La Disposición Final del Anteproyecto de Ley de Modificaciones al Sistema Judicial deja establecido que la jurisprudencia emanada del Tribunal Constitucional previa a la aprobación de la Constitución Política del Estado de fecha 7 de febrero del 2009, deja de tener carácter obligatorio o vinculante para las decisiones de las autoridades judiciales.

Esta regulación legislativa parte de una premisa falsa: que toda la jurisprudencia vigente del Tribunal Constitucional es incompatible con la nueva Constitución. Si tomamos en cuenta que el sistema de derechos y garantías de la Constitución abrogada y de la nueva Constitución, especialmente en lo relativo a los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, es en términos generales, axiológicamente el mismo, la conclusión de los actores políticos y judiciales debería ser la inversa: la jurisprudencia del Tribunal Constitucional se mantiene inalterable a no ser que una nueva jurisprudencia del nuevo Tribunal Constitucional Plurinacional, en un caso concreto y específico, la reemplace por considerarla incompatible con la nueva Constitución o axiológicamente menos valiosa.

Lo preocupante de una ley que deja sin efecto jurisprudencia del Tribunal Constitucional de manera general y absoluta, tomando como base falsa una inexistente incompatibilidad con el nuevo texto constitucional, es que invierte los roles en el control de constitucionalidad: en nuestro sistema constitucional (con la Constitución abrogada y con la nueva) es el Tribunal Constitucional el que controla la constitucionalidad de las leyes y no el Parlamento el que controla la constitucionalidad de las sentencias del Tribunal Constitucional.

Con esta inversión de roles, el Legislativo a través de leyes podría dejar sin efecto sentencias del Tribunal Constitucional que declaran la nulidad de otras leyes por su incompatibilidad con la Constitución. Con esto se derrumba todo el edificio del control de constitucionalidad y, como consecuencia, la primacía de la Constitución y del propio Poder Constituyente sobre el Poder Constituido. Este precedente legislativo no sólo es absurdo jurídicamente sino nefasto para la seguridad jurídica y el Estado de Derecho, que se basan en la vigencia plena y el respeto de la Constitución.

Una ley puede ser derogada o modificada por otra ley o anulada por una sentencia del Tribunal Constitucional; en cambio, una sentencia del Tribunal Constitucional y, con mayor razón su jurisprudencia, sólo pueden ser dejadas sin efecto por otra sentencia o jurisprudencia del Tribunal Constitucional; aun en el caso de la vigencia de una nueva Constitución que contenga una regulación incompatible con ellas, por el hecho de que esta incompatibilidad tiene que ser verificada y declarada, necesariamente, por el órgano que tiene a su cargo el control de constitucionalidad en el nuevo sistema, que no es el Parlamento sino el propio Tribunal Constitucional al que se le agrega la denominación de Plurinacional.

Esperemos que el proyecto de ley no se convierta en Ley vigente. Si esto ocurre, los jueces tendrán que optar por seguir aplicando la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, mientras no sea reemplazada por una nueva, asumiéndola como obligatoria y vinculante, para preservar la vigencia y consistencia del sistema de control constitucional o dejar de aplicarla contribuyendo al descalabro de este sistema de control y, con ello, a la eventual pérdida de supremacía y vigencia de la nueva Constitución.