Según el reporte difundido ayer por la Oficina de Fiscalización Gubernamental del Congreso (GAO) estadounidense, la creciente participación de los cárteles de la droga en el tráfico de indocumentados está ligada con un aumento de la violencia entre los grupos que se disputan las rutas para el trasiego de drogas y de personas, principalmente en los sectores de Tucson y Phoenix.

“Asaltos y secuestros están vinculados con este fenómeno, principalmente en el estado de Arizona”, asegura el reporte, que advierte sobre la creciente violencia de algunos traficantes en contra agentes de la Patrulla Fronteriza y de la amenaza que representan todas estas organizaciones criminales entre las comunidades fronterizas de Estados Unidos.

El reporte, sin embargo, se queda corto a la hora de valorar la violencia que se ha cebado contra ciudadanos o inmigrantes mexicanos que han muerto víctimas de la brutalidad de los agentes fronterizos. Entre ellos el adolescente Sergio Adrián Hernández, quien murió en junio pasado a manos de un agente migratorio que le disparó a bocajarro en la franja fronteriza de Ciudad Juárez.

La creciente participación de los cárteles de la droga en el tráfico de indocumentados ha sido utilizada por la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, para señalar que la mayoría de los inmigrantes indocumentados se han convertido en “mulas” de los narcotraficantes o para denunciar que las rutas utilizados por los indocumentados están “sembradas” de cadáveres decapitados.

Sin embargo, el reporte difundido ayer por la GAO no apoya de ninguna forma los alegatos de la gobernadora de Arizona con respecto a que los cárteles de la droga ya se han enseñoreado del negocio de la inmigración indocumentada.

Según las estadísticas del Departamento de Seguridad Interna (DHS) hasta marzo pasado, el procesamiento de indocumentados detenidos y acusados por ingresar ilegalmente a EEUU fue de 89% y sólo un 5% fue acusado por un delito relacionado con la posesión o el tráfico de droga

El reporte de la GAO coincidió ayer con el lanzamiento de la llamada “Campaña Azul” para combatir la trata de personas, que incluye ayuda para las víctimas y medidas de capacitación policial. “La batalla contra el tráfico humano es una responsabilidad compartida que involucra a autoridades policiales locales, estatales, tribales y federales, y organizaciones no gubernamentales y sin fines de lucro, gobiernos de todo el mundo y comunidades en toda la nación”, aseguró la secretaria de Seguridad Interna (DHS), Janet Napolitano, a través de un comunicado.