Si un extranjero aterrizara hoy en Colombia y le presentaran el paquete de reformas que está proponiendo el gobierno de Juan Manuel Santos podría pensar que se va a fundar un nuevo país. Lo cual le debe resultar extraño si, en teoría, este gobierno es el heredero del anterior.

Hace muchas décadas que un gobierno no se proponía tocar fibras tan básicas de la conformación del Estado. El presidente Álvaro Uribe, en 2002, también llegó con un importante paquete de reformas, pero estas tenían que ver más con finanzas (la reforma pensional, la reforma laboral y el fallido referendo de 2003), con el intento de adelgazar la burocracia (la fusión de ministerios y la liquidación de entidades) y un énfasis en el conflicto armado (el impuesto de guerra y las fallidas zonas de rehabilitación).

En el caso de Juan Manuel Santos, las reformas tienen que ver con la manera como viene funcionando el Estado. Para decirlo de forma sencilla: mientras las reformas de Uribe, enfocadas en finanzas y seguridad, son más propias de un Estado de corte conservador, las de Santos, que buscan fortalecer las instituciones democráticas y la redistribución, están ligadas a una visión liberal del Estado.

Y la lista es larga, según se desprende de los anuncios hechos por distintos funcionarios cuando apenas ha transcurrido una semana de gobierno. Solo las reformas de mayor impacto estructural suman más de diez: la de justicia, la política, la electoral, la del sistema de salud, la de ordenamiento territorial, la de tierras, la del régimen de regalías, la creación de los fondos de compensación, la eliminación de la Comisión Nacional de Televisión, el estatuto anticorrupción y la creación de tres nuevos ministerios.

El otro elemento que hace distinto a este paquete de reformas es el Congreso encargado de aprobarlo: miembros de distintos partidos consultados por SEMANA, incluido el presidente de la corporación, Armando Benedetti, consideran que se aprobará sin mayores problemas. Y no es solo por la tradicional luna de miel del primer año de casi todos los gobiernos con el Congreso, sino que en este caso se suman dos elementos definitivos: la arrolladora mayoría del gobierno en el Congreso (más del 80 por ciento) y un predominio de novatos tanto en el Senado como en la Cámara.

Esas condiciones son tan favorables que se convierten en un arma de doble filo, pues no tendría mucha presentación que al final del día el gobierno no logre sacar adelante proyectos de trascendencia histórica, por los cuales sectores enterados han esperado tantas décadas, como el voto electrónico y la eliminación del voto preferente, por mencionar solo dos ejemplos.

La reforma de regalías es tal vez una de las más urgentes para el gobierno, porque de ella podrá obtener nuevas fuentes de recursos. La idea es acabar con esa figura de los municipios Beverly Ricos que dilapidan el dinero y poner a disposición del Estado central cerca de seis billones de pesos. Con la bonanza minera que se espera, el monto puede subir a ocho billones de pesos. Una cifra considerable si se tiene en cuenta que el presupuesto de inversión del gobierno es de unos 20 billones.

Y de esta reforma se desprenden otros cambios también fundamentales: el aumento de la inversión en ciencia y tecnología (con el 10 por ciento de las regalías que prometió Santos en su discurso) y la creación del Fondo de Compensación Regional. Este fue uno de los más mencionados en el día de la posesión del presidente Santos, pues se ha convertido en el caballito de batalla del senador Benedetti y de la región caribe en general. Se trata de que una gran tajada de las regalías se destine, como lo dijo Santos en su discurso, "a cerrar la brecha de desarrollo entre las regiones de la periferia y el centro del país".

En el listado de las tareas inmediatas también está, en primer lugar, una cirugía a fondo del sector salud, una reforma de las dimensiones de la Ley 100, porque el sistema, como está planteado, no resiste hasta el año entrante. Y, en segundo lugar, también urge que el Congreso le dé facultades extraordinarias al gobierno para reestructurar el Estado. La idea de la Casa de Nariño es que el próximo año ya pueda comenzar con los ministerios nuevos, producto de la división de Vivienda y Ambiente, Protección y Salud e Interior y Justicia. Pero lo que no se ha dicho es que el gobierno aprovecharía ese permiso especial para eliminar o transformar el DAS, que tantos dolores de cabeza le dio al país en los últimos ocho años.

La otra papa caliente también con carácter de urgente es la eliminación de la Comisión Nacional de Televisión. Así lo dijo la semana pasada el ministro del Interior, Germán Vargas, al anunciar que radicará el proyecto para acabar con esta entidad, que si bien fue creada con el sano interés de evitar la concentración del Ejecutivo sobre un medio tan poderoso como la televisión, en realidad en sus 20 años de funcionamiento no ha cumplido esa tarea.

El gobierno tendrá que fijar prioridades porque, a pesar del buen ambiente, sería casi un milagro que el Congreso logre dar abasto con todas estas megarreformas. Y es ahí donde se pondrá a prueba el carácter de estadista de Juan Manuel Santos: si se inclina por las urgentes en detrimento de las importantes, podría dejar de nuevo postergadas reformas fundamentales. Hay, por ejemplo, tres reformas que van a la médula del Estado liberal y que pueden parecer menos urgentes: las reformas política, de justicia y de tierras. En ninguno de los tres casos están claros hoy sus alcances.

En la política y electoral, por ejemplo, el ministro Vargas Lleras habla del voto electrónico; el Partido Verde, a través del senador John Sudarsky, ya radicó un proyecto, y hay quienes dicen que hasta se podría aprobar la reelección de alcaldes y gobernadores. En cuanto a la reforma a la justicia, el Ministro habló primero de suprimir el Consejo de la Judicatura, que es el encargado de administrar los recursos de la rama, pero unos días después dijo que se mantendría la sala administrativa de esa alta Corte. Y en la de tierras, mientras el presidente Santos dijo en su discurso que se les devolverá la tierra "a quienes la trabajan con sudor", el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, ha precisado que se trata de "destrabar los mecanismos legales" para la devolución de predios a los desplazados.

Y en este paquete de grandes reformas no están contabilizados otros proyectos también de gran calado que tendrá que aprobar el Congreso, como el del acuerdo de las bases con Estados Unidos, que, tal y como van las cosas, la Corte Constitucional podría ordenar esta semana que se le dé carácter de tratado y le dará al gobierno un año de plazo para que lo tramite en el Congreso. Y otras iniciativas como la del primer empleo y la formalización de las empresas.

En los últimos 20 años Colombia vivió un periodo muy traumático de su historia. La mafia, la guerrilla y los paramilitares se apropiaron de buena parte del territorio y provocaron daños importantes a las instituciones del Estado. En lo que va corrido de este siglo, las Fuerzas Militares retomaron la iniciativa, y la prioridad entonces fue la guerra. Ahora, cuando el país parece respirar más tranquilo, con un Congreso dispuesto, un ministro del Interior descendiente de un gran reformador como Carlos Lleras Restrepo y un presidente como Juan Manuel Santos que, como pocos otros, quiere pasar a la historia con transformaciones de fondo. Habrá que ver si todo hace parte del entusiasmo de un gobierno que comienza o si realmente se están gestando grandes reformas que Colombia necesita.