Según Aníbal Fernández, no es posible cumplir con la orden de la Corte porque en Santa Cruz la procuraduría ya no existe –fue abolida por el entonces gobernador Kirchner porque Sosa investigaba el pago extrajudicial de los honorarios en el juicio por regalías petroleras, o sea por los célebres "fondos de Santa Cruz"–, pero sucede que la función que desempeñó no se ha visto eliminada. También ha intentado Fernández tratar el asunto como un ataque alevoso contra la autonomía provincial, un "golpe de Estado", como si a su entender Santa Cruz fuera un país soberano que no forma parte de la República Argentina. ¿Pensaría Fernández de igual modo si Santa Cruz estuviera en manos de la oposición? Es legítimo dudarlo. De todos modos, si bien es verdad que, como reza el artículo 123 de la Constitución nacional, "cada provincia dicta su propia Constitución", también lo es que tiene que hacerlo respetando los principios, declaraciones y garantías que rigen en el país en su conjunto, incluyendo, huelga decirlo, los ratificados por la Corte Suprema.

Como no pudo ser de otra manera, el embrollo provocado por la negativa de Kirchner a permitir la restitución de Sosa ha servido para intensificar el conflicto entre el oficialismo actual y el Poder Judicial que fue desatado por la resistencia de algunos magistrados a cohonestar ciertas medidas impulsadas por el matrimonio gobernante. Parecería que, en opinión del ex presidente, lo que en una oportunidad llamó "el Partido Judicial" milita en un frente opositor al lado del campo oligárquico y golpista, las Fuerzas Armadas, buena parte del empresariado, los economistas neoliberales y, por supuesto, diversos partidos políticos de la derecha, el centro y la izquierda. Que la Corte Suprema se haya visto incorporada al "rejunte" así supuesto es en cierto modo sorprendente, puesto que a inicios de su gestión el entonces presidente Kirchner fue aplaudido por haber promovido el desmantelamiento de la "Corte menemista" y su reemplazo por otra de calidad claramente superior, pero es de suponer que ya lamenta haberla reformado de modo tan drástico. Aunque en los años últimos la Corte Suprema ha actuado con mucha cautela por no querer sus integrantes enfrentarse sistemáticamente con el Poder Ejecutivo, a diferencia de otras que hemos tenido ha resultado ser más interesada en aferrarse a los principios básicos del derecho que en complacer al gobierno de turno, lo que es sin duda muy positivo. Sea como fuere, el que los Kirchner y sus colaboradores más destacados hayan ubicado a la Corte Suprema en el campo enemigo puede atribuirse a la inquietud que sienten ante la proliferación de causas relacionadas con distintos miembros del equipo gobernante. Como muchos otros presidentes anteriores, los Kirchner habrán esperado contar con una cantidad suficiente de amigos en el Poder Judicial como para ahorrarles problemas cuando ya haya terminado su "ciclo", pero tienen motivos de sobra para temer que éste diste ser el caso.