gastos corrientes contenidos en el presupuesto ordinario van a fondo perdido y que sirven más bien para promover el clientelismo político ("hace más campaña para el FMLN y te daré un puesto"), asegura que no piensa disminuir sino aumentar el desperdicio fiscal, que ya era grande cuando el FMLN tomó el poder.

Evidencia también un concepto muy primitivo de lo que es la obra del gobierno y lo que es construir un país —es poner todo el capital político en construir un hospital en vez de hacer que los muchos que ya existen funcionen como se debe; en construir escuelas, aunque no se operen; en comprar nuevas cosas para la policía, en vez de hacer que ésta agarre a los criminales. El papel del gobierno es precisamente el lograr que todos estos y otros servicios funcionen como se debe.

La importancia de reconocer algo tan obvio se aprecia en el hecho que el presupuesto ordinario, que ya es muy abultado en tiempos de una crisis mundial, representa el 90 por ciento de los gastos combinados de este presupuesto y el extraordinario de inversión social que el gobierno quiere también aprobar, después, en un chantaje que diría que si no le aprueban los préstamos necesarios para llevarlo a cabo no podrá hacer nada, ya que el ordinario ya aprobado sólo sirve "para que funcione el estado".

La Asamblea debería de tomarle la palabra al gobierno de que el presupuesto ordinario contiene los fondos para "que funcione el estado" y exigir que por lo tanto sea el único presentado, y exigir al mismo tiempo que el gobierno establezca objetivos muy claros y específicos de cómo este gobierno hará que los impuestos que paga para mantener ese presupuesto se ocupan para darle servicios eficientes a la ciudadanía. Al fin y al cabo, la única justificación que tiene el gobierno para existir es que da estos servicios a los ciudadanos.

Así, por ejemplo, la Asamblea debería de exigir al gobierno que le diga en cuanto va a mejorar el récord pésimo que tienen tanto el Seguro Social como el Ministerio de Salud en la atención de la salud de la ciudadanía —por ejemplo, en cuanto tiempo va a reducir los atrasos de las operaciones de los meses que son ahora a horas o días de acuerdo a la urgencia de la operación, y cómo van a resolver el problema de la falta de medicamentos que ha estado afectando al sistema de salud en los últimos años.

Las cifras enormes del presupuesto ordinario, gastadas apropiadamente en las prioridades reales del pueblo, son más que suficiente para asegurar que estos objetivos y otros más se logren. Pero es esencial que la Asamblea pida estos indicadores, que al fin y al cabo, no la retórica del gobierno, es lo que va a determinar si se le cumplen las promesas al pueblo.

Y el gobierno debe decir al gobierno que si hacen falta algunos fondos para que "funcione el gobierno" de una manera efectiva, que los incluya ya, en este presupuesto ordinario, o que luego no se queje si no se le aprueba el extraordinario.

Al fin y al cabo, la constitución permite los presupuestos extraordinarios en el entendido que éstos se pueden volver necesarios por eventos extraordinarios, no porque el ordinario se ha dejado sin los fondos necesarios para que el gobierno cumpla con sus mandatos.

En vez de esto, con la presentación del presupuesto ordinario, el gobierno se lava las manos de volver más eficiente el aparato estatal y le pasa al pueblo mismo la responsabilidad por la inversión social —haciendo que pague más para compensar por la ineficiencia del estado con impuestos pagados ahora o en el futuro para pagar los préstamos del presupuesto extraordinario.

"¿Y todo el dinero que ya pago?" puede preguntar el pueblo, sólo para oír, "Ese dinero se va sólo en que funcione el estado", contesta el gobierno, "Si querés que algo funcione, tenés que darme más pisto". Es un chantaje directo al pueblo que, como todos los chantajes, sólo resulta en posteriores chantajes.

Si el gobierno no hace funcionar eficientemente las actividades que representan el 90 por ciento de sus gastos, ¿Qué garantiza que va a hacer funcionar eficientemente las que representan el restante 10 por ciento? Esto es lo que el pueblo, y sus representantes los diputados, deben pensar.

Y luego de pensar, deben exigir que antes de planear gastar el otro 10 por ciento, el gobierno se concentre en hacer trabajar el 90 que está ignorando durante el año fiscal de 2010. No con promesas. Con acciones medidas con indicadores objetivos. Sólo después de esto, debe el contribuyente aprobar más gastos.

Este artículo fue publicado originalmente en El Diario de Hoy (El Salvador) el 3 de octubre de 2009.

Manuel Hinds ex Ministro de Finanzas de El Salvador y autor de Playing Monopoly with the Devil: Dollarization and Domestic Currencies in Developing Countries (Council on Foreign Relations, 2006).