Conviene aclarar de antemano que no hay, en lo que sigue, un análisis sociológico del homicidio en México. No exploro de modo sistemático ninguna de las hipótesis que se manejan habitualmente en la criminología y la sociología del delito. Me limito a exponer las tendencias observables en los últimos 20 años, a partir del análisis territorial. Entre otras razones porque la distribución territorial sugiere poderosamente que no hay un único perfil del homicidio en México, es decir, no es factible una explicación general.

La estadística delictiva es problemática siempre, también es factible.

En México, como en cualquier otro lugar, hay dos fuentes obvias para documentar el homicidio: la policía y el Registro Civil.1: La base de datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que en ocasiones se emplea, tiene tres problemas básicos: cubre un periodo muy breve, porque sólo tiene información de 1997 en adelante; presenta los datos agregados por estado y prácticamente sin información sobre las víctimas; y registra presuntos homicidios denunciados ante el Ministerio Público, lo cual implica que no haya registro si no se presentó denuncia o que pueda haberlos duplicados en otros casos. La alternativa es la base de datos de defunciones del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, formada a partir de las actas de defunción del Registro Civil, convalidadas por la Secretaría de Salud;2: hay información desde 1990 y se registra género, edad, ocupación, escolaridad y lugar de residencia de las víctimas, y municipio en que ocurrió el homicidio. Es la fuente de información en todo lo que sigue. El único problema, y es relativamente menor, es que tarda en capturarse, de modo que la información de un año está disponible sólo en el último trimestre del año siguiente (y por esa razón el análisis llega hasta 2007).


Los estados

La tasa nacional es un indicador muy grueso, muy inexacto, que apenas sirve como primera aproximación. Si se miran los datos desagregados, por estados, aparece un panorama de muchos contrastes. Hay algunos estados que a lo largo de todo el periodo, de manera consistente, tienen tasas de homicidios muy inferiores a la nacional: Yucatán, Nuevo León, Aguascalientes, por ejemplo, con índices de entre dos y cinco homicidios por cada 100 mil habitantes; Tlaxcala, Querétaro e Hidalgo, entre tres y ocho. Hay otro grupo de estados cuyas tasas son siempre superiores e incluso muy superiores a la nacional, del doble o más: Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Sinaloa, que en los primeros años noventa registraban tasas de hasta 40 homicidios por cada 100 mil habitantes, y hacia 2007 de entre 15 y 20. Y hay, finalmente, algunos estados como Chihuahua y Tamaulipas, que a principios de los noventa tenían tasas inferiores a la nacional y en la segunda mitad del periodo tienen consistentemente tasas muy superiores a la nacional. No es una sorpresa ni resulta raro: eso sólo habla de la extraordinaria heterogeneidad del país, de las diferencias territoriales, demográficas, de estructura productiva, entre los estados. Ahora bien, durante el periodo no sólo disminuye la violencia sino que se desplaza, hay estados en que se reduce mucho la tasa y otros, en cambio, en los que aumenta. Vale la pena ver ese movimiento con algún detalle.

En la península de Yucatán, Tabasco y Veracruz hay en general tasas muy bajas, siempre inferiores a la nacional y descendentes, con la excepción de los municipios de Benito Juárez y Solidaridad en Quintana Roo, muy inestables, y durante algunos años las regiones de Nautla y del Papaloapan en Veracruz y Tenosique, Tabasco. Algo parecido sucede en el Bajío, Puebla, Tlaxcala y Aguascalientes. En Chiapas no hay una tendencia clara, hay años de tasas muy altas: 1994-1995, 1997-1999, y otros en que son mucho más bajas que la nacional; no es irrazonable asociar esos movimientos a la actividad del EZLN y la presencia del ejército.

