Al nuevo ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, le cambió la suerte a comienzos de mayo. En ese momento su campaña presidencial no despegaba y todo el mundo se preguntaba por qué su excelente estrategia publicitaria, sus elaboradas propuestas y sus elogiadas participaciones en los debates no eran suficientes para sacarlo de los últimos lugares de intención de voto en las encuestas. Desde el punto de vista político se encontraba en el limbo, porque después de haber sido un cercano aliado de Álvaro Uribe durante seis años se opuso a la segunda reelección y se ganó el odio de su ex jefe. No lo querían ni los uribistas ni los antiuribistas.

Sin embargo, la política es una ruleta. Hoy el Ministro del Interior está pasando por lo que podría ser el mejor momento de su vida. Remató la campaña con un repunte vertiginoso y ocupó un sorpresivo tercer lugar en la primera vuelta, detrás de Juan Manuel Santos y Antanas Mockus, con una votación de 1.473.627, es decir, 10,11 por ciento del total. El ascenso iba de la mano de una imagen de estadista, no solo por la seriedad de sus programas sino por la elocuencia de sus intervenciones. Ahora, su designación en la cartera política desde el 7 de agosto lo convirtió en el hombre del momento para liderar la transformación institucional que el presidente Juan Manuel Santos y él aspiran a poner en práctica en los próximos meses. Vargas se mueve como pez en el agua en el Congreso y en la alianza de la Unidad Nacional, que son los escenarios donde se librarán las batallas para sacar adelante esas reformas. Y como si todo lo anterior fuera poco, la semana pasada se casó con su novia de 11 años, Luz María Zapata, en una discreta ceremonia en Miami.

Vargas Lleras, sin duda, está en su cuarto de hora. Necesitó apenas un par de días para cambiar el ambiente de confrontación que se había agudizado en los últimos años entre los poderes Ejecutivo y Judicial. Se calmaron las aguas entre el presidente Santos y todos los magistrados de las Cortes. Visitó a los partidos que no están en la coalición de gobierno, el Polo Democrático y los verdes, en los que fueron muy bien recibidos sus anuncios de que respetará el debate y promoverá un estatuto de oposición. Y se ha sentado con todas las fuerzas que forman parte de la Unidad Nacional -la U, el Partido Conservador, el Partido Liberal y la suya, la de Cambio Radical-, y ha logrado así un clima de paz política que no se había sentido hace varios años.

El ministro Vargas Lleras encaja en los criterios que aplicaba John F. Kennedy para escoger a sus colaboradores: es la persona adecuada para el cargo correcto en el momento preciso. Juan Manuel Santos habría podido marginar a su ex rival, no solo por las heridas que siempre deja una campaña, sino porque Germán Vargas ha demostrado que quiere persistir en su empeño de alcanzar la Presidencia. Podría tener agenda propia, ansias de protagonismo y hasta intenciones de competir con Santos, si este busca la reelección en 2014. En esas circunstancias, el Presidente podría haber concluido que no era conveniente darle una plataforma tan visible.

Pero Santos, en su intención de nombrar un gabinete de pesos pesados, le entregó una misión crucial y compleja de la cual depende gran parte del éxito de su gobierno. El Presidente buscó en Vargas Lleras un antídoto contra la pesadez burocrática del Legislativo y por eso no es claro si, con el nombramiento, este se ganó el premio mayor o la rifa del tigre.

El Ministro, consciente de lo que se viene, se ha tenido que mover con rapidez. En solo dos semanas ha presentado una amplia lista de proyectos de ley y de reformas constitucionales. Ahora los tiempos gozosos de los anuncios y de las actitudes conciliadoras serán reemplazados por una segunda etapa mucho más dura. La primera legislatura, que va hasta diciembre, es muy breve y a la vez definitiva. Se sabe que los gobiernos tienen una luna de miel en la que el Congreso les aprueba con más facilidad sus iniciativas, y que después todo se vuelve más difícil. En los pasillos del Capitolio, entre los congresistas ha hecho carrera la frase de que "el primer año es del gobierno, el segundo es compartido y los otros dos son nuestros". Si el gobierno Santos y el ministro Vargas Lleras no aprovechan el momento, será muy difícil empujar una agenda legislativa tan pesada en el futuro.

El conjunto de reformas incluye temas con los que el Congreso no simpatiza. Muchos de ellos han sido postergados por los callos políticos que pisan y la falta de consenso que generan. Un ejemplo de esto es la reforma del régimen de regalías, que implica quitarles fondos a los departamentos donde están localizados los recursos naturales, para redistribuirlos con un criterio nacional. Otras de las reformas han fracasado en el pasado, como la abolición de la cuestionada Comisión Nacional de Televisión, cuyos miembros han probado ser unos efectivos 'lobbystas' ante el poder Legislativo. Otras más afectan intereses de los congresistas, entre los cuales está el de acabar el voto preferente, que les permite hacer campañas individuales. Y algunos atentan contra intereses personales de quienes tienen que aprobar las reformas: varios senadores y representantes, por ejemplo, son terratenientes y mirarán con lupa la ambiciosa iniciativa que lidera el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, para modificar la propiedad y la tenencia de la tierra a favor de quienes "la trabajan con sudor", en palabras de Juan Manuel Santos en su discurso de posesión.

