El hecho –la expatriación de prisioneros de conciencia– en sí mismo no es novedoso. Ya en más de una ocasión el régimen cubano hizo concesiones similares tras la mediación de influyentes personajes del escenario internacional, generalmente a cambio de alguna retribución política o económica. Entre los antecedentes más importantes cabe recordar la liberación de 26 presos políticos que consiguió el pastor demócrata estadounidense Jesse Jackson en 1984, pero sobre todo el caso de los 80 presos que fueron expatriados como un gesto de buena voluntad hacia el papa Juan Pablo II tras su visita a la isla en 1998. Sí es novedoso, en cambio, el contexto en que se produce y las probables consecuencias del paso dado.

En lo que a las circunstancias se refiere, se debe destacar que en esta ocasión la concesión del régimen cubano estuvo directamente relacionada con factores de presión internos más que foráneos, como en los casos anteriores. La muerte tras casi tres meses de huelga de hambre de Orlando Zapata en febrero pasado, la posibilidad de que Guillermo Fariñas siga sus pasos y tras él se desencadene, como ya fue anunciada, una ola de huelgas de hambre igual de radicales fueron algunos de ellos. Y no menos importante, por su perseverancia y su tendencia creciente, fue la movilización de las “Damas de Blanco” que han llegado a tener sobre la opinión pública mundial una influencia ante la que las ya clásicas descalificaciones gubernamentales resultan nada convincentes.

Tan relevante como lo anterior fue el papel de la Iglesia católica. Y no porque antes no haya tenido un papel protagónico, como en 1998, sino porque esta vez fue la jerarquía eclesiástica autóctona encabezada por el cardenal Jaime Ortega, y no la diplomacia vaticana, la principal interlocutora durante todo el proceso, dato que el arzobispo de La Habana se esmeró en subrayar al insistir una y otra vez que “este es un asunto que se trata y resuelve entre cubanos”.

Muy ligado a lo anterior está el papel secundario que esta vez les tocó jugar a quienes quisieron atribuirse oficiosamente el papel de mediadores. Es el caso de algunos diplomáticos españoles que creyeron ver en el paso dado por Cuba una ocasión para arrogarse méritos que no les corresponden. Tampoco quedó muy bien parada la diplomacia brasileña, si se recuerda que hace no mucho tiempo el presidente Lula da Silva llegó a comparar a los prisioneros políticos hoy expatriados con vulgares delincuentes comunes.

Pero aun más importante que todo lo anterior es que esta vez la concesión del régimen cubano no parece marcar el fin de un proceso de tensiones políticas, con su efecto catártico, sino sólo el principio de una nueva ola de demandas a favor de la restitución en la isla caribeña de la plena vigencia de las libertades sin que quienes discrepan tengan que elegir entre la sumisión, la cárcel o la expatriación.