En el centro norte del país y en occidente el cuadro es más problemático: la tasa de homicidios en Jalisco, Zacatecas, Coahuila y Nuevo León es siempre inferior a la nacional, y con tendencia más errática y algunos años de muy alta violencia, también lo es en Colima y San Luis Potosí. Nayarit y Durango, en cambio, siempre están por encima, con tasas que en algunos años llegan a ser de 20 y 30 homicidios por cada 100 mil habitantes; en ambos casos las tasas más altas con mucha distancia están en la Sierra Madre Occidental, en los municipios de Huajicori, La Yesca y Del Nayar en Nayarit, y en Santiago Papasquiaro, Tamazula y particularmente Pueblo Nuevo, en Durango.

Los cambios más importantes durante el periodo, los que explican el movimiento de la tasa nacional, se producen en tres regiones claramente identificables: la región del centro y el Valle de México, con Morelos, Estado de México y el Distrito Federal, la región del Pacífico sur: Michoacán, Guerrero y Oaxaca, y la región del noroeste: Baja California, Sonora, Chihuahua y Sinaloa. Las ciudades La correspondencia entre el índice de urbanización y la tasa de homicidios es una de las hipótesis más exploradas por la criminología. En general, tanto en Estados Unidos como en Europa, parece haber una correlación positiva entre el tamaño de las ciudades y el índice de homicidios: las ciudades son más violentas, y más cuanto mayores y más densamente pobladas.

Hay diferencias regionales, desde luego, ciudades particularmente violentas, ciudades relativamente pacíficas, pero en general el homicidio tiende a ser mucho más urbano.3 En México, sin embargo, no sucede eso: hay grandes ciudades con tasas muy altas y las hay con tasas muy bajas, sucede incluso que en el mismo estado haya una ciudad con tasas consistentemente más altas y otra con tasas consistentemente más bajas que el resto del estado: Torreón y Saltillo, Tijuana y Mexicali, Chihuahua y Ciudad Juárez. En el conjunto de ciudades con más de un millón de habitantes están Monterrey, León, Guadalajara y Puebla, cuyas tasas de homicidios son durante todo el periodo considerablemente inferiores a la nacional, y están también Tijuana y Ciudad Juárez que a partir de 1994 están sistemáticamente por encima de la media nacional. La ciudad de México es compleja y merece ser tratada aparte, aunque sea sumariamente.

El Distrito Federal tiene una tasa relativamente estable y cercana a la nacional, pero con diferencias muy notables entre las distintas delegaciones: siempre el índice más alto corresponde a Miguel Hidalgo, entre 20 y 30 homicidios por cada 100 mil habitantes, y le siguen Venustiano Carranza, Cuauhtémoc y Benito Juárez, más cerca del 20, mientras que delegaciones como Iztacalco, Cuajimalpa, Azcapotzalco y Coyoacán oscilan entre dos y ocho homicidios por 100 mil habitantes. En los municipios de la zona conurbada sucede algo parecido: en todos ellos se aprecia una disminución, en ocasiones muy considerable, de la violencia, pero hay alguno como Nezahualcóyotl cuya tasa es siempre inferior a la nacional, lo mismo que Tlalnepantla durante la mayor parte del periodo, y los hay con tasas siempre más altas, como Ecatepec, Atizapán, Chalco, Chimalhuacán y Cuautitlán Izcalli, y sobre todo Naucalpan, que entre 1990 y 1996 presenta tasas entre 50 y 70 homicidios por cada 100 mil habitantes. Tomada en conjunto, el área metropolitana de la ciudad de México tiene una tasa de homicidios sólo ligeramente superior a la nacional y sigue casi exactamente la misma tendencia.

En términos generales, las tasas tienden a ser más altas en el norte del Distrito Federal, en las delegaciones colindantes con el Estado de México, y más bajas en el centro y sobre todo en el sur, en las delegaciones que lindan con Morelos. El panorama de la zona conurbada es más complejo: municipios como Naucalpan y Cuautitlán tienen de manera consistente tasas que son dos y tres veces más altas que las del municipio vecino de Tlalnepantla. Y no hay una variable demográfica obvia que sirva para explicar, en este plano, las diferencias.

Si ampliamos el rango y consideramos las ciudades que tienen entre 500 mil y un millón de habitantes, de nuevo el panorama es de contrastes y no permite una conclusión clara. Algunas de ellas tienen durante todo el periodo tasas inferiores a la nacional: Aguascalientes, Saltillo, Torreón, Querétaro, Mérida, e incluso muy inferiores, como Guadalupe y San Nicolás de los Garza, en Nuevo León, con menos de dos homicidios por cada 100 mil habitantes. Otras hay, en cambio, que al menos durante algunos años tienen índices muy superiores al nacional, como Morelia, San Luis Potosí, Chihuahua y Mexicali. En ese conjunto, por lo demás, están algunas de las ciudades más violentas del país: Toluca, Acapulco y Culiacán.

Sucede prácticamente lo mismo si ampliamos aún más el rango. Entre los municipios que tienen más de 250 mil habitantes y menos de 500 mil están Celaya, Irapuato, Guasave, Centro (Tabasco), Tampico, Ciudad Victoria, Coatzacoalcos, Jalapa y Veracruz que tienden a estar siempre por debajo de la tasa nacional; pero están también Ensenada, Durango, Cuernavaca, Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, Mazatlán, Matamoros, Nuevo Laredo y Reynosa, que durante casi todo el periodo tienen tasas superiores a la nacional.

En resumen: no son más violentas en general las ciudades y no aumentan los índices de homicidios conforme aumenta la población. No puede establecerse una regla en eso para México. Parecen ser mucho más importantes otros factores como la ubicación geográfica, y no el tamaño.

Tomando en cuenta eso, las enormes diferencias entre ciudades y regiones del país, vale la pena mirar la tasa para conjuntos de ciudades y municipios agrupados según su tamaño, y contrastarla con la tasa nacional. Sabemos, por supuesto, que esa medida, tasa de homicidios para el conjunto de ciudades de más de un millón de habitantes, por ejemplo, es una aproximación sumamente inexacta porque pone en el mismo paquete, para promediarlas, las tasas de Monterrey y León, y las de Tijuana y Ciudad Juárez. No obstante, es útil como indicador para ver qué tan “urbano” es el fenómeno del homicidio en México.

Los resultados más reveladores aparecen en los dos extremos, en el conjunto de localidades con menos de 10 mil habitantes y en el conjunto de las que tienen más de un millón. Vistas así agrupadas, y poniendo entre paréntesis las diferencias regionales por ahora, resulta que las localidades menores tienden a tener tasas de violencia más altas; desde luego, representan un porcentaje relativamente pequeño del total de víctimas de homicidio, por obvias razones, pero su peso en el conjunto de homicidios es siempre mayor que su peso demográfico.

Disminuye a lo largo del periodo, en concreto a partir de 1993, el porcentaje que representan del total de víctimas al mismo tiempo que va disminuyendo su población. Si miramos las tasas, es decir, número de víctimas por cada 100 mil habitantes para el conjunto de localidades, y ponemos en comparación la de esos municipios con las ciudades de más de un millón de habitantes, el resultado es elocuente. Resulta que siempre la tasa de victimización es más alta en las localidades más pequeñas que en el conjunto del país, pero lo es mucho más en los primeros años del periodo, y la distancia se va reduciendo.

En las grandes ciudades el cambio es en sentido inverso: como conjunto tienen una tasa inferior a la nacional hasta 1995, y claramente superior a la nacional a partir de 2001. ¿Qué significa eso?. En términos generales, que el homicidio se ha hecho más “urbano” a lo largo del periodo. En el inicio de los noventa las localidades rurales eran considerablemente más violentas que las ciudades. Los términos prácticamente se invierten después del año 2000, aunque sabemos que el promedio es engañoso, porque los altos índices de los últimos años en ciudades de más de un millón de habitantes deben mucho al aumento en el número de víctimas en Tijuana y Ciudad Juárez.

El resultado de la operación es consistente con lo que sugiere el desplazamiento geográfico que señalábamos más arriba. El descenso de la tasa nacional de homicidios obedece sobre todo al descenso de la violencia en las regiones de mayor densidad de población campesina en el centro y sur del país.

