El gobierno de Barack Obama propuso este jueves pasado ante el Congreso estadounidense modificaciones a la Iniciativa Mérida para destinar los recursos antidroga a la erradicación de la corrupción en policías, tribunales y funcionarios, en lugar de utilizarlos en aeronaves de guerra.

La subsecretaria asistente de Estado, Roberta Jacobsen, acudió a una audiencia ante una subcomisión del Congreso para informar del cambio, de acuerdo con la argumentación escrita que entregará a legisladores.

“Nos estamos alejando del equipo caro [helicópteros y avionetas] para enfocar la ayuda en programas que apoyen la capacidad de México para mantener el apego al estado de derecho y el respeto a derechos humanos”, dice la funcionaria en el documento proporcionado a la agencia de noticias Associated Press.

Shannon O’Neil, del Consejo de Relaciones Exteriores, también en un testimonio escrito, afirma que los programas enfocados a construir instituciones y a generar oportunidades económicas “son mucho más difíciles de aplicar” que la entrega de helicópteros o embarcaciones.

“Pero también prometen más soluciones a largo plazo, pues reconocen la complejidad de la guerra contra las drogas en México y las limitaciones de los pertrechos militares para cambiar el rumbo”, agrega.

Este mes la administración de Obama anunció un vuelco en la estrategia antidrogas, y reconoció que la guerra de casi cuatro décadas no ha tenido éxito, por lo que adoptaría un esquema de prevención y disminución de la adicción entre jóvenes.

O’Neil menciona que el cambio más notorio en el plan Mérida será la forma en que se erogará el financiamiento. Hasta ahora los presupuestos del Departamento de Estado se han destinado a operativos antidrogas.

El martes, la canciller mexicana, Patricia Espinosa, expresó que los cambios y un compromiso para que continúe el trabajo entre México y EU serían bienvenidos.

El miércoles organizaciones estadounidenses y mexicanas pro derechos humanos solicitaron al Departamento de Estado que entregue a México fondos de la Iniciativa Mérida sólo cuando demuestre avances “cuantificables y concretos” en materia de respeto a los derechos humanos.

La coalición de organizaciones acusó a México de descuidar la investigación y enjuiciamiento de policías federales y soldados.