En su día, justificaron la medida para animar a los grupos armados a entregar las armas y reincorporarse a la sociedad. Sólo lo hicieron las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), cuyos altos mandos están todos presos. Los grupos subversivos optaron por seguir en el oficio de masacrar, secuestrar, torturar, robar y extorsionar, que llevan ejerciendo cuatro décadas.

“Es como si les hubiesen otorgado un doctorado honoris causa: criminales de guerra, título que les convierte en proscritos en todo el mundo”, señala Fernando Tribilcok, de la Fundación País Libre, dedicada a luchar contra el secuestro. El lunes 2 presentarán una nueva denuncia contra esas bandas terroristas ante al Corte Penal Internacional. “Un efecto real para ellos, en Colombia, es que ya no tienen maniobra política”. Eso significa que no podrán negociar la paz a cambio de impunidad absoluta.

Indultos y amnistías

Si algún día quieren entregar las armas, tendrán que pasar por la cárcel, una posibilidad que los jefes guerrilleros rechazan de plano. Ya no es posible que un Estado otorgue indultos o amnistías a antiguos terroristas, como ocurrió en esta nación en el pasado. Si lo hacen, corren el riesgo de que cualquier ciudadano o una ONG impulsen las denuncias ante tribunales foráneos o, incluso que un juez, como intentó hacer Baltasar Garzón con Augusto Pinochet, les capture y les juzgue.

Las FARC cumplen en su máxima expresión los requisitos necesarios para que su cúpula tenga el sello de criminales de guerra: infringen tortura y tratos inhumanos a los veintidós soldados y policías cautivos, tres de los cuales cumplieron este domingo, ni más ni menos que once años secuestrados: el general Mendieta, el coronel Murillo y el sargento Lasso. Causan grandes sufrimientos de forma deliberada a sus familiares puesto que las madres, hijos y mujeres de esos y otros rehenes llevan una vida dominada por la angustia, el dolor y la incertidumbre. Y reclutan menores de edad. Estos son apenas unos pocos de los muchos crímenes que cometen a diario y que entrarían en la misma categoría.

El gobierno bajo la lupa

Para que la CPI intervenga, no basta con señalar esas infracciones al Tratado de Roma. Es necesario demostrar que el Estado colombiano no actúa por falta de voluntad o manifiesta negligencia, y si bien los índices de impunidad son escandalosos, puesto que en secuestro superan el 90%, será difícil comprobar que hay un interés expreso en dejar de investigarlos y condenarlos.

Lo mismo ocurre en el caso de los llamados “falsos positivos”, nombre con que se bautizó a los asesinatos de civiles a manos militares con el fin de presentarlos como guerrilleros dados de baja en combate. Distintas ONGs también llevarán mañana ante la Haya un expediente que intentará probar que el gobierno de Álvaro Uribe y las autoridades castrenses están empeñados en cubrirlos con un manto de impunidad.

Previsiones

En ambos casos y pese a que Colombia está “bajo observación oficial” del CPI, al igual que países como Georgia, Afganistán o Guinea, lo cierto es que es una posibilidad más que remota ver un día en el banquillo de los acusados que antes ocupó Milosevic, a asesinos como Alfonso Cano y Jorge Briceño de las FARC. Con todos sus defectos, el poder judicial colombiano intenta hacer su trabajo aunque sus resultados sean escuálidos.

Más bien, indican algunos expertos, es un llamado de atención a los grupos armados que siguen creyendo que el día que quieran, negocian con el gobierno de turno, dejan las armas y se van a su casa tranquilos, con un papel que señala que no pueden enjuiciarlos.

La impunidad, al menos en esta nación sudamericana donde muchas entidades luchan por que se haga justicia, ya es una opción imposible. Y un toque serio a jueces y fiscales para que cumplan su obligación y al gobierno, para que en lugar de trabas, le ayude.