La Cuarta División del Ejército iraqui rodea desde hace cuatro semanas el edificio que alberga el Gobierno provincial (situado en la capital, Tikrit) para evitar que su presidente, Ahmed Abdullah Abid Jalaf, trabaje con el nuevo gobernador, electo en contra de los intereses de Bagdad pero de forma legal, según los tribunales. Es la forma del primer ministro, Nuri al Maliki, de impedir que un gobierno provincial contrario a sus intereses funcione en su país.

"¿Cómo puede llamar a su coalición el Estado de la Ley si no sabe lo que es la ley? ¿Dónde está la ley?", lamenta el candidato de Al Iraqiya y miembro del Consejo Provincial Dhamem Elawi en referencia a la decisión de Maliki.

El órdago de Maliki contra el Consejo Provincial de Salahadin es un desafío a la Justicia. Comenzó en octubre, cuando el órgano de gobierno de la provincia suní aprobó la destitución del gobernador, Mutasher Hussein Ulaiwi.

Ulaiwi, elegido tras las elecciones provinciales de 2009, pertenece al Partido Islámico (suní), con quien el primer ministro Nuri al Maliki ha coqueteado en la campaña electoral para reforzar su imagen de secular. Los representantes municipales le acusaban de servir a sus propios intereses. "El gobernador no puede gobernar sólo para su partido, debe hacerlo para todos", argumenta Elawi. "Por eso nos reunimos para exigirle respuestas que él se negó a dar. Abandonó la sesión sin acogerse al derecho a defenderse, lo cual nos dio derecho a sustituirle".

Para el coronel Henry Arnold III, hay otro motivo de fondo: "El Gobierno le consideraba demasiado religioso, y aquí los suníes son muy seculares", explica desde su despacho en la Base Speicher, responsable de Salahadin, la provincia natal de Sadam Husein. Sea como fuere, en aquella sesión "20 de 27 concejales apoyaron la destitución del gobernador. Mutasher Ulaiwi recurrió a la Corte Suprema, que debe pronunciarse en un plazo de 15 días", continúa el coronel. Y la Justicia dictaminó que la destitución cumplía con la legalidad y, por tanto, el gobernador debía abandonar su cargo en un plazo de un mes.

El gobernador no estaba dispuesto a renunciar al poder un año después de haber accedido al Palacio, así que se atrincheró con su guardia pretoriana (unos 30 o 40 hombres armados) alegando que el presidente del Consejo Provincial debía ser inhabilitado y que por tanto su destitución no era valida. "La Justicia estudió sus acusaciones y llegó a la conclusión de que no existen pruebas que sustentasen las acusaciones", continúa Arnold.

En febrero, con Ulaiwi fortificado en Palacio, Maliki intervino en la disputa con las armas: envió a la Cuarta División del Ejército iraqui para forzar a Mutasher a abandonar por la fuerza. Una cosa es que sea cercano a su partido, y otra que vaya a apoyar la rebelión de un individual. El gobernador amenazó a su vez con defenderse, y ante la inminencia de un baño de sangre, Maliki ordenó al Ejército que asediara el edificio. Finalmente, el gobernador comprendió sus escasas posibilidades y decidió abandonar.

La idea de Maliki era intervenir en el nombramiento del sustituto de Ulawi: en medio de la campaña, a Maliki le interesaba tener contento a su socio potencial, así que insistió en que el sustituto del gobernador fuera un hombre del Partido Islámico, argumentando que dicha formación se había hecho con la mayoría en las elecciones de 2009. No opinaban lo mismo los concejales, que habían elegido por mayoría a otro gobernador, Jaled al Darraji, un ingeniero laico.

Bagdad se negó a confirmar mediante decreto el nombramiento de Al Darraji. "La Justicia nos había dado la razón", se queja Abdullah Ejbarah, miembro del Consejo Provincial. Al ver que los concejales ignoraban sus exigencias, 24 horas después del cerco al palacio del Gobernador, Maliki envió de nuevo a las tropas iraquies a rodear el edificio provincial. "Los soldados no nos dejaron entrar durante 15 días", denuncia Ejbarah. "Durante dos semanas no pudieron gobernar", confirma el coronel Arnold. "Ni una decisión fue adoptada porque no podían entrar en el inmueble"

EEUU decidió intervenir en la crisis cuando jueces y políticos de Bagdad se pronunciaron a favor del Consejo, pero su mediación fue testimonial. El coronel Arnold acude al Consejo Provincial semanalmente para expresar su apoyo a los concejales y dejar claro ante el Ejército iraquí que Washington desaprueba la decisión de Maliki, pero eso no ha hecho mella en el asedio, que podría continuar sine die.

"No tenemos un problema con Bagdad sino con Nuri al Maliki, que pretende que el Partido Islámico tome nuestro Parlamento", explica el gobernador en funciones, Ahmed Krayem. "El Ejército de Irak tiene órdenes de no abandonar el palacio de Gobierno, pero cuando se vaya Maliki cambiarán las cosas", continúa con la esperanza de que un cambio político a nivel nacional se refleje en la surrealista situación que vive su Gobierno, cercado por las tropas.

"En el fondo, el problema se resume en que el Gobierno de Bagdad apoya al partido que ha perdido legítimamente, y no entiende que eso no es democrático", explica Arnold. Para el ex general de Sadam Husein Abdullah Ejbarah, la conclusión es que las cosas no han cambiado tanto en Irak desde la invasión de 2003.

"El Gobierno iraquí está acostumbrado a usar el Ejército para resolver sus problemas", explica. "Pero qué podemos esperar. En dos o tres elecciones, una democracia no puede consolidarse. Dennos tiempo, y en 10 o 20 años, la democracia iraquí funcionará como cualquier otra democracia del mundo".