Al respecto, la política presupuestaria institucional del ministerio de Defensa para este año prevé, en relación al cumplimiento de sus actividades sustantivas: "sostener un sistema de defensa nacional, a través de un instrumento militar apto, que garantice ante la agresión externa de otro estado la integridad del territorio nacional y la seguridad de sus habitantes".

Si ésta es la justificación para mantener las Fuerzas Armadas en la Argentina, entonces habría que pensar seriamente en comenzar a abolirlas.

Como triste anécdota sobre las Fuerzas Armadas, una nota publicada el 25 de julio de este año en el diario Perfil, firmada por Pedro Ylarri, destacaba que "la situación es tan precaria que cuando el Gobierno quiso organizar un desfile para el Bicentenario, desde la cúpula militar advirtieron que ellos temían que los tanques se detuvieran en medio de la (Avenida) 9 de Julio".

"El bajo presupuesto de las Fuerzas Armadas, según legisladores y expertos, están trayendo cada vez más problemas al sistema de defensa, como bajo poder de fuego, equipamiento obsoleto, pérdida de efectivos y tropas poco tecnificadas", añadía el periodista.

Está claro que las Fuerzas Armadas de la Argentina no volverán a ser las de antes, que es cierto que no existen hipótesis de conflicto y, especialmente, que la ciudadanía no puede mantener una estructura totalmente inútil cuando existen otras prioridades a las cuales podrían destinarse los 10.118.057.875 de pesos que consume el ministerio de Defensa, de acuerdo al Presupuesto 2010.

Hay que tener en cuenta que para la seguridad interior, lo que más le preocupa hoy a los habitantes de la Argentina, se destinan a nivel nacional 11.186.586.156 pesos incluyendo en el ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos al Servicio Penitenciario Federal, la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que en total suman 105.042 empleados.

Por su parte, el ministerio de Defensa lo componen los tres estados mayores (del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea) y el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, que reúnen a un total de 101.833 efectivos.

En momentos en que está por ingresar el proyecto de Ley de Presupuesto 2011 y que, al mismo tiempo, se debaten propuestas ante el incremento de la inseguridad, los legisladores deberían pensar si tiene sentido mantener una estructura simbólica tan costosa que en gasto y recursos humanos representa prácticamente lo mismo que el área de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.

Es cierto que la eliminación de las Fuerzas Armadas tendría que contemplar la reasignación del personal, el cual podría optar por pasar a desempeñarse en la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria o las policías provinciales; o bien acogerse a un retiro voluntario que podría financiarse con parte de la venta de los terrenos que ocupan el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, el Estado Mayor Conjunto y el Ministerio de Defensa.

Luego, el ahorro en equipamiento de las Fuerzas Armadas tendría que reasignarse en la profesionalización y mejores salarios de las fuerzas de seguridad dedicadas a combatir la amenaza a la vida y propiedad de los habitantes de la Argentina.

En definitiva, y más allá de la utilidad revanchista que puede tener una propuesta de este tipo bajo un gobierno que reivindica los ideales antidemocráticos de la guerrilla setentista, una propuesta como ésta representa una iniciativa de claro corte liberal progresista.      

Gabriel C. Salvia es Presidente del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL).