Cada miércoles se celebra la ´marcha de protesta de los sans-papiers´, en la que se reparten panfletos y se exhiben pancartas llamativas para recabar amplios apoyos con el objetivo de obtener un estatuto legal. Las democracias ricas llevan la bandera de la igualdad y de los derechos humanos hasta los rincones más remotos de la tierra, sin darse cuenta de que las fortificaciones fronterizas con las que los Estados pretenden frenar los flujos migratorios pierden, de este modo, la base de su legitimidad.

Lo que sería impensable en la Italia de los delirios verbales contra los clandestini, pero también en Alemania y en Hungría, y en muchos otros países del mundo, es algo muy corriente en Francia. Allí se producen muy de vez en cuando, aunque con cierto éxito, huelgas de trabajadores indocumentados con la intención de persuadir a sus empleadores de que les proporcionen permisos de trabajo y residencia. Y los inmigrantes llevan años ocupando iglesias, oficinas gubernamentales y universidades francesas negándose a desalojarlas, con sentadas pacíficas, si no son ´legalizados´ previamente. El campamento de ilegales de la calle Baudelique no ofrece, sin embargo, paralelismo alguno ni en cuanto a su dimensión ni, tampoco, a su visibilidad. Pero el Gobierno de Sarkozy no ha hecho nada para desalojarlo. ¿Cómo puede comprenderse esto?

Los sin papeles ponen al Gobierno francés en una disyuntiva. Por un lado, muchos franceses han levantado la voz para que se apliquen restricciones más estrictas (como en la mayoría de otros países europeos y no europeos) para reducir, por lo menos, los flujos de la inmigración ilegal. Pero, por el otro, la carga policial del Gobierno contra los sin papeles se toparía con una resistencia pública históricamente justificada. Los franceses aún están orgullosos de ver a su nación como la cuna de los derechos humanos; Francia sigue siendo, más que otros países, un bastión del activismo social y de la resistencia contra las arbitrariedades del Estado.

¿Qué se esconde en realidad detrás de la etiqueta de inmigrantes ilegales? Personas que, en todas las regiones ricas y también cada vez más desarrolladas del mundo, hacen trabajos que en general nadie quiere asumir en estos países: limpieza de todo tipo, asistencia a ancianos y cuidado de niños en los hogares de la pujante clase media mundial. Los sin papeles del mundo tienen que trabajar a escondidas, motivo por el cual ganan una cantidad pequeña de dinero que oscila entre los seis y los ocho euros por hora, según los inquilinos de la calle Baudelique; otros trabajan bajo el nombre de amigos que están en una situación legal; y la mayoría dice que hasta paga impuestos, con lo que se le deducirá automáticamente la seguridad social (salud, pensiones), aunque nunca podrá beneficiarse de ella.

La ilegalidad provoca que estos ciudadanos nómadas sean objeto de chantaje y de explotación. No tienen ningún tipo de derecho, pero sus actividades y prestaciones son funcionalmente indispensables, por supuesto, para la propia supervivencia, pero también, ante todo, para la supervivencia de las sociedades del bienestar occidentales y de los países emergentes. Podemos y tenemos que indignarnos moralmente ante la situación desesperada de unas personas que lo único que quieren es hacer bien su trabajo para alimentar a sus familias y que, la mayoría de las veces, están obligados a vivir de manera hiperconformista en los países de Europa. Pero esto no es lo más grave. Lo más grave de todo es que la arrogante humanidad de Occidente lleva en sí la ausencia de humanidad en el trato a los ilegales. Los ilegales son simplemente ´necesarios para el sistema´, como la gran banca o los tribunales que los condenan. Nos engañamos con la categoría de ilegales: no podemos olvidar que la criminalización de estas personas oculta el hecho de que no podemos renunciar a sus prestaciones funcionales (...).

**Ulrich Beck es sociólogo y profesor de la Universidad de Múnich.