El anterior es parte de una serie de objetivos y recomendaciones que fueron acordadas ayer al finalizar un taller de Seguridad Nacional impartido por el Centro de Asuntos Hemisféricos de la Defensa Nacional de Estados Unidos.

"Se han hecho propuestas para bajar en un 10 por ciento los homicidios y las extorsiones en un período de seis meses", aseguró el jefe militar, quien ya puso a disposición del mandatario más de 6 mil 500 efectivos militares para trabajar junto a la Policía Nacional Civil.

Para lograr esta reducción, Munguía Payés dijo que habría que tomar medidas de prevención y otras de acción coercitiva como "la necesidad imperante de tomar un control más adecuado de los centros penales".

En este tema, Payés aseguró que se propondrá dar mayor seguridad en los contornos de las penitenciarías, aunque reiteró que esta recomendación tendría que pasar por el aval del Presidente Funes, quien presentará un plan de acción esta semana. El subdirector de Centros Penales, Nelson Rauda, que considera viable un "refuerzo" con los soldados, dijo que no sólo se requiere estricta seguridad en el interior de un penal, sino también en los contornos de éste para verificar que no haya familiares que contribuyan al desorden. Sin embargo, aclaró que no se está hablando de tomar por completo la seguridad de las penitenciarías ni registros al interior de las celdas y que, en todo caso, sería el Presidente Funes quien tendrían que dar su última palabra al respecto.

El diputado del PDC Mauricio Rodríguez dijo que la Fuerza Armada podría tomar este rol para controlar la delincuencia, sobre todo cuando se sabe que el 80 por ciento de las extorsiones se origina en las cárceles.

Otra de las recomendaciones que le darán al mandatario será la de dar mayor prioridad a aquellos municipios más asediados por los delincuentes como Soyapango, San Salvador y Apopa.

El general Munguía Payés dijo que, aunque este es otro punto que debe afinarse, sí se ha hablado de que sean estos lugares los que tengan mayor presencia militar y policial. Agregó que las recomendaciones de este taller no son vinculantes, pero sí son insumos que Funes podría considerar para decidir en definitiva.

De hecho, el ministro reconoce que el nuevo rol de la Fuerza Armada tendrá que pasar obligadamente por una reforma a las leyes o incluso por la creación de un decreto especial que pueda definir sus alcances.

Otras medidas

El diputado pedecista, Mauricio Rodríguez, aseguró ayer que en el Taller de Seguridad Nacional también se discutió el posible acuartelamiento de la Policía Nacional Civil y todo el apoyo económico que sea necesitaría para llevarlo a cabo.

"Antes de decidir si se hará un acuartelamiento hay que escuchar al Presidente de la República, porque esto significa erogación de fondos", dijo el diputado, quien ve el tema desde una óptica más amplia.

El ministro de la Defensa dijo al respecto que este tema fue discutido dentro del foro, pero que no hubo acuerdos definidos porque todas las opiniones eran diversas. Sin embargo, afirmó que la mayoría estuvo conforme con esta alternativa.