No todos los Estados son iguales. Los hay que invierten en hacer que ningún acto terrorista salga gratis.
MICHEL Germaneau fue decapitado anteayer por los islamistas de Al-Qaida en el Maghreb. Ayer mismo, Nicolas Sarkozy declaró solemnemente que los asesinos no quedarán impunes. Ni en Mauritania, ni en Malí. Dichas por un Zapatero, palabras así hubieran provocado un sofocón de risa a los mártires de Alá. Que tienen la fea costumbre de estar bastante informados de lo que pasa en territorio enemigo. Y de saber cuál diferencia marca el riesgo de asesinar a un ciudadano de un país cuyo Estado defiende a sus contribuyentes y un Estado para el cual los contribuyentes son cajeros automáticos a cuya costa financiar la alianza de las civilizaciones, esto es, las armas y munición —espiritual como física— con que Al-Qaida ejecuta.
Moratinos, claro está, ha declarado lo de siempre: ¿y qué otra cosa puede hacer, el pobre? Que eso de matar rehenes es cosa que nuestros civilizatorios aliados sólo harán con los franceses, cuyo Gobierno se empecina en la fea costumbre utilizar a su ejército y sus servicios de inteligencia para combatir, en vez de plegarse al ejemplo humanitario de los nuestros: «antes morir que matar», Bono dixit. Sarkozy no sabe de eso. Ni su primer ministro, que anunció, tras el crimen, cómo «la lucha contra el terrorismo continuaría…, para acosar a los asesinos y llevarlos ante los jueces». ¿Se imagina alguien a Zapatero o Moratinos —de la señora Chacón, mejor ni hablo— dictando órdenes para que el ejército español «acose» a humanitarios guerreros de Al-Qaida? No, por Dios. Sería un inmoral sabotaje islamófobo contra la angélica alianza de las civilizaciones.
¿Retóricas diferentes? Puede. Pero también otra cosa. En la prisión de Poissy se pudre Ilich Ramírez Sánchez. Se pudrirá de por vida, por más que el colega Hugo Chávez se desgañite en Caracas exigiendo a Francia la libertad de su guerrillero heroico. No hay riesgo de que a Chávez nadie se lo tome en serio: esas cosas quedan sólo para la humillada diplomacia de la España socialista. Ilich Ramírez Sánchez fue, durante veintiún años, más conocido por su alias como jefe de operaciones exteriores del FPLP palestino: Carlos. Aunque la prensa francesa lo apodó «el Chacal», tras el asesinato en 1975 de dos policías en París. Diecinueve años después, el héroe de Chávez entraba en el quirófano de Jartum para una cirugía estética que garantizase su cambio de identidad. Era el 14 de agosto de 1994. Cuando salió de la anestesia, se encontró en París. Ni el mejor penalista de Francia —y también el más caro— pudo salvarlo de lo inexorable. Para el asesinato con premeditación, el código francés prevé cadena perpetua. Esa que fue dictada contra Ramírez Sánchez. Esa que cumplirá, hasta el último de sus días, el guevariano reciclado en islamista. Sin redención posible de pena.
No, no todos los Estados son iguales. Los hay que apuestan por socorrer a quien tortura y mata a ciudadanos propios que pagan sus impuestos. Los hay que, en la paciencia y el tiempo largo que es el de los servicios de inteligencia, invierten el dinero de los ciudadanos en defenderlos de místicos matarifes. Lo que es lo mismo, en hacer —con la ley por delante— que ningún acto terrorista salga gratis. Ninguno. Que cada cuál elija cuál Estado prefiere.
