¿Quién es el intermediario 143 que ayudó al fiscal del Tribunal Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, a encontrar testigos de que Thomas Lubanga reclutó niños soldados? ¿Les presionó o sobornó para testificar contra el ex líder de las milicias congoleñas, como dicen otros? 

La Fiscalía se niega a desvelar su identidad y a compartir con los jueces y abogados de la defensa unas pruebas documentales que podrían exculparle pero que el Tribunal considera indispensables para garantizar "un juicio justo" a Lubanga. Incapaz de asegurarlo, ayer ordenó liberarlo. 

Acusado de crímenes de guerra en el conflicto civil de Congo entre el 2002 y 2003 (entre ellos, reclutar menores de 15 años para las Fuerzas Patrióticas de Liberación de Congo para "asesinar, saquear y violar"), Lubanga permanece en prisión preventiva en La Haya desde marzo del 2006. 

El suyo era el primer caso que se llevaba ante el tribunal creado en 1998 para que ningún criminal de guerra se escapara jamás de la justicia. El proceso, el primero centrado en el uso de niños en conflictos armados, levantó enormes expectativas pero amenaza con acabar en fiasco. 

"No se puede mantener a un acusado en prisión preventiva sobre la base de una especulación, a saber, que en el futuro se puedan reanudar las diligencias", argumentaron ayer los jueces. Hace una semana habían decidido suspender el proceso por la falta de colaboración de la Fiscalía, a la que ordenó desvelar confidencialmente sus pruebas. 

La medida, extrema, llegaba después de varios años de discusiones con Moreno Ocampo, acusado de utilizar indebidamente acuerdos para obtener de pruebas a través de intermediarios, tanto personal de las Naciones Unidas como de ONG que trabajaban en la región congoleña de Ituri durante la guerra civil. En el 2008 los jueces ya ordenaron liberar a Lubanga por la falta de cooperación del fiscal argentino. Finalmente se le dio una carta de confianza y el proceso se abrió al fin en enero del 2009. 

Desde entonces otros intermediarios han declarado en sesión restringida ante el tribunal. La defensa les acusa de, con el aval de la oficina de la Fiscalía, haber instruido a los niños para mentir en sus testimonios contra Lubanga. El congoleño niega los cargos y se define como un político y no un guerrilleros que trató de poner fin al sangriento conflicto. 

La orden de liberación de Lubanga, que fue denunciado ante la justicia internacional por el Gobierno de la República Democrática de Congo, no se ejecutará hasta pasados cinco días y sólo si la acusación no recurre la medida. La oficina de Moreno Ocampo, el abogado argentino que alcanzó fama internacional por el juicio a las juntas militares de 1985, ha anunciado que piensa hacerlo. Aunque los jueces desestimaran el recurso, la orden de liberación sólo se ejecutaría cuando algún país acepte acogerlo. 

Moreno Ocampo alcanzó notoriedad internacional a raíz del juicio a las juntas militares argentinas. En el 2003 fue nombrado primer fiscal del flamante Tribunal Penal Internacional y mantiene procesos abiertos contra otros ex guerrilleros congoleños. También ha dictado una orden de arresto por genocidio contra el presidente de Sudán, Omar al Bashir, y ha investigado posibles crímenes de guerra en Afganistán.