No tiene máquinas ni albañiles, pero su nombre se repite en los carteles de las obras más paradigmáticas de esta provincia, como la nueva Casa de Gobierno o la réplica del Cabildo porteño.
Para el oficialismo, la Constructora San Luis Sapem es la herramienta que explica un fenómeno de construcciones rápidas y baratas, sin los retrasos de la burocracia estatal. Para la oposición, en cambio, es la cubierta que esconde el manejo discrecional de la obra pública.
La sigla Sapem refiere a Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria, una figura jurídica empleada desde 2003 por el gobierno de Alberto Rodríguez Saá, cuando los precios de los contratos públicos se disparaban por la inflación. Desde ese entonces, y aunque posee un 99% de capital en manos del Estado, compite con otras privadas en las licitaciones de obras públicas. Y no suele perder.
Las quejas de la debilitada oposición puntana apuntan al modo en que opera la constructora estatal. De un lado, porque una vez ganada la licitación, contrata directamente a las mismas empresas privadas, que se encargarán del trabajo real. Del otro, porque sólo debe cumplir los requisitos de una sociedad anónima a la hora de justificar gastos.
"Como mucho, los diputados reciben una sola hojita, con ingresos y gastos, como única explicación de los millones que maneja la Sapem", explica Pedro Risma, ex funcionario de los Rodríguez Saá que hoy reporta al kirchnerismo. No hay lugar para interpelaciones: la oposición no alcanza al tercio en la Cámara de Diputados y no tiene un solo representante en el Senado.
Para el diputado provincial Eduardo Gargiulo, la Sapem no es más que una "pantalla institucionalizada para evadir controles" a la que ninguna empresa privada se atreve a enfrentar en una licitación. Según el legislador, la empresa termina aprobando aumentos igual que las privadas. Sus ejemplos son la nueva Casa de Gobierno, que en poco meses elevó su costo de $ 280 a 350 millones, y la réplica del Cabildo, licitada en $ 8 millones y que costó casi 14.
"Los balances y controles se hacen según la normativa vigente", responde la ministra de Hacienda, Teresa Nigra, que contrapone los dos años en que se construyó la nueva Casa de Gobierno con los 31 que necesitó el edificio de San Juan. "No sólo no podríamos terminar las obras, sino que volvería a pasar lo que sucede en el resto del país, donde ni siquiera se hacen las licitaciones", dijo.
