La prensa, la radio y la televisión mexicanas están llenas estos días de crónicas de Ciudad Juárez, en la frontera con Estados Unidos, a la cual llaman "la más violenta del mundo". Narran los pesares de sus habitantes, hoy vistos desde la compasión por la reciente matanza de 16 personas, muchas de ellas menores, durante una fiesta de cumpleaños, y cuentan los lamentos de empresarios y comerciantes, que dicen cómo tuvieron que cerrar sus negocios porque ya no podían seguir pagando las extorsiones de bandas criminales. Las descripciones desgarran por la impotencia que reflejan. Y visto en este momento y espacio, lo que vive Ciudad Juárez es la más grande herida por la que sangra diariamente este país, en guerra contra el narcotráfico desde hace tres años.

La matanza fue un extraño catalizador de indignación nacional que finalmente se impuso al temor y rompió con las zonas de confort en las que viven muchos mexicanos. Desde hace una semana y media, cuando sucedió, la presión pública ha obligado a las autoridades a tomar acciones extraordinarias. El Gobierno de Chihuahua, el estado (provincia) donde se encuentra Ciudad Juárez, anunció que mudaría los poderes locales a esa entidad, como respuesta urgente a la airada crítica que fue negligente durante largo tiempo. El gobierno federal anunció una estrategia especial para esa ciudad que, si no la más violenta en el mundo, sí es donde se concentra la tercera parte de los asesinatos en México en el último año.

Lo que hagan llenará el imaginario colectivo, pero no resolverá el problema toral del porqué los cárteles de la droga y las pandillas que son su extensión armada, se mueven tal libremente entre la sociedad, pues no resuelve la pregunta básica: ¿cómo pudieron los delincuentes penetrar tan profundamente esa ciudad?

El problema de Ciudad Juárez es el problema de México, donde la sociedad fue permitiendo a los criminales injertarse en sus círculos y en su vida cotidiana. Por muchos años cerraron los ojos y mientras avanzaba como humedad, los negocios florecieron y muchos se beneficiaron del dinero que le inyectaban a su comunidad.

¿Cuándo se metió el narco en el tejido social? Nadie puede determinar con certeza cuándo comenzó el proceso. Algunos recuerdan que cuando a mediados de los setenta se dio la primera gran campaña militar contra el narcotráfico en Sinaloa, el estado en el Pacífico norte que tiene como peculiaridad ser la tierra en donde nacieron tres generaciones de la mayoría de los jefes criminales, hubo también un apoyo de la sociedad.

En aquellos años, dicen quienes lo vivieron, la sociedad de Culiacán, la capital del estado, le cerró el paso a todos aquellos que eran delincuentes o se comportaban como criminales. Les hacían vacíos en sus urbanizaciones o no los dejaban que se mudaran a ellas. Sus hijos no hacían amistad con sus hijos, y las escuelas tampoco se abrían para ellos. No los invitaban a sus clubes sociales ni a sus fiestas. Cuando llegó el Ejército a Sinaloa, tuvo el apoyo de la población. Los jefes del narco se tuvieron que trasladar al sur, a Guadalajara, capital de otro estado en el occidente, Jalisco, donde la historia fue diferente.

Los narcos empezaron a comprar residencias, con lo cual el mercado de bienes raíces tuvo un boom. También hoteles, y los constructores se pusieron felices. Las distribuidoras de automóviles proliferaron. Los jefes del narcotráfico vivían en mansiones y se codeaban con las elites de la política y el comercio. Hubo una sobrina de un gobernador que no se conformó sólo con ser novia de uno de los grandes capos de la droga, sino que cuando lo empezaron a perseguir, se fugó con él a Costa Rica. Los capos tenían protección de la policía y desde Guadalajara operaban sus negocios en el resto del país.

