Por unanimidad el Senado de la República decidió impulsar, “por obvia y urgente resolución”, la conformación de una Comisión Intersecretarial a través de la cual el gobierno de Felipe Calderón conozca, analice y prevenga los efectos que tendrán en la salud pública de México las políticas sobre el tratamiento y la liberación del uso y producción de la marihuana en Estados Unidos. En esa comisión intersecretarial deberán involucrarse las secretarías de Salud, Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, Seguridad Pública, Defensa Nacional, Marina Armada y la de Relaciones Exteriores, con la concurrencia del Poder Legislativo, todo con el fin de emitir un dictamen a más tardar el 31 de enero de 2011 y con ello dar “una solución administrativa y legislativa”.

Y es que, a juzgar por la Cámara de Senadores, las medidas que se han comenzado a adoptar en varios puntos del territorio estadunidense incidirán, entre otros rubros, en las estrategias del gobierno mexicano en cuanto al tratamiento de la prevención, de los consumidores y de su rehabilitación y, por ello, la propuesta busca que las secretarías del Estado Mexicano determinen las consecuencias del tratamiento y la regulación medicinal que ya se ejecuta en territorio del país vecino.

Bajo el argumento de que las políticas estadunidenses sobre la utilización de la marihuana “inciden directamente en México por las implicaciones comerciales, sociales y políticas que conllevan”, es que desde la tribuna legislativa del país un grupo de senadores, encabezados por el ex secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, propusieron al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara, Manlio Fabio Beltrones, que el Poder Legislativo exhorte a Felipe Calderón a conformar dicha comisión intersecretarial. Una vez expuesta la propuesta, todos los grupos parlamentarios la suscribieron, y en sus consideraciones presentadas ante el pleno el martes 21, los senadores mexicanos sostuvieron que la globalización inserta en el quehacer cotidiano de las naciones “ha traído como consecuencia la apertura de fronteras comerciales, financieras y en algunas regiones incluso de personas, y esta realidad no es ajena a la producción y tráfico de sustancias ilícitas que no distingue fronteras, convirtiéndose en un problema global y regional a la vez”.

Bajo esas circunstancias fue que Creel Miranda aseveró que la producción, tráfico y consumo de sustancias ilícitas no escapa a la era de la globalización y, como consecuencia de ello, dicho fenómeno delictivo debe ser analizado y combatido de manera conjunta entre las naciones que se ven afectadas, pues las políticas públicas o medidas legales que adopta determinado país tienen repercusiones en sus estados vecinos. Y agregó: “En México hemos considerado el problema de la producción, tráfico y consumo de sustancias ilícitas como un ámbito exclusivo de la política interior de nuestro país, cuando dicho fenómeno, por las repercusiones internacionales que conlleva, debe de ser abordado y afrontado además desde una perspectiva de política exterior. Estados Unidos ha llevado a cabo diversos actos, tanto administrativos como legislativos, sobre el tratamiento y regulación medicinal y recreacional de la marihuana, los cuales tienen implicaciones en nuestra política antidrogas y en el combate contra la delincuencia organizada que ha emprendido el Presidente de la República”, sostuvo Creel.

En los estados de Alaska, California, Colorado, Hawaii, Maine, Michigan, Montana, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregon, Rhode Island, Vermont, Washington y en el Distrito de Colombia se ha aprobado, en distintas medidas y límites, la posesión, producción y consumo de marihuana para usos medicinales. El documento establece: “Es importante considerar que se trata de una materia concurrente entre la Federación y los estados de ese país—. El 19 de octubre de 2009, el Fiscal General Adjunto del Departamento de Justicia, David W. Odgen —quien renunció en febrero del presente año, para ser sustituido por el Fiscal hoy en funciones, Gary Glinder— dirigió un memorándum a los fiscales federales de los estados en los que se ha autorizado el uso médico de la marihuana. Ese comunicado tiene la intención de servirles como guía para uniformar los criterios en las investigaciones y enjuiciamientos referentes al tráfico de drogas, y en él se establece que “dentro de sus prioridades no se deberán destinar recursos federales contra individuos cuyas acciones sean conformes con la legislación local respectiva para el uso medicinal de la marihuana”.

Es decir, se emite un lineamiento por demás laxo referente a la utilización de la marihuana para su uso médico. Ello es relevante si se toma en cuenta que obtener las prescripciones médicas necesarias, así como las respectivas identificaciones de consumidor de marihuana, es relativamente fácil al momento en que dicha sustancia puede ser prescrita para el insomnio, la inapetencia, la jaqueca, los espasmos musculares o la náusea, entre otros padecimientos. Cobra especial relevancia lo acontecido en la ciudad de Oakland, California, en el mes de julio de este año, cuando se aprobaron dos grandes medidas: una que autoriza la producción a gran escala de la planta de marihuana y la otra que impone 1.8 por ciento de impuesto a la comercialización de la misma. De esta manera los senadores mexicanos sostienen que las medidas adoptadas por Estados Unidos, tanto en el ámbito federal como en el local, tienen un impacto decisivo en las estrategias y políticas que ha desarrollado el gobierno mexicano, al tratarse de nuestro mayor socio comercial y por ser el mayor consumidor de las drogas que se producen y transportan desde México. “Es indispensable que analicemos las implicaciones que los actos y políticas que se han desplegado en Estados Unidos tendrán en nuestra sociedad y particularmente en el combate al crimen organizado emprendido por el gobierno federal”, se abunda en la propuesta que se hará oficial cuando el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara, Manlio Fabio Beltrones, haga ver al al Presidente la necesidad de instalar, de conformidad con el artículo 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, dicha comisión, con participación del Poder Legislativo Federal para “conocer, analizar y prevenir los efectos que tendrán en México, las políticas sobre el tratamiento y liberalización del uso y producción de sustancias ilícitas en EU”.

El Objetivo de la Comisión Intersecretarial será dilucidar la repercusión en los siguientes ámbitos: salud pública, prevención y combate al consumo; rehabilitación y centros de reintegración social; las organizaciones criminales nacionales; producción, mercado y tráfico transfronterizo de sustancias ilícitas; combate a la delincuencia organizada; importación y exportación de sustancias ilícitas entre México y EU; seguridad interior y asuntos migratorios relacionados con la producción de marihuana, entre otros.