Arizona se consolida como el próximo
obstáculo de la Administración Obama. La juez Susan Bolton, que la semana
pasada inició las audiencias contra la polémica ley de inmigración, escuchará
el próximo jueves los argumentos del Gobierno federal contra esta normativa y
la petición de que se suspenda su aplicación.
De la decisión que adopte esta magistrada federal en el tribunal de Phoenix,
que deberá pronunciarse antes del 29 de julio - fecha en la que está prevista
la entrada en vigor de la normativa-,depende que una nueva tormenta caiga sobre
el presidente.
Mientras que desde el agraviado colectivo hispano - la minoría más importante y
emergente en Estados Unidos-se aplaude la iniciativa de la Casa Blanca, dentro
de las filas demócratas han surgido la preocupación y las críticas soterradas
por la iniciativa judicial impulsada por el equipo presidencial. No es muy
habitual que Washington actúe contra las leyes de uno de los estados. Las
encuestas indican que el 60% de los estadounidenses se muestra partidario de
una regulación restrictiva de la inmigración como la impulsada desde el
escenario fronterizo. Y más en una época todavía de crisis - el paro se
mantiene muy alto y si algún sentido tiene la inmigración es alistar mano de
obra (barata)-y en la que en México, justo al otro lado de la valla, las
exhibiciones de violencia son moneda corriente.
Así, este no parece el momento ideal para llevar la contraria a las encuestas,
pese a su volatilidad. Es año de elecciones parciales y muchos de los
representantes se juegan dentro de poco más de tres meses el futuro de su
acomodo en la noria del poder. La cuestión de la inmigración se ha convertido
en un problema casi perenne en el país más rico del mundo, con constantes
promesas para encarar su renovación, aunque siempre incumplidas en aras de no
herir sensibilidades. Uno de los compromisos de Obama al iniciar su mandato fue
precisamente que se pondría manos a la obra. El presidente, sin embargo, estaba
pasando de puntillas, en su actitud no había ni un ápice de la energía con la
que ha logrado sus dos grandes victorias, las reformas sanitaria y financiera.
De puntillas, hasta que el asunto ha cobrado un protagonismo que ni un partido
ni otro deseaba.
Su entrada en ebullición se produjo el pasado abril. Jan Brewer, hasta entonces
una más que discreta gestora republicana y con pocas posibilidades de continuar en
el cargo, estampó su rúbrica en la propuesta SB 1070. De inmediato se encendió
la movilización de los hispanos contra una ley que consideran discriminatoria
contra todos, documentados o no.
Según su versión, apoyada por la administración federal, esta ley supone de
hecho la criminalización de los inmigrantes ilegales al tiempo que da amplios
poderes a la policía para actuar a la más mínima sospecha, cuestión que se mide
por el aspecto del ciudadano. Incluso los legales se asoman al precipicio al
facilitar su arresto si salen de casa sin la identificación oficial.
El pasado fin de semana, en Boston, los gobernadores demócratas mantuvieron una
reunión con altos cargos de la Casa Blanca. Les hicieron saber que ellos
consideran una "cuestión tóxica" la decisión de acudir a los
tribunales en contra de Arizona. Ya se habían planteado otros cinco recursos,
pero ninguno del calado y la impronta que significa el que detrás esté el
Departamento de Justicia.
El primero de la lista, que es también el que ha abierto las audiencias en la
corte, lo suscribió, curiosamente, un policía, David Salgado, uno de los que
deberían velar por aplicarla norma. En su actuación contó con la colaboración
de Chicanos por la Causa, una organización de hispanos con 41 años de
trayectoria. "El Gobierno federal tenía que afrontar su responsabilidad,
no puede aceptar que haya 50 leyes diferentes", responde Edmundo Hidalgo,
presidente de esta asociación, a las críticas por la iniciativa de Washington.
"Que las encuestas digan que el 60% de los ciudadanos está a favor de la
ley no hace que esta sea correcta", insiste. Sin embargo, Hidalgo reconoce
que "el Gobierno debe hacer una norma de inmigración comprensiva porque el
sistema está ahora quebrado".