Ahora bien, si no es posible establecer un patrón general urbano o rural, una correlación entre volumen de población y tasa de homicidios, ni siquiera para ciudades de tamaño similar en un mismo estado, sí hay algunas pautas territoriales identificables. Me concentro, en lo que sigue, en dos que manifiestan problemas distintos: la tendencia en las ciudades de la frontera norte y la tendencia en la cuenca occidental del río Balsas y la Sierra Madre Occidental.


La frontera norte

Si tomamos como criterio la ubicación, aparece un grupo de ciudades que tienen rasgos muy similares durante el periodo: las ciudades con paso de frontera, en el norte, con más de 50 mil habitantes. Es decir, Tijuana, Tecate, Mexicali, San Luis Río Colorado, Nogales, Agua Prieta, Juárez, Piedras Negras, Acuña, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros. La evolución de la tasa de homicidios para ese conjunto de ciudades es claramente distinta de la evolución de la tasa nacional.

Se trata de la tasa promedio para el conjunto de ciudades, de modo que sabemos que es una aproximación que hace falta matizar. No obstante, la gráfica es elocuente.

Es claro que ese conjunto no sólo no sigue la tendencia nacional, sino que su evolución es casi en sentido contrario. En general, su tasa aumenta en lugar de disminuir, es inferior a la nacional a principios de los noventa, y siempre superior a la nacional a partir de 1994. La forma de la curva, además, hace suponer que el descenso de 2007 es anómalo (podría ser consecuencia de la presencia masiva del ejército en las ciudades de Tamaulipas, a partir de febrero de 2007).

Veámoslo con un poco de más detenimiento. En primer lugar, las ciudades con más de un millón de habitantes: Tijuana y Ciudad Juárez. Ambas tienden a estar por debajo de la tasa nacional en los primeros años, las dos están sistemáticamente por encima de la tasa nacional a partir de 1994. Tijuana pasa de cinco a 20 y 25 homicidios por cada 100 mil habitantes; Juárez pasa de 15 a 25 homicidios por 100 mil habitantes. Algo más llama la atención: la tendencia es creciente en los dos casos, pero la tasa es inestable, con incrementos muy abruptos en algunos años: 1995-1996 en Tijuana, 1998-1999 en Ciudad Juárez, seguidos de una disminución igualmente acusada. Es un patrón que aparece también en otras ciudades de la frontera.

Es menos contrastante la imagen que presentan Mexicali y Reynosa, que siguen en tamaño: más de 500 mil y menos de un millón de habitantes. Tasas muy inferiores a las de Tijuana y Juárez, siempre muy cercanas a la tasa nacional. No obstante, es evidente que están por debajo del índice nacional la primera parte del periodo, y por encima la segunda; y en ambos casos hay, aunque menos acusados, esos movimientos abruptos: 1992 y 1998 en Reynosa, 1999 en Mexicali. En el resto de las ciudades de la frontera norte se muestra un patrón muy similar. Con algunas, pocas ciudades con índices similares al nacional, la mayoría por encima, y una inestabilidad muy característica.

Matamoros y Nuevo Laredo tienen más de 250 mil y menos de 500 mil habitantes. El perfil de Matamoros es parecido a los de Mexicali y Reynosa, con una tasa relativamente estable (excepción hecha de los años 1991 y 1997) y cercana a la nacional. El de Nuevo Laredo, en cambio, recuerda a los de Tijuana y Juárez, con índices de homicidios muy superiores a los del resto del país y una tasa muy inestable, con fuertes, repentinos incrementos entre 1992 y 1994, en 1999 y sobre todo entre 2005 y 2006 en que pasa de 18 a 47 homicidios por cada 100 mil habitantes, para bajar de un modo igual de abrupto hasta 10 homicidios por 100 mil habitantes en 2007.

