En Europa también se ha hecho lo propio, primero creando el Tribunal de Derechos Humanos, cuya jurisdicción rebasa por supuesto el alcance de los 27 países miembros de la Unión Europea y ahora también, desde la aprobación del Tratado de Lisboa, con la introducción de la Carta de Derechos Fundamentales como parte integral de su marco jurídico constitucional.

Regresando al caso de América y, en particular de México, además de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, desde 1998 nuestro país reconoce la jurisdicción contenciosa del máximo órgano rector en la materia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A partir de este acontecimiento poco a poco algunos de nuestros connacionales, asesorados por expertos en la materia, han empezado a dar uso a esta instancia buscando justicia bajo el amparo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Los casos más relevantes que incumben a nuestro país y en los que hasta ahora se ha pronunciado la Corte dictando sentencias son: Martín del Campo, Castañeda Gutman, Campo Algodonero y Revilla Pacheco. Hasta ahora, sin embargo, nuestras autoridades no han dado cabal cumplimiento a estas resoluciones de la Corte. En principio existe un gran debate sobre cómo implementarlas en nuestro país sin caer en contradicciones con nuestro propio marco jurídico fundamental y sin ser omisos ante nuestras obligaciones internacionales.

Las tesis más progresistas sostienen que, al ser resoluciones que amplían la protección de ciudadanos no contradicen nuestra propia legislación, sino que llenan lagunas en la misma. La dificultad en cuestión es que las sentencias de la Corte son muy extensas y en las mismas, al resolver los asuntos en particular, señalan una serie de cambios y modificaciones en prácticas y/o normas internas que los países condenados deben atender.

Es por eso que resulta indispensable diseñar un sistema de orden, control y cooperación para atender esta nueva dinámica del sistema interamericano que hoy en día es una realidad práctica en nuestro país.

El compromiso por atender los criterios de la Corte y apoyar así su importante función, es vital para salvaguardar la fuerza imperativa que deben tener sus decisiones.

Si tenemos una institución que vela por los derechos humanos y que además nos costó mucho tiempo y esfuerzo construir, además de haber probado su imparcialidad y calidad analítica en los asuntos que ha enfrentado, lo menos que podemos hacer es cumplir con nuestras obligaciones y diseñar cuanto antes el mejor mecanismo para ejecutar sus sentencias.

En política exterior, nuestro gobierno siempre se ha ufanado en tener un firme compromiso en la protección de derechos humanos, hoy tenemos el reto internacional de hacer eficaz lo que tanto hemos presumido. En política interior, resulta por lo menos preocupante que la ineficacia de nuestras propias instituciones—la CNDH y el Poder Judicial— orille cada vez más a buscar justicia en otras instancias (a los casos mencionados se acumulan los de Rosendo Cantú y Fernández Ortega).

En cualquier caso, debemos actuar rápido y cumplir de inmediato con nuestras responsabilidades.