El grupo Pescarmona presentó una impugnación: dice que su oferta era más baja.
La
cuestionada preadjudicación de la obra hidroeléctrica de Chihuidos a
Electroingeniería y CPC de Cristóbal López-–dos empresas que están fuertemente
identificadas con la Casa Rosada–sumó una nueva denuncia que pone sobre el
tapete serias irregularidades de las autoridades neuquinas y nacionales que
llevaron adelante la licitación.
A los
embates judiciales que lanzaron diputados de la oposición, se agregó ahora una
impugnación directa promovida por el grupo Pescarmona, uno de los dos oferentes
que presentó una propuesta más económica que la que fue declarada ganadora.
Tras
agotar los reclamos ante el ente que piloteó la licitación (EMHIDRO), el grupo
mendocino que conduce Enrique Pescarmona llevó su ofensiva hasta el gobernador
de Neuquén, Jorge Sapag. Por medio de un recurso administrativo, impugnó la
preadjudicación y solicitó que se suspenda el contrato hasta que se investiguen
las irregularidades.
Pescarmona
denunció que la obra fue entregada al grupo que presentó “el mayor costo de
construcción, la tarifa más cara y un financiamiento que no cumplió con las
exigencias del pliego”.
De
acuerdo con los datos obtenidos por Clarín , la impugnación –que Pescarmona
piensa elevar a la Justicia si no es tenida en cuenta por la provincia– hace
foco en las siguientes cuestiones: El “financiamiento propio” del consorcio
ganador es inexistente porque el tomador y garante final de los créditos del
BNDS de Brasil, Banco de Córdoba y Macro es el Estado Nacional.
Tras
recibir las ofertas, la comisión evaluadora aprobó una metodología de análisis
de las propuestas que no fue informada a los oferentes.
Con
distintos requerimientos, se le permitió a Electroingeniería y CPC mejorar la
oferta en “una clara violación de las reglas de juego”. Inicialmente el grupo
solicitó una “tarifa monómica” para el repago de la obra de 113,37 US$/ MWh;
pero a la hora de analizar la oferta, se tomó en cuenta un valor menor de 86,06
US$/MWh para favorecerlo.
La
polémica por Chihuidos arrancó a fines de 2009, cuando se declaró vencedera de
la licitación a la propuesta de US$ 1.560 millones que había presentado el
consorcio integrado por Electroingeniería, CPC, la brasileña OAS y las locales
Hidrocuyo y Rovella Carranza.
Junto
con el monto de la obra y el precio de la energía, uno de los ítems clave para
adjudicar el proyecto era la “ mayor proporción de financiamiento privado ” que
ofrecían los consorcios en pugna.
Basados
en ese último punto y pese que la oferta total fue muy superior a las que
presentaron otros dos grupos, los funcionarios le preadjudicaron la obra a
Electroingeniería y CPC. Según la información oficial, la financiación propia
había alcanzado al 66% del total con crédito del BNDES de Brasil de US$ 729
millones y otro de los bancos Córdoba y Macro por 302 millones de dólares.
El caso
fue llevado a la Justicia por el diputado nacional Juan Carlos Morán (CC),
quien denunció a las principales figuras del Gobierno y a los empresarios por
la existencia de supuestos sobreprecios, competencia desleal y defraudación a
la administración pública.
Según
advirtió Morán en la denuncia que investiga el juez federal, Ariel Lijo, “el
riesgo empresarial del consorcio es inexistente porque se trata de una nueva
maniobra del Gobierno que beneficia a los empresarios amigos para que tengan un
financiamiento que no pueden obtener en condiciones de igualdad con otros
oferentes”.