Resulta tentador, a la vista de los años en que se producen esos movimientos bruscos en los índices de homicidios, asociarlos a algunos de los episodios más conocidos de la lucha del Estado mexicano contra el narcotráfico, o las luchas de los narcotraficantes entre sí: la muerte de Amado Carrillo Fuentes y la ofensiva binacional contra los hermanos Arellano Félix en 1997, la detención de Osiel Cárdenas Guillén en 2003. No sería extraño: los desequilibrios en los mercados ilegales tienden a provocar espirales de violencia que desaparecen con la misma rapidez una vez establecido un nuevo equilibrio.4 No obstante, la estadística —en el nivel en que la manejamos aquí— no permite aventurar una explicación.

En el resto de las ciudades sucede algo muy similar. Nogales, San Luis Río Colorado y Piedras Negras tienen más de 150 mil habitantes; Tecate, Agua Prieta y Acuña tienen entre 50 mil y 150 mil. Parece ser relativamente menos violenta la frontera de Coahuila, con tasas cercanas a la nacional, aunque es muy evidente la inestabilidad de la tasa de Ciudad Acuña.

No hace falta extenderse mucho en el comentario. Es obvio que la tendencia del conjunto no sigue a la tendencia nacional. Las tasas en casi todos los casos son bastante más altas y no parece haber una correlación entre población e índice de homicidios: las ciudades más pequeñas, como Agua Prieta o Nogales, tienen tasas tan altas como las de Nuevo Laredo, Tijuana y Ciudad Juárez. Y de nuevo se observa una acusada inestabilidad.

En resumen: a lo largo del periodo la tendencia en las ciudades de la frontera norte es distinta y en algunos casos contraria a la nacional. Aparte de la ubicación geográfica tienen en común un acelerado crecimiento demográfico; la población del país creció un 30% entre 1990 y 2007, pero las ciudades de la frontera norte crecieron entre 70% y 100%. Es razonable pensar que eso influya también sobre la tasa de homicidios y sobre la delincuencia en general, porque implica la llegada de grandes volúmenes de población migrante, fragilidad de los vínculos sociales, falta de recursos de infraestructura urbana, falta de servicios… Acaso sería fructífero explorar, para este caso concreto, la vigencia de alguna variación de las tesis sobre delincuencia, migración y control social de William Thomas y Robert E. Park,5 o del concepto de anomia en la definición de Durkheim.6

Lo fundamental, dicho todo lo anterior, es que son ciudades de frontera porque presentan rasgos comunes como conjunto que no se aprecian en las demás ciudades del país. Por alguna razón, o por muchas, la frontera entre México y Estados Unidos se convirtió en un espacio particularmente violento a mediados de la década de los noventa, con tasas de homicidios que no tienden a bajar, como la del resto del país. La tendencia dice que es un fenómeno estructural y nada indica que vaya a cambiar en el futuro próximo.


Dos regiones problemáticas

Me detengo ahora en las dos regiones problemáticas que había apuntado páginas más arriba: la cuenca occidental del río Balsas, en particular en el oeste del estado de Michoacán, y la Sierra Madre Occidental en la zona en que colindan Sinaloa, Durango y Chihuahua.

Tienen varias cosas en común ambas regiones. Son las dos zonas de difícil acceso y muy mal comunicadas: no hay ninguna carretera de primer orden que las atraviese. Las dos son zonas de marginalidad muy alta, según los indicadores que emplea el Conapo; de hecho, son las únicas zonas del país en que coinciden altos índices de marginalidad y altas tasas de homicidios a lo largo de todo el periodo.

Veamos en primer lugar Michoacán, poniendo en contraste el índice de homicidios para las regiones de Infiernillo, Tepalcatepec, Tierra Caliente y la Costa, y el índice del estado de Michoacán descontando esa zona. La zona de la Tierra Caliente y la cuenca occidental del Balsas reúne aproximadamente al 24% de la población y concentra alrededor del 50% de los homicidios de Michoacán. La tasa de homicidios de la zona triplica a la del estado. Es muy evidente que la violencia disminuye en esos municipios entre 1994 y 2000, pero a partir de entonces se estanca e incluso repunta ligeramente, como en el resto de Michoacán. Por el número de víctimas, se trata sobre todo de los municipios de Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Aguililla, Tepalcatepec, Arteaga, Aquila, Huetamo, Turicato, Tacámbaro, La Huacana y Múgica.

