La incertidumbre constituye hoy un reflejo de la crisis política reinante en Ecuador, donde el Congreso nacional busca una salida a la actual situación que deje plantada la consulta popular promovida por el Gobierno.

El asunto radica en que una asamblea constitucional tiene atribuciones para reformas puntuales a la Constitución, mientras que una asamblea constituyente cuenta con facultades absolutas. Sin embargo, antes de discutir si en Ecuador se debe desarrollar una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Carta Magna, o una Constitucional, para reformar la actual, sería recomendable que las principales fuerzas políticas acuerden los principales puntos donde deben producirse las reformas. Hasta ahora todos los intentos han sido en vano.

La propuesta de Palacio enfrenta la oposición de varios sectores que consideran que la iniciativa del dignatario es inconstitucional, porque ni las Asambleas Constituyente ni constitucional están contempladas en la Carta Magna. Otros, como los socialcristianos liderados por León Febres Cordero (PSC), dicen que el Gobierno de Palacio debió proponer una solución transitoria para que el pueblo apruebe si las dos asambleas deben constar en la Constitución. Los partidos Renovación Institucional (Prian), Rodolsista (PRE) y Democracia Popular también manifestaron su oposición al Estatuto Electoral presentado en el documento de Palacio.

Por otro lado, podría decirse que pareciera innecesario que la Constitución contenga la figura de Asamblea Constituyente dado que el pueblo ecuatoriano está en plena capacidad para ejercer su poder constituyente cuantas veces lo crea necesario. Más aún, es fútil hablar una Asamblea Constitucional: la única asamblea constitucional que permite la Carta Magna de Ecuador es el Congreso.

El quid de la cuestión es el desprestigio de la clase política y de su Congreso actual. En efecto, para el ecuatoriano de a pie nada cambió después de la caída de Lucio Gutiérrez, y esos que hoy se ocupan las bancadas del hemiciclo republicano carecen de autoridad moral y jurídica para asumir los cambios institucionales que Ecuador necesita y demanda. Precisamente, ese Congreso que alberga escándalos de corrupción de toda índole, se ha constituido en el mayor violador de la ley de los últimos tiempos.

¿Qué es lo que le hace pensar a la clase política ecuatoriana que el problema no son ellos mismos sino la Constitución, que debe ser reformada? Creer que la gravísima situación política y económica de Ecuador la provocó una fallida Carta Magna es un típico mal latinoamericano originado por esas corruptas clases políticas tercermundistas que han desnaturalizado de tal forma las ideas y proclamas institucionales convirtiéndolas en letra muerta. El desafío latinoamericano es devolverle a las palabras de la Constitución su sentido originario y acabar de una vez por todas por esa eterna desfachatez de divorciar lo que se dice de lo que se hace.