El dictamen suspende las provisiones de la ley de Arizona que permiten a las policías locales exigir documentos inmigratorios a personas por la mera sospecha de que residen ilegalmente al país. Eso podría haber llevado a que la policía interrogue a todos los hispanos con quienes entra en contacto, ya sean residentes legales o indocumentados, por su mero aspecto.

Pero contrariamente a la opinión generalizada de que el fallo fue una victoria de las fuerzas pro inmigración, podría tener un impacto negativo en las elecciones legislativas de noviembre, y terminar resultando perjudicial para los inmigrantes.

En primer lugar, la resolución judicial fue tan sólo el primer paso de lo que probablemente sea una prolongada batalla legal. La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, una abierta defensora de la ley estatal, ya ha dicho que ha apelado el dictamen y que está dispuesta a llevar el caso hasta la Suprema Corte. La batalla legal recién empieza.

Los defensores de la ley estatal y de otras leyes similares que han sido presentadas en 17 estados dicen que ante la inacción del gobierno federal, los estados deben tomar medidas propias para detener el flujo de inmigrantes ilegales. El gobierno del presidente Obama y los grupos pro inmigración dicen que la ley de Arizona viola derechos fundamentales, y reclaman una reforma inmigratoria integral.

En segundo término, el dictamen judicial posiblemente sirva para energizar a los republicanos en las lecciones de noviembre.

Los grupos republicanos que apoyan la ley de Arizona lo utilizarán como grito de guerra que aliente a votar contra el gobierno, y elegir un nuevo Congreso más favorable a medidas draconianas contra la inmigración.

``Me temo que la consecuencia no buscada de este dictamen sea redoblar los esfuerzos de los partidarios de la ley de Arizona a nivel nacional, para detrimento de los inmigrantes'', me dijo el profesor de leyes de Temple University Peter Spiro. ``Se están dando contra la pared a nivel estatal, de manera que redoblarán sus esfuerzos a nivel federal''.

En tercer lugar, y lo más importante, la noticia de la suspensión de las partes más severas de la ley de Arizona puede llevar a que muchos hispanos pierdan interés en votar en noviembre. Sin el apoyo de los hispanos, muchos candidatos a congresistas que se oponen a leyes como la de Arizona podrían perder las elecciones, y eso podría dar lugar a un Congreso más ``duro'' en materia migratoria.

Obama ganó la elección presidencial del 2008 con un 67 por ciento del voto hispano. Pero una nueva encuesta de Associated Press y Univision dice que sólo el 57 por ciento de los hispanos aprueba su gestión actualmente.

``Definitivamente, el mayor temor del Partido Demócrata es que los hispanos no vayan a votar en noviembre'', me dijo el encuestador demócrata Sergio Bendixen. ``Si los hispanos no salen a votar, el partido podría sufrir pérdidas mucho mayores de las esperadas''.

Además de la percepción de que la ley de Arizona ha dejado de ser una amenaza inminente, muchos hispanos posiblemente no vayan a votar porque están decepcionados con Obama por no haber cumplido su promesa de campaña de presentar una reforma inmigratoria integral al Congreso al comienzo de su mandato, dijo Bendixen.

Aunque pocos encuestadores predicen que los republicanos se apoderarán de la Cámara de Representantes, muchos afirman que los republicanos pueden ganar en el Senado.

Mi opinión: Sé que esto suena raro, pero si la jueza no hubiera bloqueado las partes más severas de la ley de Arizona, la legislación estatal podría haber muerto por causas naturales. Las fuerzas policiales de Arizona pronto se hubieran dado cuenta de que no tienen recursos para actuar como agentes federales de inmigración, ni ganas de ser vistas a nivel mundial como un símbolo de prácticas racistas.

Si la ley estatal hubiera entrado en vigor intacta, el enojo en la comunidad hispana se hubiera traducido en una votación masiva a favor de los demócratas en noviembre, lo que le ayudaría al Partido Demócrata a conservar la mayoría en ambas Cámaras del Congreso, y luego negociar una reforma inmigratoria integral desde una posición de fuerza.

Ahora, será más difícil que los hispanos vayan masivamente a las urnas, y podríamos terminar con un nuevo Congreso con más legisladores antiinmigrantes que el actual. Ojalá me equivoque, pero es una posibilidad real.