La acechanza jurídica a la que el gobierno de Luiz Inácio "Lula" da Silva está siendo sometido en Brasil arroja un manto de dudas sobre la reputación moral de su administración. La avalancha de denuncias y las vinculaciones del poder político con sistemas encubiertos de recaudación y distribución de dinero ponen a prueba la entereza ética del propio presidente. Ahora acusado de mantener relación con el empresario Marcos Valerio -supuesto despachante de sobornos- la condición política de su gestión empieza a ser revisada.

Los medios nacionales comenzaron a establecer analogías entre el desempeño del PT y el pasado gobierno de Fernando Collor de Mello. El empresario Valerio encarnaría en esta analogía el nuevo PC Farías de la administración central. Frente a esto, lo último que se ha conocido del presidente Lula han sido sus declaraciones de que no transigirá ante la presión opositora y que los errores cometidos serán castigados oportunamente. El discurso parece ignorar dos situaciones: a) que los hechos de corrupción difícilmente dependan de una completa intencionalidad política de la oposición, y b) que hasta el momento no ha habido una reacción efectiva de la justicia frente a semejantes planteos. La dimensión del problema puede medirse incluso mediante la renuncia del presidente de la Casa de la Moneda, Manoel Severino dos Santos, acusado también de participar en la ronda de sobornos.

La inestabilidad provocada por la ola de denuncias contrasta con el desempeño aceptable de la economía nacional. Lula ha sabido mantener una disciplina en los asuntos económicos que le reportaron mayor credibilidad y lo situaron en una posición mucho más moderada que la previamente esperada. Su administrador general, Antonio Palocci, constituye uno de sus pilares de gobierno, y en él confía parte importante de su credibilidad como gobernante. Lo que Lula no puede ignorar es que la corrección en el tratamiento de las cuestiones económicas implica también un compromiso político de desempeño riguroso, orientado a producir las transformaciones que tan urgentemente el país necesita. La indecisión demostrada por el presidente podría erosionar los créditos obtenidos por su política de moderación.

El intento de situarse en una posición menos abrupta (ideológicamente hablando) ha provocado cuestionamientos al interior de su partido. El ala izquierdista radicalizada acusa al presidente de girar hacia la derecha y despreciar las reivindicaciones que, en otros tiempos, formaron el eje vertebrador del Partido de los Trabajadores. Este sector declara ahora su intención de formalizar un nuevo partido desde donde socavar las iniciativas oficiales. En síntesis, contribuir a que la hora baja de Lula lo sea todavía más.

La evidente paradoja de la realidad brasileña vuelve a demostrarse en la riqueza inagotable de sus recursos y posibilidades, y la pobreza generalizada presente en su población. Mientras el país se encamina hacia un debate interminable sobre hechos de corrupción, malversaciones de dineros públicos y otras deformaciones, la sociedad ve demorada las iniciativas más urgentes. Entre ellas producir un crecimiento económico robusto capaz de mitigar los efectos de la marginalidad y gestar un nuevo ciclo de esperanza y creación de oportunidades.