Pero esa interpretación es en gran medida una simple ilusión falsa de quienes apoyan la secesión. El dictamen consultivo y no vinculante fue la respuesta a una pregunta muy concreta de la Asamblea General de las Naciones Unidas: la de si es legal declarar la independencia conforme al derecho internacional. Los jueces sostuvieron con razón que no hay ninguna norma internacional que impida a un grupo declarar su intención o su deseo de constituir un Estado, pero nada decía sobre las condiciones aplicables a la plasmación final de dicha intención: es decir, el acto mismo de secesión.

De hecho, el Tribunal procuró no dejar duda alguna al respecto: "Se trata de una pregunta muy concreta... No se pregunta si Kosovo ha alcanzado o no la condición de Estado". Los jueces compararon su dictamen con el emitido por el Tribunal Supremo del Canadá cuando se le pidió que resolviera sobre el derecho de Quebec a la sucesión unilateral. En aquel caso, la pregunta se refería a mucho más que una declaración de independencia; se preguntó al tribunal si Quebec tenía derecho -y en qué condiciones- a separarse del Canadá conforme a la Constitución canadiense o al derecho internacional.

Los jueces canadienses sostuvieron que el derecho internacional no concedía ese derecho unilateral (como tampoco la Constitución del país). Como señaló el Tribunal Internacional, su sentencia de la semana pasada refutaba esa tesis decisiva: "La pregunta que se le ha formulado no exige al Tribunal que adopte una posición (...) sobre si el derecho internacional confiere en general a entidades de un Estado el derecho a separarse de él".

Además, el Tribunal tomó nota de las opiniones radicalmente diferentes expresadas ante él sobre si la libre determinación en el derecho internacional entraña un derecho unilateral a la secesión. Al reconocer la diversidad e intensidad de las discrepancias entre Estados sobre el derecho a la secesión, el Tribunal parece haber insinuado que no existe el consentimiento necesario de la comunidad mundial para establecer firmemente la existencia de semejante derecho.

Antes de concluir que ahora existe una "clara vía" para la independencia de Kosovo, vale la pena considerar las importantes preguntas que el Tribunal no contestó  (ni le había formulado la Asamblea General). No se preguntó al Tribunal -y, por tanto, este no resolvió al respecto- si el derecho internacional exige que el estatuto final de Kosovo proteja al grupo y los derechos individuales de las minorías, ya se trate de los serbokosovares o los roma.

Asimismo, no se preguntó al Tribunal -y este no resolvió al respecto- si está obligada Serbia -o, de hecho, cualquier otro Estado de la comunidad mundial- a reconocer a Kosovo como Estado independiente. Tampoco la resolución del Tribunal abordó las fronteras de un Kosovo independiente ni si -y en qué circunstancias- se podría utilizar la fuerza legalmente para imponer la independencia u oponerse a ella.

Para que la suerte de Kosovo -y de toda la región balcánica- se guíe por el imperio del derecho mundial, se deben responder esas preguntas, en lugar de barrerlas bajo la mesa. Conforme a los procedimientos vigentes, la formulación de preguntas al Tribunal Internacional es una prerrogativa exclusiva de los Estados, ya sea como partes en un debate o, como en el caso del dictamen sobre Kosovo, por mediación de las Naciones Unidas, pero los derechos de las personas y de los pueblos, y no solo los intereses de los Estados, están en juego en controversias como esa. Para impartir justicia internacional actualmente, necesitamos un nuevo tipo de tribunal mundial, al que puedan recurrir todas las voces.

* Robert Howse enseña Derecho Internacional en la Universidad de Nueva York, en la que es director del profesorado del Instituto Internacional de Derecho y Justicia. Ruti Teitel enseña Derecho Internacional y Comparado en la Escuela de Derecho de Nueva York y es profesor visitante de gobernación mundial en la London School of Economics.