Sin despojarse de su antigua imagen de portaaviones “yanqui” con derecho de voto en foros interamericanos y mundiales y con una mayoría de la población cada vez más postrada en la miseria y más sacudida por la violencia política, Honduras acudirá mañana a las elecciones más controversiales de una larga historia como aliado incondicional de Estados Unidos y con apenas 27 años de aparente vida en democracia.

Los comicios estarán marcados por una de las peores crisis sufridas por el país centroamericano tras el golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya, el 28 de junio, y el fracaso de las gestiones internacionales para intentar restituir al gobernante y restablecer el orden constitucional.

En este panorama, las elecciones dividieron aún más al país: aparte de la disputa entre los principales candidatos —Porfirio Lobo, del opositor Partido Nacional, y Elvin Santos, del gobernante Partido Liberal—, hay una pugna entre quienes consideran que los comicios son legales y respaldan al régimen de facto y los que aducen que son ilegítimos, como Zelaya, sus seguidores y parte de la comunidad internacional.

Retornar a la institucionalidad

“El futuro de Honduras está en las elecciones, en fortalecer el sistema democrático y el retorno de la institucionalidad”, dijo el ex presidente hondureño Rafael Leonardo Callejas, quien gobernó de 1990 a 1994 e integra el Partido Nacional. En declaraciones a este diario, Callejas alegó que la elección fue convocada “en forma y tiempo” hace seis meses, antes del golpe. “No tiene nada que ver con la situación interna del país. No conozco a ningún país que no haya retornado al sistema democrático por elecciones. Todos los países latinoamericanos han ido por esa ruta después de los golpes militares”, afirmó el ex mandatario.

Tras ser gobernada por dictaduras castrenses en gran parte del siglo XX, Honduras inició en 1980 la transición a la democracia. En los comicios realizados en 1981, bajo régimen militar, el liberal Roberto Suazo resultó electo y asumió en 1982.

En las dictaduras y en los siguientes gobiernos electos, Honduras fue una ficha leal a Estados Unidos en la época de la guerra fría, como base de operaciones de contención de guerrillas y gobiernos izquierdistas en América Latina y el Caribe, por lo que se ganó el calificativo de portaaviones con voto en foros internacionales.

Estructura desigual

El golpe de Estado agravó la violencia política y mostró la fragilidad institucional de un país con 65% de sus habitantes en la miseria, en una desigual estructura: 10% de la población obtiene cerca de 51% de la renta y, de ese 10%, menos del 3% recibe casi 37% de la renta, según cifras oficiales.

Zelaya acusa al régimen de facto, presidido por Roberto Micheletti, de una intensa represión, con 27 asesinatos, arrestos masivos y censura de prensa, para imponer un “estado de sitio”, militarizar al país y controlar las urnas.

“En vez de elecciones pareciera que nos preparamos para la guerra y no para un acto que debía de ser la culminación más alta del ejercicio democrático y de la paz de un país”, advirtió Reina Rivera, directora del Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos de Honduras (no estatal).

“Los comicios deben suspenderse porque se desarrollaron en una sistemática violación a los derechos humanos que afectó el ejercicio de los derechos civiles necesarios para ejercer los derechos políticos”, dijo Rivera. “Las elecciones no son ni libres ni democráticas”, agregó, al pedir a la comunidad internacional que las desconozca.