Es una región poco poblada y muy mal comunicada, un espacio “culturalmente vacío”, dice Bernardo García: “La precariedad de su poblamiento se remonta a la época prehispánica… y desde entonces no ha habido ningún movimiento significativo para ocuparlo”.7 Sin duda, esa incomunicación es factor para explicar los índices de homicidios. En la región hay sólo dos ciudades con más de 100 mil habitantes, en los extremos: Apatzingán, comunicado con el centro del estado, y Lázaro Cárdenas en la costa.

Se da un fenómeno muy similar en la parte alta de la Sierra Madre Occidental. Para hacerlo observable realizo la misma operación en los tres estados, para poner en contraste la tasa estatal sin la sierra con la tasa de las regiones serranas. En Sinaloa es la región noreste: municipios de Mocorito, Sinaloa, Choix y Badiraguato; en Durango, la región de la sierra al oeste del estado, en la frontera con Sinaloa, municipios de Tepehuanes, Santiago Papasquiaro, Tamazula, Pueblo Nuevo, Mezquital; y en Chihuahua es la región suroeste, en colindancia con Sinaloa, formada entre otros por los municipios de Batopilas, Chínipas, Guadalupe y Calvo, Guachochi, Guazapares, Morelos y Urique.

Son todos municipios de población escasa y muy dispersa. El mayor de los del estado de Sinaloa, que lleva el mismo nombre, tiene aproximadamente 80 mil habitantes distribuidos en 440 localidades: Sinaloa de Leyva, la cabecera municipal, tiene poco más de cinco mil habitantes. En Durango, los municipios más poblados de la región son Pueblo Nuevo, al sur: alrededor de 40 mil habitantes en 195 localidades, y Santiago Papasquiaro, también con unos 40 mil habitantes distribuidos en más de 50 localidades. En Chihuahua sólo tienen más de 30 mil habitantes los municipios de Guadalupe y Calvo, con más de 660 localidades, y Guachochi, con más de 200 localidades (y 60% de población tarahumara).

Se puede apreciar con claridad el mismo fenómeno que en el occidente de Michoacán: una región relativamente pequeña y bien delimitada tiene en todos los casos tasas de homicidios considerablemente mayores que el resto del estado, durante todo el periodo. En Sinaloa, los municipios de la región noreste que hemos separado tienen el 9% de la población y concentran alrededor del 20% de los homicidios del estado; la región de la sierra en Durango, con un 14% de la población concentra entre el 30% y el 40% de los homicidios; de modo similar, en Chihuahua, los municipios de la zona limítrofe con Sinaloa reúnen aproximadamente al 6% de la población y entre el 20% y el 30% de los homicidios.

Como en el caso de Michoacán, se trata de una región muy mal comunicada. Algunas zonas, como la cuenca del río Chínipas, “dependen casi exclusivamente del tren, o de avionetas, para su contacto con el exterior”.8 Eso tiene consecuencias, obviamente, sobre la estructura política, sobre el orden social. Algunas de ellas son conocidas: “El aislamiento de la zona —sigue Bernardo García— la ha hecho muy propicia para el cultivo de plantas ilegales y las peligrosas actividades asociadas a ello, y es fama que en este sentido subsiste como uno de los espacios más críticos del país”.9


Recapitulación

Es posible ver muchas otras cosas en la estadística de homicidios. Para una sociología sería indispensable anotar, por ejemplo, que los índices de feminicidios son muy variables en el país, lo mismo que la estructura de edades de las víctimas: en las ciudades tiende a haber un perfil más joven, con elevadas tasas de victimización para el grupo de edad entre 15 y 19 años, mientras que en el campo el perfil es más adulto, con tasas muy altas para mayores de 40 años. No obstante, esta primera aproximación a la distribución territorial permite conclusiones importantes.

