El Salvador dio ayer un giro radical a su tradicional política en materia de derechos humanos al asumir, por primera vez, la responsabilidad del Estado en el asesinato de monseñor Óscar Arnulfo Romero en 1980 y comprometerse a avanzar “sin condicionamientos” en el proceso de reparaciones y diálogo nacional.

El Estado salvadoreño “declara su compromiso de cumplir de buena fe y en la medida de sus posibilidades” las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) elaboradas en el año 2000 en relación con el asesinato del religioso por escuadrones de la muerte de la ultraderecha, anunció ante el organismo el director general de Derechos Humanos de la Cancillería salvadoreña, David Morales.

Esto supone el “inicio de una nueva etapa de diálogo en El Salvador por el Estado para avanzar en el cumplimiento de estas recomendaciones”, agregó.

En el año 2000 la CIDH, que había admitido el caso de monseñor Romero siete años antes, concluyó en un informe que en el caso del religioso el Estado salvadoreño era responsable de la violación del derecho a la vida, a las garantías judiciales y a la tutela judicial efectiva previstos en la Convención Americana, así como del derecho a conocer la verdad de lo sucedido. En ese sentido, recomendó al Estado del país centroamericano realizar una “investigación judicial completa, imparcial y efectiva” para “identificar, juzgar y sancionar a todos los autores materiales e intelectuales” del asesinato de Romero.

El gobierno salvadoreño, en manos durante dos décadas de la conservadora Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), se había negado constantemente a seguir las recomendaciones de la CIDH. Una Comisión de la Verdad auspiciada por Naciones Unidas había concluido que el fundador de ARENA, Roberto D’Aubuisson, fue el autor intelectual del crimen del religioso, ocurrido el 24 de marzo de 1980, cuando monseñor Romero oficiaba una homilía en la capilla del hospital La Divina Providencia.

La postura oficial salvadoreña cambió ayer con la presentación, en la sede de la CIDH en Washington, de los delegados del nuevo gobierno de izquierdas del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) del presidente Mauricio Funes.

Ante la alta incidencia delincuencial, el mandatario envió a unos 4 mil soldados que ayer se desplazaron a las zonas más violentas y con más homicidios, entre la esperanza ciudadana y el escepticismo de quienes dudan de la eficacia de la medida. Funes recurrió al Ejército en un intento por contener la delincuencia, que causa 14 muertes diarias en un país de 6.1 millones de habitantes.