La Corte Electoral (CNE) explicó el martes pasado que el 8% de 5,1 millones de inscritos fue objetado tras un cruce de información con otros sistemas de registro ciudadano, que estableció que no cuentan con certificados de nacimiento por lo que no podrán votar si no acreditan antes la fidelidad de sus datos.

"Las personas no tienen certificado de nacimiento", especificó la vocal del tribunal electoral, Roxana Ybarnegaray.

La existencia de 400.000 registros -"más que dudosos", según el presidente de la Corte Nacional Electoral (CNE), Antonio Costas- puso en alerta a la oposición respecto a un "fraude cantado", como definió el candidato de centroderecha, Samuel Doria Medina, tercero en la intención de voto.

Según la oposición el hecho de que haya tantas irregularidades en el padrón se explica en un programa de cédulas gratuitas que se hizo en meses pasados y que beneficiaba especialmente a ciudadanos en zonas donde el mandatario tiene gran popularidad.

Por eso ahora Doria Medina y el ex capitán Manfred Reyes Villa, segundo en los sondeos con 18%, se inclinan por la idea de que los electores objetados queden ya por fuera del padrón electoral.

"Estos registros deben ser depurados", dijo Reyes Villa, mientras que Doria Medina consideró que "hay que tomar medidas para evitar que haya fraude" y planteó que los objetados "no participen" en los comicios del 6 de diciembre.

Según datos de la CNE sólo en La Paz, principal bastión del presidente Evo Morales, hay 140.000 de registros irregulares, cuyos datos no se encuentran en el registro civil que entrega certificados de nacimiento a los ciudadanos.

La CNE dispuso que los 400.000 potenciales electores afectados aclaren su situación, y tienen hasta el 3 de diciembre para ello.

"Estas personas tienen derecho a sufragar y, por tanto, la Corte Electoral no puede colocar nada menos que a 400.000 ciudadanos en duda", protestó el ministro de Defensa, Walker San Miguel.

Si a los afectados "se les va a negar el derecho a votar, ese ciudadano no va a poder cobrar sueldo, trabajar, viajar a algún punto del país. Estaríamos hablando de 400.000 ilegales", añadió.

Esto en referencia a que el voto es obligatorio en Bolivia y la constancia de voto es un requisito para varios trámites.

El asunto generó también una controversia legal-constitucional.

Bolivia cambió para estos comicios un sistema manual de votantes de hace dos décadas por otro digitalizado, el que registra el rostro, las huellas dactilares y las rúbricas de las personas, a un costo cercano a los 50 millones de dólares.

A diez días de las elecciones generales, la Iglesia Católica -la institución de mayor prestigio en el país- llamó en un comunicado a que "no se produzca el fraude que ha ensombrecido consultas anteriores".

Bolivia celebrará el 6 de diciembre elecciones generales, donde el presidente Evo Morales es amplio favorito, y donde su reto es conseguir la mayoría absoluta en el Congreso.