El presidente de la comisión electoral, Faraj al Haidari, había solicitado el viernes el aplazamiento de la votación, prevista para el 16 de enero, al considerar que no dispone ya de tiempo para organizar los comicios: «Nos obligarían a dejar los preparativos incompletos y lejos de los estándares internacionales».

La interminable pugna en torno a la normativa electoral ha reavivado las críticas contra una clase política manchada por numerosos escándalos de corrupción, un notable absentismo en su labor parlamentaria y unas remuneraciones ingentes. El pasado viernes, la controversia se convirtió en motivo de sermón en varias mezquitas. El clérigo chií Sadredine al Qubanji, predicador del templo del imam Ali de Nayaf -el recinto más significativo de esta confesión-, no dudó en arremeter contra «los miembros del Parlamento, que reciben salarios muy importantes y votan de forma unánime sobre leyes que favorecen sus intereses personales, como la obtención de terrenos y pasaportes diplomáticos para sus familiares».

Considerado un personaje cercano al gran ayatolá y principal clérigo del país Ali al Sistani, Al Qubanji se refería a una reciente normativa aprobada por los diputados, que les permitirá disfrutar de un sueldo durante los 10 años posteriores a su salida del Parlamento, de un pasaporte diplomático extensible a sus allegados, de un terreno de 600 metros cuadrados de su elección y de la condonación de una deuda de unos 40.000 euros que les había prestado el Estado para adquirir los coches blindados en los que viajan.

Dicha ley provocó tal conmoción entre la población que el Consejo Presidencial se negó a ratificarla, pero los miembros de la Asamblea consiguieron su adopción al obtener una mayoría absoluta. «¿Por qué no existe tal unanimidad sobre la ley electoral?», se preguntó el predicador Qubanji.

Tras los atentados del pasado día 25, miles de iraquíes se manifestaron en las calles de Bagdad lanzando toda clase de vituperios contra los legisladores, a los que calificaron de «gordos corruptos», según manifestó a este diario Mohamed Jalili, uno de los participantes en esas movilizaciones: «Estos atentados son el resultado del caos que nos han traído los políticos, que en realidad son sólo unos ladrones profesionales».

Diputados como el sadarista Baha al Araji, jefe de la Comisión de Ley de la Cámara, se han sumado a la autocrítica al reconocer que reciben hasta 17.000 euros al mes para cubrir sus gastos administrativos y de seguridad, en una nación donde el salario medio no excede los 350 euros. «Estoy en contra de esos privilegios», indicó el legislador.

Otros personajes como el veterano político Adnan Pachachi -uno de los escasos activistas seculares e independientes en el espectro iraquí- no han dudado en arremeter contra los miembros de su propio estamento, incluido el Ejecutivo, «uno de los más corruptos del mundo», en sus palabras. «Es una vergüenza. Están robando y dilapidando los recursos del estado», añadió.

Las protestas se han extendido también a la blogosfera iraquí, donde internautas como Iyad Mohsen despotricaban contra estos políticos, escribiendo que «mañana prepararán su equipaje, huirán de las aguas putrefactas de Irak y se irán a disfrutar de la riqueza acumulada sobre la espalda de la población».

Las elecciones tienen que celebrarse antes del 28 de enero. De no ser así, la nación se vería abocada a un vacío constitucional de repercusiones imprevisibles, ya que tanto los diputados como el mismo Gobierno carecerían a partir de entonces de cualquier refrendo legal.

Numerosos analistas han alertado que tal crisis institucional podría hacer regresar el país al terrible caos que sufrió entre 2005 y 2008.

Sin embargo, la retórica que utilizan los legisladores en torno a las elecciones ha llegado a tal punto que uno de ellos, Mohamad Salman, defendió hace días que las votaciones tengan que aplazarse hasta dentro de cuatro años y que los diputados deben permanecer en su cargo, porque «es mejor no votar que tener una votación corrupta».

Por supuesto, uno de sus colegas, Amar Tuma, del partido chií Fadhila, se apresuró a recordarle que «el Parlamento no puede exceder el límite fijado para las elecciones, porque eso supondría violar la Constitución». Algo que carecería de mayor importancia para el parlamentario kurdo Mahmud Othman, que recordó que todo el proceso iraquí ha sido ilegal desde el mismo inicio de la guerra, en el año 2003.

«No creo que la fecha de los comicios sea importante. Nada en Irak es muy legítimo. Hemos violado un montón de cosas en este país en los últimos seis años», admitió.