En el periodo, la tasa nacional de homicidios disminuyó sistemáticamente y no es sencillo encontrar una explicación convincente. Si pensamos en factores generales, que afectan por igual al conjunto del país, habría que considerar entre otros el cambio demográfico: al disminuir el crecimiento de la población a partir de los años ochenta disminuye también el peso relativo de la población joven que suele aportar en todo el mundo la mayor proporción de las víctimas de homicidio. También habría que pensar en la progresiva estabilización de la población urbana: sigue habiendo fuertes movimientos migratorios dentro del país, en particular hacia las ciudades del norte y algunos municipios de las zonas conurbadas de Guadalajara y el Distrito Federal; sin embargo, sólo un tercio de los municipios con más de 250 mil habitantes experimentó un crecimiento poblacional superior al 50%.

No hay una correlación estricta entre crecimiento de la población urbana e índice de homicidios. De nuevo, parece pesar mucho más el factor geográfico. No obstante, sí es apreciable en varios casos el impacto de un crecimiento explosivo de la población: Benito Juárez y Solidaridad en Quintana Roo, Cuauti-tlán Izcalli, Chimalhuacán, Tuxtla Gutiérrez o el conjunto de las ciudades de la frontera norte.

Los estudios clásicos sobre migración de la escuela de sociología de Chicago, de Thomas y Park, sugerían una correlación entre migración y delincuencia por el debilitamiento de los recursos de control social: desaparición de vínculos comunitarios, pérdida de referentes, etcétera. En particular, tenían en mente la migración internacional. Es una conjetura verosímil y que puede sostenerse en algunos casos. Los trabajos recientes, sin embargo, no permiten una conclusión indudable.10

El análisis territorial sugiere que hay al menos cuatro contextos distintos, que requieren explicaciones distintas. En primer lugar, el homicidio rural en las zonas más densamente pobladas del centro y sur del país, muy probablemente asociado a disputas agrarias y conflictos familiares, también con índices relativamente altos de violencia doméstica: ése ha venido disminuyendo en los últimos 20 años de manera muy acusada. Parece razonable asociar ese descenso al fin del reparto agrario en 1992 y a una intensificación de los flujos migratorios hacia las ciudades y especialmente hacia Estados Unidos.

Siguen habiendo diferencias considerables entre regiones: siempre es mucho más alto el índice de homicidios en los municipios rurales de Guerrero que en los de Yucatán, por ejemplo. Con todo, parece razonable esperar que en el futuro próximo se mantenga la misma tendencia a la baja en la mayor parte del territorio si continúa la emigración y no hay alteraciones importantes en la estructura productiva del campo.

En segundo lugar, hay el homicidio urbano: de perfil más joven, de tasas más altas e inestables en ciudades con fuerte crecimiento de la población o ubicadas en puertos y zonas de tránsito intenso, como Acapulco, Mazatlán, Tapachula, Benito Juárez. Mucho más bajas y estables, en cambio, en ciudades viejas y de crecimiento moderado como Mérida, Jalapa, Veracruz, León, Puebla. Podemos esperar que en el futuro próximo disminuya y se estabilice la tasa de homicidios conforme se estabilicen también los flujos migratorios, que parecen ser una de las causas o al menos un factor que contribuye a incrementar los índices de violencia; no obstante, lo probable es que influyan cada vez más sobre el conjunto, y en particular sobre las ciudades mayores, los mismos factores que afectan al índice de homicidios en las ciudades de países industrializados: desempleo, desigualdad, delincuencia juvenil, mercado local de drogas, etcétera.

No hay una correlación consistente entre pobreza y violencia. No obstante, los estudios recientes sobre patrones urbanos de homicidio y crimen violento sí sugieren la influencia de la desigualdad en combinación con el crecimiento explosivo del consumo y la disminución de oportunidades laborales, cuyo conjunto explica en parte la concentración de los delitos violentos en los barrios marginales y guetos de las ciudades, tanto en Europa como en Estados Unidos.11

En tercer lugar hay que contar con el homicidio en las ciudades de la frontera norte: tasas muy altas, crecientes y muy inestables, seguramente asociadas tanto al crecimiento demográfico como al conjunto de tráficos, mercados informales e ilegales de la zona fronteriza. No cabe ser optimistas con respecto a su evolución futura puesto que no es probable que cambien mucho los factores estructurales e institucionales que parecen estar en el origen de la violencia actual: puede desacelerarse el crecimiento demográfico, pero seguirá habiendo una población flotante considerable, en tránsito hacia Estados Unidos; puede haber una mejor coordinación entre las policías mexicana y estadunidense, pero no es probable que se modifiquen las políticas fronterizas que han favorecido la organización actual de los mercados de frontera.

