Los programas de Estados Unidos en las Américas desempeñan un papel vital en el fortalecimiento del entorno de seguridad en la región y ayudan a establecer los principios de la transparencia y la rendición de cuentas en América Latina y el Caribe, dice Jonathan Farrar, vicesecretario de Estado adjunto para Asuntos Internacionales relativos a Narcóticos y la Aplicación de la Ley (INL).

Farrar esbozó durante su declaración ante el Congreso, el 25 de mayo, el alcance de los esfuerzos estadounidenses para promover el imperio de la ley, combatir la corrupción y frenar el narcotráfico en el Hemisferio Occidental. Explicó que Estados Unidos, junto con sus asociados en el hemisferio, intenta "desbaratar la producción y el tráfico de drogas ilícitas en el exterior", aumentar las capacidades de ejecución de la ley, proveer a los agricultores que cultivan la droga formas de sustento alternativas, y "facilitar el establecimiento de sistemas estables de justicia penal", sosteniendo al mismo tiempo "iniciativas a nivel popular" que refuercen "una cultura de legalidad" en la región.

Farrar les dijo a los legisladores que dado que el tráfico de drogas ilícitas y las actividades relacionadas con el mismo representan una amenaza a la seguridad de Estados Unidos y de la región, el Departamento de Estado ha desarrollado una estrategia para asistir a los vecinos más cercanos de Estados Unidos en su lucha contra el narcotráfico, el narcoterrorismo y otros problemas graves.

Después del 11 de septiembre de 2001, el Departamento de Estado ha ampliado sus programas en las Américas, para abordar temas como los "delitos financieros y la financiación de terroristas, el tráfico de armas, el contrabando de personas, el delito cibernético y el robo de derechos de propiedad intelectual", dijo. "Reconocimos también la necesidad de que el público se involucrara más en una gestión policial mejorada, en la lucha contra la corrupción y en el imperio de la ley, para servir de base para la democracia y como fuerza de disuasión del terrorismo".

Dijo Farrar que según la opinión del Departamento de Estado, "mejorar el profesionalismo de las instituciones policiales y judiciales es un elemento clave del desarrollo económico, democrático y social" en el hemisferio. Agregó que es de "vital importancia" que se progrese en estos aspectos, a fin de poder abordar las causas primordiales del crimen, el terrorismo y otros retos a la seguridad.

Las instituciones débiles y la ausencia de una presencia gubernamental en muchas partes de la región han hecho que ésta sea vulnerable a la conducta predatoria de la delincuencia organizada, y por lo tanto la dirección INL del Departamento de Estado ha concentrado una gran parte de su atención en las Américas, dijo Farrar. "Cada país en este hemisferio está siendo amenazado por organizaciones narcotraficantes internacionales".

La INL aborda el reto de crear programas de justicia penal que respondan a las amenazas que enfrenta cada país, al colaborar estrechamente con otras agencias gubernamentales estadounidenses -- y con los gobiernos anfitriones de la región -- para ayudar a capacitar a la policía, los jueces, los fiscales y otro personal pertinente, informó Farrar.

Pero advirtió también que las circunstancias locales pueden hacer que algunos problemas sean más graves: "obviamente, enfrentamos dificultades en capacitar a la policía en algunos países donde los niveles de educación son bajos y predominan el favoritismo y nepotismo, el mal liderazgo y la corrupción".

Farrar les dijo a los legisladores que la INL actúa también a través de organizaciones multilaterales como la Organización de los Estados Americanos y las Naciones Unidas.

Estados Unidos, reconociendo que la región andina es la principal fuente de cocaína en el mundo, les ofrece a los gobiernos andinos "un programa completo de asistencia" que incluye la erradicación de cultivos, el desarrollo de cultivos alternativos y el respaldo de las autoridades de aplicación de la ley, dijo Farrar.

El vicesecretario ofreció su perspectiva acerca de los programas estadounidenses en varios países de la región, y mencionó a Colombia como ejemplo importante de lo que se puede lograr en un entorno difícil. "La estrategia antidrogas de Estados Unidos en Colombia está... socavando la industria de los narcóticos y, al mismo tiempo, extendiendo metódica y decididamente la democracia y fortaleciendo la seguridad en toda Colombia", dijo.

La extensa capacitación de las autoridades de aplicación de la ley en Colombia "incluye entrenamiento en las actividades contra los narcóticos, contra el lavado de dinero, la ciencia forense, el manejo de pruebas, la seguridad portuaria, la detección de contrabando, la delincuencia organizada, la detección de bombas, el decomiso de bienes, los derechos humanos, la lucha contra la corrupción, las tácticas de unidades ligeras, el adiestramiento de pilotos y mecánicos y la investigación avanzada", dijo Farrar.

Farrar señaló también las actividades de la INL en México y dijo que éstas figuran entre los programas "más importantes". Indicó que "la INL ha financiado el entrenamiento de personal mexicano de aplicación de la ley en muchas academias policiales estadounidenses, como por ejemplo en la Academia de la FBI". Farrar elogió la Agencia Federal de Investigación de México como "una institución mucho más eficaz que sus predecesores", y atribuyó al presidente mexicano Vicente Fox las "acciones de reforma importantes" que ayudaron a asegurar "el éxito del programa INL en México".

En resumen, la Dirección INL del Departamento de Estado, junto con otras agencias estadounidenses y países asociados de todo el mundo, "han logrado progresos considerables" en reducir las amenazas contra el gobierno democrático y el orden mundial, dijo Farrar, pero, en vista de los retos en curso en la región, requieren el "firme sostén del Congreso" para proseguir sus actividades en promoción de los intereses estadounidenses y regionales.