Otros puntos de la agenda también generan reacciones viscerales y oposiciones radicales. La ley de víctimas ya se hundió en el pasado por falta de acuerdo sobre dos aspectos muy espinosos: su costo fiscal y la incorporación de los afectados por acciones de agentes del Estado. En la reestructuración del sistema de salud hay que tomar decisiones sobre qué enfermedades se excluyen del POS, que es una determinación que implica altos costos políticos. En la ley de primer empleo para los jóvenes es necesario encontrar de dónde se sacan seis billones de pesos que el Estado dejaría de percibir por ese concepto. Y el proyecto de reforma a la Justicia, una de las principales banderas de la campaña, contempla varios puntos difíciles, entre los cuales está la abolición del Consejo Superior de la Judicatura, que ya había sido propuesta por el ex presidente Uribe, pero que naufragó en las aguas tormentosas del lobby hecho por sus magistrados.

Los gobiernos que han intentado pasar proyectos trascendentales en el Congreso, durante los últimos años, se han chocado además con la arraigada cultura clientelista. Los parlamentarios consideran que sus votos se cambian por puestos. Pero el gobierno de Juan Manuel Santos ha mostrado poca disposición para recurrir a ese instrumento. Primero, porque no le gusta, no solo por motivaciones de principios sino por razones pragmáticas. La Secretaría General de la Presidencia, que en otros gobiernos ha manejado el famoso computador que organiza la repartición de cuotas, estará en manos de Juan Carlos Pinzón, que tiene un perfil de gerente y no de político. Y al ministro Vargas Lleras no le conviene ser asociado con una imagen de clientelista para su aspiración de consolidar el segundo lugar de la fila india de presidenciables. Otro factor nada insignificante es el antecedente de los procesos judiciales que están en marcha contra los ex ministros Sabas Pretelt y Diego Palacio, por un intercambio de favores al Congreso a cambio del apoyo a la reelección de Uribe. "Lo que antes se llamaba oxígeno ahora se llama cohecho", dicen por estos días en los corredores del Palacio de Nariño. En la "urna de cristal" de la era Santos se aspira a que esas prácticas queden superadas.

Santos y su ministro Vargas Lleras, en consecuencia, necesitan un esquema diferente de relaciones entre los poderes Ejecutivo y Legislativo. La columna vertebral es el concepto de Unidad Nacional. Aunque sin milimetría ni pactos explícitos, la composición del gobierno -que apenas se ha definido en el nivel de ministros, viceministros y unos pocos directores- seguirá incluyendo a miembros de todas las fuerzas de la coalición. Vargas Lleras ha abierto canales de comunicación con todos los partidos, y el propio Presidente también se ha encontrado con las bancadas que lo apoyan.

Se ha acordado darles prioridad a los proyectos de regalías y reforma a la salud, y en la aprobación de las facultades extraordinarias necesarias para que el Ejecutivo pueda, por decreto, crear tres nuevos ministerios -Justicia, Medio Ambiente y Trabajo- y reestructurar el DAS. El primer reto será ganar los debates en las comisiones primeras de Senado y Cámara, que son en las que tradicionalmente se han definido los grandes temas políticos. También habrá negociaciones paralelas, por fuera del Congreso, para introducir los puntos de vista del Polo Democrático y del Partido Verde en el estatuto de oposición, y con las Cortes sobre la reforma a la justicia.

El gobierno confía, también, en que la ley de bancadas contribuirá a que los miembros de los partidos de la alianza de Unidad Nacional voten de la forma acordada con el gobierno. La Corte Constitucional dejó en claro, en el fallo que tumbó el referendo reeleccionista en febrero pasado, que votar contra las decisiones adoptadas por su propio partido, según sus mecanismos internos, tiene consecuencias graves.

Pero más que una estrategia muy sofisticada o el temor a una sanción legal, lo que al final va a determinar el éxito o el fracaso del paquete de reformas será el trabajo, día tras día, del ministro Vargas Lleras. Un hombre que conoce el medio parlamentario -ha sido senador y presidente de la Corporación- y se mueve como Tarzán en la selva tropical del Congreso. Las mayorías amplias, el apoyo de la opinión pública y una innegable simpatía de los medios hacia las reformas planteadas están a su favor. En el otro plato de la balanza, corre el tiempo en su contra: lo que no logre avanzar en los primeros cien días, o en la primera legislatura, se puede atascar en 2011, que es un año de elecciones de alcaldes y gobernadores. También hay un desbalance entre el tamaño y la profundidad de la agenda -muchos proyectos de difícil consenso- y la capacidad de trámite del Congreso. Y en escenarios como ese, en el pasado, se han desbordado los apetitos burocráticos de los padres de la patria.

La apuesta es ambiciosa. Juan Manuel Santos quiere darle a su presidencia un sello reformista y dar un gran paso adelante en materia institucional, tal vez el de mayor aliento desde el revolcón que introdujo la Asamblea Constituyente durante el gobierno de César Gaviria, hace dos décadas. El paquete legislativo implica la adopción de una nueva normatividad que incluirá leyes estatutarias y reformas constitucionales, cuyo objetivo es la solución de problemas estructurales que hasta hace poco se consideraban insolubles. Ese gran cambio, además del esfuerzo político, requerirá un esfuerzo económico muy considerable. Para que esto sea posible, es necesario que se vuelva realidad la bonanza de ingresos del petróleo y de la minería que algunos economistas prevén.

¿Lo logrará? El balance entre oportunidades y obstáculos es favorable en el punto de partida. Pero en política las cosas no son como parecen y no hay ninguna garantía de que las oportunidades al final se impongan sobre las dificultades. En buena medida, la conclusión está en las manos de Germán Vargas Lleras, quien por esa razón es el hombre del momento. Es decir, un momento definitivo de su carrera que no puede terminar en un punto medio. O se consagra o se quema.