La Dirección de Inteligencia del Estado que se planea crear tendrá como misión prevenir y planificar respuestas a necesidades y problemas en el largo plazo, por lo que las labores de inteligencia de la Policía y de las propias Fuerzas Armadas no serán afectadas, informó ayer el ministro de Defensa, Walker San Miguel.

Ésta es la “inteligencia estratégica”. Se abocará a establecer, por ejemplo, “qué lugares de Bolivia poblar y ocupar más, ¿por qué es importante una ciudad cerca del Mutún?, ¿qué va a pasar con el litio, con el petróleo de aquí a 20 ó 30 años, y cuál nuestra fuente alternativa de energía?”.

A partir, por ejemplo, de las recomendaciones en estos temas el Gobierno tomará decisiones. El Presidente del Estado, en este caso Evo Morales, estará a la cabeza de esta instancia que la formarán representantes del Gobierno, de las Fuerzas Armadas y de la Policía boliviana.

El Artículo 31 del anteproyecto de ley de Seguridad y Defensa establece la creación de la Dirección de Inteligencia del Estado Plurinacional. “Es el órgano rector e integrador de los sistemas especializados en la producción de inteligencia estratégica requerida para la Seguridad, Defensa y desarrollo integral”, prevé parte del artículo del proyecto.

La Dirección de Inteligencia estará integrada por los sistemas de Inteligencia del Sector Ministerio de Defensa, de las FFAA; del Ministerio de Gobierno y Policía boliviana y del organismo de Información.

San Miguel explicó que la propuesta surge a partir del hecho de que en Bolivia existe una inteligencia departamentalizada. “La Policía exclusivamente dedicada a la parte criminal y el Ejército en una lógica belicista, la Fuerza Aérea me imagino en el tema del espacio aéreo y la Armada en el área hídrica”, precisó.

No se descartó que del sistema de inteligencia participen representaciones de las autonomías departamentales y municipales.

A tal punto llega la importancia de un sistema de inteligencia de estas características que se puede compartir información con países vecinos sobre diferentes temáticas y preocupaciones comunes, precisó.

Eliminarán la reserva activa

La categoría de la reserva activa en las Fuerzas Armadas será eliminada porque el Estado no puede pagar a los militares que no presten ningún servicio durante esta etapa, que se prolonga entre tres a cuatro años, informó ayer el ministro de Defensa, Walker San Miguel.

Los militares deben cumplir 35 años de servicio para jubilarse, pero por factores inherentes a la carrera militar son pasados a la reserva activa tres o cuatro años antes. Esto no implica que no perciban sus sueldos.

“Ahí el Estado está perdiendo porque está pagando sueldos a personal que no está trabajando. Nosotros planteamos que cumplan efectivamente 35 años de servicio”, insistió San Miguel.

La idea es que este tiempo sea distribuido durante la carrera activa en el grado, por ejemplo de coronel. Un militar en el grado de coronel se mantendrían seis años, explicó.

Aseguró que el planteamiento fue concertado con los militares y que, como el resto de propuestas inscritas en los 15 anteproyecto de ley, está sujeto a discusión en la Asamblea Legislativa.

Justicia ordinaria para la apelación

Las sentencias militares podrán ser revisadas por la Corte Suprema, y el personal civil que sea encontrado traficando armas será procesado por tribunales castrenses, establecen las propuestas de Código Penal y de Procedimiento Militar, presentados por el ministro de Defensa, Walker San Miguel.

Hasta el momento, la última instancia de apelación era el Tribunal Supremo de Justicia Militar, sin embargo ahora la propuesta es que los militares puedan apelar su sentencia a la Corte Suprema de Justicia o Tribunal Supremo de Justicia.

También informó que se plantea que los jueces militares tengan la profesión de abogados para actuar en función a derecho. Adicionalmente, explicó que los procesos militares se caracterizarán por la oralidad.

Los traficantes civiles de armas militares serán juzgados en los estrados castrenses. “Nosotros pedimos que sean juzgados en la justicia militar”, insistió y explicó que para ello se propone crear juzgados en diferentes regiones del país.