¿Qué podría ganar el gobierno en un pacto fiscal? Tres cosas: Primero, compartir el costo político del aumento de los impuestos con todos los que firmen el pacto. Segundo, legitimar el aumento de los impuestos, ya que para éste son indispensables los votos de GANA, que carecen de legitimidad porque los diputados de este partido fueron electos como miembros de ARENA, no como los aliados del FMLN que han resultado ser. Tercero, tener a quien echarle la culpa si las medidas tributarias fracasan como las de diciembre de 2009. En vez de aceptar la culpa, el gobierno podría decir que el problema no fue su incompetencia sino que los firmantes del pacto no cumplieron sus promesas.

Pero esto no significa que la idea de un pacto fiscal es mala. En realidad es excelente, pero si se redefine su objetivo como el de asegurarse de que el gobierno use los recursos que le dan los ciudadanos para los propósitos de los votantes, no los de los políticos. El país está viviendo momentos que demuestran que la realidad es al revés. En los últimos dos años, el gobierno ha seguido aumentando sus gastos aunque sus ingresos han caído, generando grandes déficits y aumentando la deuda. Y a pesar de ese gasto creciente, la economía sigue cayendo, la inversión publica está atrasada, la infraestructura se deteriora, la negligencia en el manejo de la cosa pública se empeora y el crimen sigue aumentando.

Y el gobierno no da cuenta de sus gastos, no hay transparencia, los diputados reniegan de sus mandatos, los impuestos se gastan en hacer publicidad personal a políticos y en proporcionarles lujos a los funcionarios (por ejemplo, Casa Presidencial está comprando 36 carros nuevos en este momento). Pedir más impuestos en estas circunstancias es como tratar de llenar de agua cantimploras llenas de hoyos. Es para resolver este problema que se necesita el pacto fiscal.

Esta situación —la toma del gobierno por políticos que cortan el contacto con el pueblo y que pretenden que éste les dé un cheque en blanco para gastarlo a su antojo— no es nueva ni exclusiva de El Salvador. En realidad las instituciones democráticas modernas se originaron en torno a problemas similares, que se resolvieron con pactos fiscales de gran alcance. El primero de estos se concretó en Inglaterra hace ocho siglos. Por varios años, el rey Juan sin Tierra había estado elevando los impuestos. Cuando en 1215 quiso aumentarlos otra vez, los nobles se rebelaron y obligaron a Juan a firmar lo que en esencia era un pacto fiscal, la Carta Magna. A cambio del pago de impuestos, esta Carta estableció el control de los contribuyentes sobre el rey y el gobierno, dando vida a muchos de los derechos democráticos básicos: no imposición sin representación, el habeas corpus, el debido proceso, y el derecho de toda persona libre a no ser condenada sin previo juicio. La Carta Magna también estableció el Gran Consejo, que evolucionó en la madre de las instituciones democráticas del mundo moderno, el Parlamento británico.

Más de 500 años después, en 1773, los colonos americanos reafirmaron el principio de no imposición sin representación, cuando se rebelaron contra el impuesto al té que el gobierno inglés les había puesto sin que ellos, los colonos, tuvieran representación en el Parlamento británico. Esta rebelión fue la ocasión para que los colonos decidieran declarase independientes y tener un país en el que ellos pagaran impuestos para sus propios propósitos.

Algunos años después, el gobierno francés, que había acumulado grandes déficits y una enorme deuda, decidió aumentar los impuestos. El régimen de Francia era absolutista, de modo que el rey Luis XVI podía aumentarlos sin consultar a nadie. No se atrevía porque la economía se encontraba pasando por una recesión y porque el pueblo se quejaba de que, mientras el gobierno pedía más sacrificios a la ciudadanía, los gastos de la corte no disminuían, y la reina seguía gastando desenfrenadamente.

El rey decidió firmar algo como lo que el gobierno salvadoreño llama un pacto fiscal. Para esto convocó a los Estados Generales, una asamblea cuyas decisiones no eran vinculantes (así como el Consejo Económico y Social, CES, en El Salvador, aunque, diferente del CES, era electa por el pueblo). Como ahora en El Salvador, la idea del rey era negociar un pacto con los Estados Generales en el que éstos lo apoyaran para subir los impuestos sin darles mayor cosa a cambio. El problema fue que los Estados Generales redefinieron lo que era el pacto fiscal. Hicieron lo mismo que los nobles ingleses en 1215, decidieron que pagarían impuestos pero sólo si Francia se convertía en una monarquía constitucional. De allí en adelante, el pacto fiscal se convirtió en la Revolución Francesa.

De esta forma, tres de los principales hitos en el desarrollo de la democracia constitucional moderna surgieron de pactos fiscales, originados en circunstancias muy similares a las nuestras: gobiernos que han perdido la medida de sus gastos y pretenden que el pueblo pague impuestos para costearles el desperdicio y los lujos que se dan mientras el país está en una grave recesión. Pedirle al pueblo que pague más impuestos para costear los 36 carros de lujo que Casa Presidencial está comprando en El Salvador en 2010, es como pedirle al pueblo francés en 1789 que pagara más impuestos para costearle los collares a la reina María Antonieta.

El pueblo salvadoreño debe responder igualmente, no con la violencia de la Revolución Francesa, pero sí con la firmeza necesaria para que el pacto fiscal convierta al gobierno en el sirviente del pueblo que nuestra Constitución establece. El pacto no debe ser para darle más recursos al gobierno, sino para asegurar primero que los recursos que tiene los use eficiente y transparentemente para resolver los problemas del país.

Este artículo fue publicado originalmente en El Diario de Hoy (El Salvador) el 22 de abril de 2010.