En diferentes partes del país la gente veía cosas insólitas, pero lejos de denunciar, se beneficiaban de ello. De esta manera, nadie dijo nada cuando en el rancho "El Búfalo", también en Chihuahua, diariamente se consumían dos millones de tortillas y 1.800 pollos. En Monterrey, la ciudad en el norte de México considerada la capital financiera del país, comenzaron a llegar a sus suburbios más afluentes familias que comenzaron a comprar mansiones sin que los vendedores pusieran resistencia a aceptar hasta seis millones de dólares en efectivo por casas que valían la mitad, y tampoco objetaron que sus hijos fueran a las mismas escuelas, y sus mujeres compartieran los mismos lugares de belleza y esparcimiento.

No quisieron aceptar, para no sentirse obligados a rechazar, que eran las familias de los jefes del narcotráfico, que habían escogido Monterrey como su residencia, por la calidad de vida y de la educación. Hubo hombres poderosos que se vincularon con ellos, y llegó a darse el caso de un afamado periodista que se hizo compadre del cerebro financiero de uno de los cárteles, que primero fue a la cárcel y más adelante fue asesinado. Todos cerraron los ojos.

Culiacán, donde antes los había rechazado la sociedad, aceptó su regreso y sus hijos se vincularon con el crimen organizado. "Si no tienen mejores opciones de trabajo, ¿cómo podemos evitarlo?", decía hace no mucho un hombre de esa ciudad, entre resignado y molesto porque no hubo mejores oportunidades de vida para los jóvenes. Culiacán se convirtió, después de Miami, en la segunda ciudad del mundo con mayor número de compra de unidades Hummer, de acuerdo con las estimaciones de inteligencia federal.

En otras ciudades del mismo estado, como Guamúchil, la lista de espera de compra de Hummer era de seis meses, y su aeropuerto, que es casi local, tenía en sus hangares privados 70 avionetas, cuyo único trabajo era viajar a la sierra de Sinaloa para bajar drogas. Al otro extremo del país, en Tamaulipas, el Cartel del Golfo inundó el mercado de consumidores con sus licores y cigarros, a cuyas marcas trasnacionales les añadía su sello, un caballo alado, que es lo único que permite que se venda en los establecimientos comerciales.

Las autoridades federales llevan años quejándose de la permisividad de la sociedad. Y tienen razón. En uno de los barrios más exclusivos de la ciudad de México, los vecinos fueron testigos por meses que en una de las casas había una enorme actividad nocturna, sin que jamás hayan reportado a la policía la inusual actividad. Luego se sorprendieron de que fuera una casa de seguridad de los sicarios de uno de los capos más violentos en la memoria, Arturo Beltrán Leyva, quien murió en un enfrentamiento en diciembre pasado en la ciudad de Cuernavaca, dentro de su condominio, en uno de los fraccionamientos más exclusivos y costosos de la región.

Es cierto que hay un ingrediente de temor en la ausencia de denuncias, no sin razones. Hay tanta penetración del crimen organizado en las policías locales, que un ciudadano no sabe si su denuncia será el equivalente a firmar su sentencia de muerte. Pero también hay un cierto grado de cinismo. El año pasado viajó a Nuevo Laredo, Tamaulipas, el principal punto de entrada de productos a Estados Unidos, el secretario de Seguridad Pública Federal, quien recibió una catarata de reclamos por los operativos contra el narcotráfico. Queremos que se vayan, le dijeron, porque lo único que había provocado la guerra contra las drogas era una crisis económica. La acometida de las fuerzas federales había provocado que los narcos se retiraran con todo su dinero de la plaza y la economía se secó. Los empresarios no querían eso. Querían que se regresara al estatus quo y que volvieran sus ganancias. Eso no sucedió.

En Ciudad Juárez demandaban lo mismo, con una presión tan grande que las fuerzas federales se replegaron. Vino la matanza y con ello la angustia. ¿Por qué nos decimos sorprendidos de lo que nos acontece? No somos culpables de que el narco haya penetrado nuestro tejido social, pero tenemos que aceptar, para corregir, que fuimos, colectivamente, responsables de que los narcotraficantes se injertaran como uno más entre nosotros.