Suena a Honduras: el año pasado, el presidente hondureño Manuel Zelaya tenía aspiraciones similares, se encontró con el mismo problema, e intentó la misma solución: la violencia. Afortunadamente, las fuerzas armadas hondureñas actuaron para evitar un baño de sangre deportándole. El embajador de EE.UU., Hugo Llorens, se mostró decepcionado, pero se salvó la democracia en Honduras. Puede que los nicaragüenses no tengan tanta suerte.

En una democracia liberal en la que hay desacuerdos entre los órganos ejecutivo, legislativo y judicial, la constitución es el libro de las reglas a seguir. Cada institución guarda con celo sus privilegios pero reconoce sus límites.

Pero los demagogos populistas a lo Mussolini consideran que el respecto al estado de derecho es tema para perdedores. El déspota elegido puede hacer lo que quiera. Las instituciones que se enfrentan a ellos reciben la visita de matones. Eso es lo que ocurrió en Venezuela, Ecuador y Bolivia, y la razón por la que estos países no se pueden considerar democracias.

La suerte de Nicaragua pende ahora de un hilo, y hay mucho en juego. Chávez quiere un aliado permanente y de confianza en América Central. El presidente venezolano esperaba que fuera Honduras. Ahora su apuesta está en Nicaragua, con el objetivo de integrar al paraíso sandinista en su utopía bolivariana del siglo XXI. Cuba, con su prolongada historia de represión, es un socio valioso en sus planes. Sus fuerzas armadas y sus guardias de élite ya están colaborando con el gobierno de Chávez como indicó en conferencia de prensa la semana pasada el general retirado Antonio Rivero, quien se quejó en específico de cursos de entrenamiento de francotiradores en los que participan profesionales cubanos.

Si Ortega permanece indefinidamente en la presidencia de Nicaragua, seguro que estará deseoso de promover los valores de sus aliados cercanos, Cuba y Venezuela, en el istmo a cambio de su ayuda para aferrarse al poder. Irán también querrá unirse a la causa. Un informe sin clasificar del Pentágono divulgado este mes indica que el paramilitar Cuerpo de Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (Fuerza Quods-Guardianes de la Revolución) "mantiene presencia operativa alrededor del mundo" y "en los últimos años hemos sido testigos de su creciente presencia en América Latina, especialmente en Venezuela". Ortega reestableció relaciones diplomáticas con Irán después de las elecciones en 2006.

Pero el mandato de Ortega finaliza en enero de 2012, y según el Artículo 147 de la Carta Magna, no podrá presentarse de nuevo a la reelección. Durante tres años Ortega intentó infructuosamente modificar esta prohibición en el Congreso. Pero el pasado octubre acudió a la Corte Suprema de Justicia, alegando que era víctima de discriminación ya que los congresistas sí podían ser reelegidos.

Los jueces sandinistas de la Sala Constitucional del tribunal esperaron hasta que los jueces opositores se fueron a casa para convocar a otros tres jueces sandinistas de otras cortes y celebrar una votación. El panel de jueces alegó que la prohibición a la reelección de Ortega era "inaplicable". Tras la decisión, Ortega se declaró candidato para las elecciones de 2011.

Incluso así, el aspirante a dictador tiene un problema: es improbable que ganará unas elecciones limpias. Por eso quiere elegir a dedo al Consejo Supremo Electoral, encargado de asegurar la transparencia electoral y que será renovado en junio. Y ésta es la razón por la que se encuentra enzarzado en un combate mortal con el Congreso.

En circunstancias normales, el presidente envía al Congreso su relación de nominados a la Corte Suprema y el consejo electoral para su votación. Pero después del truco del "inaplicable", el Congreso se negó a proceder. Así que Ortega emitió un decreto en enero por el que ampliaba los mandatos de dos jueces de la Corte Suprema y del consejo electoral.

El presidente no tenía esta potestad, y los dos jueces tenían que haber abandonado antes sus puestos ya que sus mandatos habían finalizado. No obstante, se negaron a hacerlo. La semana pasada, uno de ellos lideró la violencia callejera.

La exigencia de Ortega de que el Congreso reeligiera al actual consejo electoral es incluso más preocupante. Sus antecedentes son malos: nunca divulgó un recuento completo de los votos en las elecciones presidenciales de 2006 que Ortega supuestamente ganó. Y aún peor, las elecciones municipales —un importante contrapeso al gobierno nacional— fueron tan dudosas que ni EE.UU. ni la Unión Europea reconocieron los resultados. EE.UU. suspendió la participación de Nicaragua en el programa de ayuda internacional conocido como la Cuenta del Desafío del Milenio y la Unión Europea también suspendió ayudas.

El Congreso de Nicaragua insiste en que se nominen nuevos candidatos al consejo electoral y cuenta con los votos para revocar el decreto de Ortega. En la actualidad se especula que Ortega está trabajando tras bambalinas para reducir el número de miembros opositores del Congreso.

Si esta estrategia fracasa, Ortega tendrá que apostar por más violencia callejera contra los legisladores o tendrá que estar dispuesto a transigir. Incluso si en esta ocasión opta por esta última opción, este capítulo no se debería olvidar. A los nicaragüenses ya se les ha avisado del respeto, o de la ausencia de este, que su presidente tiene por el estado de derecho.

Este artículo fue publicado originalmente en The Wall Street Journal (EE.UU.) el 26 de abril de 2010.