Eso, junto con la persistencia de la corrupción y los privilegios de funcionarios y representantes, así como la ausencia del despegue económico tantas veces prometido, han condenado a muchos ciudadanos a preguntarse qué ha ganado el país con la alternancia en el Ejecutivo y una división de Poderes más auténtica.

Sin embargo, este período de transición ha permitido la implantación de un valor en la sociedad mexicana que tiene el potencial de convertirse en el cimiento del buen gobierno: la transparencia.

Cuando un gobernante tiene la obligación de tomar decisiones y gastar los recursos públicos de cara a los ciudadanos, las posibilidades de caer en el abuso y la ilegalidad se ven limitadas.

México dio un paso muy importante en ese sentido cuando, por auspicio de un grupo ciudadano, se elevó a categoría de ley una vieja demanda de la lucha por la democracia: la posibilidad de que cualquier persona pueda solicitar al gobierno los documentos que dan cuenta de sus actividades —sin necesidad de explicar la naturaleza de su petición—, y que éste tenga la obligación de satisfacerla salvo en casos enque haya una justificación clara y precisa para no hacerlo.

En esos términos se promulgó, en junio de 2002, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se creó el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) para vigilar el cumplimiento de sus disposiciones y mediar entre los peticionarios de la información y más de dos centenares de dependencias de la Administración Pública Federal, cada una de ellas dotada de una “unidad de enlace” responsable de recibir las solicitudes.

A partir de ese momento, México avanzó a pasos agigantados en la materia: se aprobaron normas de transparencia espejo en las entidades federativas, los otros Poderes federales y las entidades autónomas; se creó un sistema electrónico (único en el mundo) para pedir y recibir datos, de manera anónima; se fijó una serie de obligaciones mínimas en materia de transparencia —esto es, datos que el gobierno debe hacer públicos sin que alguien tenga que solicitarlos de manera explícita—, y se establecieron lineamientos para la protección de datos personales.

Hay muchas maneras de evaluar el éxito de este proceso. Una de ellas es que, desde 2003, cuando entró en funcionamiento el IFAI, ha habido casi medio millón de solicitudes de información amparadas por la Ley de Transparencia, de las cuales, más de 25 mil se han tramitado mediante un recurso presentado ante el Instituto.

(En 2003, me tocó ser uno de los primeros en ganar uno de esos recursos, al Instituto Nacional de Antropología e Historia, que se negaba a revelar qué objetos guardaba en las bóvedas del Museo Nacional de Historia, por consideraciones de “seguridad nacional” mal entendidas.)

Es decir, 25 mil veces el IFAI ha echado atrás la pretensión del gobierno federal de ocultar información, cosa que éste no ha hecho ante otras 428 mil solicitudes, según las estadísticas oficiales.

Gracias a la Ley de Transparencia, los mexicanos saben más sobre la operación de su gobierno, y, por lo mismo, están más involucrados en los proceso de toma de decisiones.

¿Alguien podría pensar que eso sea malo?

Aparentemente, sí, a juzgar por la tendencia creciente de las dependencias públicas de responder que “no se encontraron” los documentos solicitados, algo que ya ha llamado la atención de varias organizaciones no gubernamentales y del propio IFAI.

Un ejemplo reciente de esa actitud obstruccionista fue la respuesta inicial de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que se negaba a entregar los resultados de un examen psicológico aplicado a un aspirante al Servicio Exterior, quien deseaba conocerlos. La Cancillería alegó primero que la información era “inexistente” y sólo por presión de los comisionados del IFAI, y a raíz de que la noticia apareció en este diario, la dependencia por fin se comprometió a entregar lo que supuestamente no existía.

Pero hay algo peor: la intención del gobierno federal de modificar el artículo 59 de dicha legislación, que establece el derecho de los peticionarios de impugnar las resoluciones del IFAI ante el Poder Judicial, facultad que las autoridades ahora quieren para sí mismas.

De tomar este rumbo preocupante —ya existe un proyecto al respecto—, la transparencia sufriría un revés, pues se obligaría a los peticionarios a esperar mucho más para obtener la información, si es que la obtienen finalmente, y a incurrir en gastos de representación legal.

Lo único que está esperando el gobierno federal para impulsar ese proyecto es el fallo de la Suprema Corte, que se pronunciará sobre un cambio en ese mismo sentido en el estado de Campeche.

México requiere más transparencia, no menos. Los ciudadanos deben poder conocer a detalle lo que ocurre en el Congreso —donde los recursos del erario suelen manejarse con una discrecionalidad inaceptable—, pero también en el Poder Judicial y los organismos autónomos, así como en muchos gobiernos locales, cuyo compromiso con la transparencia aún deja mucho qué desear.

Nuestro periódico estará pendiente de este proceso, porque toca uno de los aspectos fundamentales de la vida democrática: la rendición de cuentas de los funcionarios públicos.

La semana pasada escribí sobre el caso de una persona señalada inicialmente como perteneciente a una banda de lenones, aunque luego liberada por falta de evidencias. Relaté que asistió al hotel Oviedo acompañado de “su pareja”. Lo preciso —ahora lo sé, porque él mismo lo declaró a las autoridades— es que acudió al lugar con una sexoservidora, de 20 años de edad, cuyos servicios había contratado. Eso no lo hace miembro de la banda que explotaba a menores de edad —en la misma declaración, el propio inculpado negó los cargos—, aunque la Procuraduría General de Justicia del DF me ha aclarado que sigue sujeto a investigación.