A esto se suma la inseguridad reinante; donde los cuerpos de seguridad no se dedican a proteger a los ciudadanos, ni el gobernador del estado tiene tiempo para atender dicha problemática e implementar un plan de control de los numerosos crímenes cometidos a diario.

También debemos recordar que el atractivo turístico más importante de la ciudad, el famoso Teleférico, el más alto y largo del mundo, fue cerrado sin razón aparente por la ministra del turismo hace dos años aproximadamente. El aeropuerto de la ciudad también fue cerrado por órdenes del gobierno nacional y sin mediar explicaciones a la colectividad.

Estos hechos evidencian que el régimen chavista, aquel que pregona tantas campañas basadas en el amor, que exporta su revolución a toda la región latinoamericana en nombre de la ayuda a los pobres, siente un profundo odio hacia los ciudadanos merideños y nos quieren castigar con estas medidas, porque los sondeos de opinión claramente reflejan el gran rechazo que este estado tiene hacia la figura del presidente Chávez, los resultados electorales confirman que el socialismo del siglo XIX no tiene aceptación en Mérida.

La devaluación de nuestra moneda en un 50% en la primera semana del año, una inflación del 25% que cada día genera más pobreza en el país, la corrupción desbordada desde el alto gobierno, la expropiaciones, las crecientes limitaciones a nuestras libertades y las cárceles albergando cada día a más presos políticos (porque bien lo afirma el presidente “o estás conmigo o estás contra mi”) y un segundo cierre al canal de tv RCTV internacional por razones políticas. La referida acumulación de problemas incentiva una nueva activación del movimiento estudiantil, que motiva a los venezolanos a no rendirnos, porque hay razones de sobra para luchar por el país que nos vió nacer y que no podemos entregar a los cobardes que juegan con la dignidad del pueblo.

Y la sociedad merideña decidió despertar, no abandonar la lucha de los estudiantes, porque asumimos que la responsabilidad por el cambio en el país es individual, que llegó el momento de dejar de evadir nuestro compromiso con la democracia, que hasta hace muy pocos días sólo recaía en los partidos políticos, porque era más fácil y cómodo esperar que los políticos dieran la pauta. Pues Mérida sintió que era su oportunidad de actuar, que frente a la nueva frase del presidente Chávez “Patria socialista o muerte”, nosotros defendemos la Patria democrática y la vida.

El costo de manifestar en las calles de Mérida no ha sido fácil, los cuerpos policiales represivos comandados por el gobernador del estado intentan amedrentar a los ciudadanos, un abuso desmedido de la fuerza, que ha dejado decenas de merideños heridos producto de disparos, perdigones, asfixiados con el gas lacrimógeno, por supuesto “del bueno” como ordena el Comandante en Jefe, un saldo de dos jóvenes asesinados en las protestas, autos quemados e incalculables daños a la propiedad privada. Entre otras, las instalaciones de la Universidad de Los Andes (universidad autónoma que por cierto no se encuentra al servicio del régimen) sufrió daños considerables, ya que los grupos anárquicos de la revolución tomaron las calles, con el fin de destruir la propiedad ajena, generar el caos y la violencia en la población, que de manera pacífica se han manifestado por todos los sectores de la ciudad.

Y cabe hacerse la pregunta: ¿quién protege y defiende a la sociedad que protesta cívicamente en las calles? Estamos desamparados por parte de los cuerpos de seguridad, muchos dependiendo de los mensajes de texto, el facebook, Twister y las llamadas telefónicas, para esperar reportes de periodistas, amigos y familiares que van minuto a minuto informando la situación de lo que acontece en los diferentes puntos, para de esa manera tomar las respectivas medidas preventivas.

No falta la solidaridad del vecino que abre las puertas de su casa para dar resguardo y brindar ayuda a las víctimas de la fuerza desmedida que aplica la Policía y la Guardia Nacional, que usan la ballena para disolver las manifestaciones, en una ciudad donde en los últimos meses ha habido un servicio deficiente de abastecimiento de agua. En sectores donde les ha faltado el suministro del vital líquido hasta por tres días, los cuerpos del Estado lo hacen cómplice de sus brutales atropellos.

¿Dónde están los derechos humanos de los merideños? ¿Quién compensará las horas de angustia que han vivido quienes han visto invadidos sus conjuntos residenciales por parte del grupo oficialista Tupamaros? Grupo este último, responsable de la quema de apartamentos y autos, expertos en generar zozobra y atropellar menores. El gobernador del estado evade completamente su responsabilidad y la de sus seguidores, culpando directamente a la oposición “golpista” y “guarimbera” de todo lo que acontece. Por supuesto, señalando que todo es obra orquestada desde el “imperio norteamericano”, porque son ellos los agentes desestabilizadores. Que manera tan irrespetuosa de burlarse de un pueblo que sólo reclama sus derechos.

No está fácil para el gobierno regional escuchar los cacerolazos en los cuatro costados de la ciudad. Desde el vecino más anciano hasta los niños, con cacerola en mano, manifiestan que la situación de esta patria grande debe cambiar, que no tenemos por qué irnos del país que nos pertenece, que no podemos aceptar la idea de renunciar a construir una familia en Venezuela porque no se vislumbra un futuro para nuestros hijos, que ya basta de convivir en una sociedad dividida, en la cual unos son enemigos de otros y pareciera que no cabemos juntos, gracias al discurso radical y lleno de odio del presidente.

Pues la ciudad de las nieves eternas, rodeada de montañas, despertó, y no va a permitir que sus sueños se vean truncados. Las autoridades podran abusar de su fuerza, amenazar a la población con rodearla de efectivos militares en todas las calles e invadir sus propiedades, pero jamás lograrán arrebatarnos los sueños de libertad que tenemos los merideños, nuestro amor por el país y la conciencia de saber que somos la fuerza del cambio.

* Paola Molina es dirigente regional de Primero Justicia.