A más de la mitad de su mandato, Calderón rebautiza el programa dominante de su gobierno, lo llama “Lucha por la Seguridad Pública”. Combatir el narcotráfico no es el objetivo, dice, sino la seguridad de los ciudadanos. En dos planas profusas que difunde con su firma, explica desde las Causas del Problema hasta Conclusiones. En sólo tres líneas menciona: “Otras causas sociales: la falta de oportunidades, educativas, laborales y de esparcimiento para los jóvenes en algunas ciudades del país los hace susceptibles de ser presa de las organizaciones criminales”.
Afirma por ahí: “Otra realidad que encontramos al inicio de mi gobierno fue la imperante necesidad de recomponer el tejido social dañado por la delincuencia” y pone como “un claro ejemplo de esta estrategia Todos Somos Juárez, Reconstruyamos la Ciudad”.
El programa de seguridad es lo mismo, salvo breves referencias sociales desatendidas. No ha habido reconstrucción del tejido social, sino destrucción; el 50% de pobres exhiben una sociedad fracturada y el ejemplo de Ciudad Juárez y su reconstrucción es sólo respuesta apresurada a reclamos sociales indignados ante asesinatos de jóvenes juarenses, sin frenarse la matanza. Juárez es más bien ejemplo de una gran ciudad víctima de políticas federales causales de pobreza, desigualdad creciente, jóvenes sin oportunidades, educación y salud decadentes, desempleo, sin cohesión interna. Y se le promete un programa de rescate inútil frente a lo que se requiere. Lo ejemplar de Juárez son sus habitantes que pese a graves riesgos mantienen la vida de la comunidad y a valientes periodistas que denuncian la verdad y reclaman, pese al secretario de Gobernación que pretende fingimientos.
El programa rebautizado está condenado al fracaso, no habrá seguridad para los ciudadanos, en la brutal desigualdad que cancela el futuro de la mitad de los mexicanos, producto de un modelo económico cuestionado mundialmente, pero sostén del grupo gobernante. Basta revisar los resultados de tres décadas de política neoliberal, concentración escandalosa de la riqueza y agudización de los problemas sociales, precisamente el desempleo, la decadencia de los servicios públicos, el ambulantaje, la marginación y sus productos: delincuencia, drogas, pandillerismo. Como el crimen anida en esta situación, la “lucha por la seguridad” no lo va a erradicar, no va a desaparecer a esos millones de jóvenes y desempleados desesperados. Es indispensable hacer del problema social la prioridad.
La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) sesionó del 30 de mayo al 1 de junio en Brasilia y produjo un documento ineludible: La Hora de la Igualdad. Censura el proyecto de sociedad basado en el mercado autorregulado y el mayor protagonismo de los agentes privados, la reducción del Estado y de su intervención en la economía generando desigualdad e inequidad en la que no hay desarrollo posible. “Los Estados tienen deudas pendientes como proveedores de bienes públicos, garantes de la protección social y promotores de la productividad y el empleo”. Demuestra que en América Latina se da la peor distribución en el mundo y niveles escandalosos de pobreza. Plantea medidas precisas para atacarlo, una redefinición del Estado, políticas redistributivas que empiezan por una reforma fiscal progresiva que dote al Estado de los recursos indispensables, revertir la desigualdad con gasto social sostenido. La CEPAL, órgano de la ONU, plantea como urgente un cambio de modelo. Ese es el camino a la verdadera seguridad de los ciudadanos, no la obcecación en la simple violencia que nos recomiendan desde allá, en donde no se aplica. Sin esto la sangre seguirá corriendo.
mbartlett_diaz@hotmail.com
Ex secretario de Estado
