Los comandantes de la Séptima y de la Octava División de Ejercito, ubicadas en los departamentos de Cochabamba y Santa Cruz, reconocieron que están brindando instrucción militar a civiles, en un programa denominado Entrenamiento de Patriotas, el mismo que comprende el manejo de armas. Por su parte, el Vicepresidente del Estado, Alvaro García Linera, no solo admitió el hecho sino que lo defendió, señalando que el mismo responde a la necesidad de ampliar la base de formación cívica que es obligatoria dar a los ciudadanos.

Obviamente, ninguna de estas autoridades explicó porque no se convocó públicamente a todos los ciudadanos que desearan recibir esta instrucción y la misma tuvo que ser descubierta y denunciada a través de los medios de comunicación. Tampoco, quisieron responder si estaba abierta a cualquier grupo que la solicitara.

Este programa contradice las posiciones que el Gobierno Nacional ha manifestado públicamente en los años anteriores, quien ha denunciado permanentemente la supuesta creación de grupos civiles para derrocarlo. Incluso, los programas de seguridad ciudadana que diversas Prefecturas de Departamento intentaron desarrollar mediante la formación de grupos de vigilancia vecinal, que, sin el uso de armas, dieran seguridad a los barrios con mayores problemas de delincuencia, fueron prohibidos bajo el argumento de que constituirían una amenaza para la seguridad nacional.

Por supuesto, nunca se condenó sino que se estimuló, la formación de la policía sindical en las zonas de producción cocalera y de policía la comunitaria en regiones afines al gobierno. Esto no nos debe extrañar. Quien conozca algo de Venezuela, o haya visto el excelente documental de CNN, Los Guardianes de Chavez, se dará cuenta que este es uno de los instrumentos que ha diseñado el chavismo para perpetuarse en el poder y caminar hacia un régimen totalitario. No es algo nuevo en la historia, pues todos los totalitarismos buscan reemplazar a sus ejércitos con cuerpos de partidarios militarizados. Las SS alemanas fueron una de los mayores y peores ejemplos de la degeneración y abusos que caracterizan a este tipo de movimientos.

Estos programas de militarización de grupos políticos afines al gobierno no solo constituyen una grave violación de la Constitución y de todo principio de ordenamiento jurídico del país, sino una seria amenaza para la paz social en Bolivia.

Si el presidente Evo Morales quiere que la población confíe en sus anuncios de búsqueda de concertación y pacificación, lo primero que tiene que hacer es ordenar la inmediata cancelación de la militarización de civiles, algo que solo corresponde a épocas de guerra.

Oscar Ortiz Antelo es ex presidente del Senado de la República de Bolivia.

Este artículo fue publicado originalmente en El Deber (Bolivia) el 11 de agosto de 2010.