Finalmente, están las dos zonas problemáticas de Michoacán y la Sierra Madre Occidental. Tienen en común la pobreza, la incomunicación y las altísimas tasas de homicidios. Sin duda, la precaria presencia del Estado y el aislamiento hacen mucho más probable el recurso a la violencia, aparte de que sean zonas particularmente aptas, por eso, para el cultivo y procesamiento de drogas. En ambos casos la orografía ha hecho siempre muy difícil la integración al resto del territorio. No es probable que eso cambie en el futuro inmediato, es decir, seguirán siendo regiones complicadas.

**Fernando Escalante Gonzalbo. Investigador y catedrático de El Colegio de México. Entre sus publicaciones: A la sombra de los libros: lectura, mercado y vida pública y La mirada de Dios. Estudio sobre la cultura del sufrimiento.

Notas:

1 En Estados Unidos, por ejemplo, la elección entre los registros del Departamento de Justicia, del Uniform Crime Report, o las estadísticas vitales del Departamento de Salud. En México las fuentes son de PGR y de INEGI.

2 Es el registro de los homicidios dolosos, es decir, deliberados, según la definición de la OMS. No incluye los posibles homicidios culposos, donde hay alguna responsabilidad por negligencia.

3 Es conocida la discusión, en Estados Unidos, sobre una “cultura de la violencia” en el sur, cuyas tasas de homicidios parecerían ser sistemáticamente más altas que las de ambas costas, por ejemplo. No hay una explicación definitiva. Para un panorama de los análisis territoriales del homicidio, en particular en Estados Unidos, ver Derek Paulsen y Matthew Robinson, Crime Mapping and Spatial Aspects of Crime, Prentice Hall, Nueva Jersey, 2009.

4 Ver Alfred Blumstein, “Youth Violence, Guns and the Illicit-Drug Industry”, Journal of Criminal Law and Criminology, n. 88, 1995. También, para una discusión de las tesis de Blumstein, ver Benjamin Pearson-Nelson, Understanding Homicide Trends. The Social Context of a Homicide Epidemic, LFB Scholarly Publishing LLC, Nueva York, 2008.

5 Para una primera aproximación, William I. Thomas, On Social Organization and Social Personality, The University of Chicago Press, Chicago, 1966, y Robert E. Park, On Social Control and Collective Behavior, The University of Chicago Press, Chicago, 1967,

6 En tiempos recientes se ha revivido el concepto de anomia en sus dos variantes, la de Durkheim y la de Merton, y se intenta darle una definición operativa, que permita análisis estadísticos. Ver Nikos Passas y Robert Agnew (eds.), The Future of Anomie Theory, Northeastern University Press, 1997.

7 Bernardo García Martínez, Las regiones de México. Breviario geográfico e histórico, El Colegio de México, México, 2008, pp.146 y ss.

8 “Es el único caso que subsiste en México de lugares donde los pocos automóviles que hay han sido llevados en tren” (Bernardo García, ibíd., pp. 228-229).

9 Ibíd., p. 229.

10 Sin ir más lejos, los índices de homicidios entre la población “latina” en Estados Unidos no son mucho mayores que los de la población en general, y sí apreciablemente menores a los de la población afroamericana. Ver Ramiro Martínez, Latino Homicide. Immigration, Violence and Community, Routledge, Nueva York, 2002.

11 Ver, por ejemplo, Dwayne Smith y Margaret A. Zahn (eds.), Homicide. A Sourcebook of Social Research, Sage Publications, Thousand Oaks, CA, 1999.