Pero incluso aún en ausencia de dichas regulaciones, la operación de los mercados se ve afectada por la insuficiente protección de los derechos de propiedad y el intento de desinformar a la población por parte de los políticos.

Basta considerar el caso de Argentina y su actual pico inflacionario. Los precios al consumidor se incrementaron en un 11.1% en los últimos 11 meses, la mayor tasa de inflación en los últimos 29 meses. En lugar de reconocer que la inflación es el resultado de malas políticas por parte del gobierno, como el excesivo gasto público o la excesiva emisión de dinero para mantener un tipo de cambio artificialmente bajo, el gobierno prefirió recurrir a teorías conspirativas, acusando a los supermercados de “cartelizarse” para subir los precios y “atentar contra los bolsillos de los argentinos”. Pero esto va más allá de simples acusaciones. Son la manifestación de regímenes políticos redistributivos que no respetan la protección de los derechos de propiedad. El Presidente Néstor Kirchner demandó que los supermercados “trabajen para el país y dejen de presionar a la gente”, y prometió que “el gobierno va a organizar a los consumidores”. Si usted está familiarizado con el discurso político latinoamericano, sabe que lo que quiso decirle el presidente a los supermercados es “trabajen para mi y déjenme presionar a la gente” y “yo voy a organizar a mis seguidores para que los presionen a ustedes”.

La respuesta de las cadenas de supermercados no se hizo esperar. Rápidamente acordaron rebajar el precio de más de 200 productos incluyendo alimentos, vestimenta y productos de tocador en un 15% por un período de dos meses. La lista de productos rebajados es, sin embargo, algo extraña. ¿Por qué solamente se incluyeron 200 productos? Si son los supermercados los que están causando la inflación, ¿no sería más lógico rebajar todos los productos que uno puede comprar en un supermercado? ¿Y por qué solamente un 15%? ¿Por qué no un 30 ó un 50%? Además, si lo que los políticos alegan es que estos comercios se han beneficiado históricamente con la estacionalidad y se aprovechan del aumento de la demanda en las navidades, ¿por qué no incluir también otros productos, como juguetes y otros regalos, cuya demanda claramente se eleva durante estas fiestas? Lo lamentable es que los políticos tengan la caradurez de afirmar que estas medidas no atentan contra el mercado ni constituyen un control de precios, y seguidamente agreguen que “estas cosas” no se resuelven “dejando que sea el mercado el que las regule, sino que lo tiene que regular el Gobierno, buscando todas las formas de que no se burle al hombre común”. Sin embargo, bien decía Ludwig von Mises que “En los sistemas capitalistas de economías de mercado, los verdaderos jefes son los consumidores”. Afirmar que es el gobierno quien debe decidir por los consumidores es menospreciar el juicio del hombre común.

Muchos pensarán que la decisión se basó en un cambio de condiciones en el mercado o en que de repente los supermercados se volvieron “socialmente responsables”. Sin embargo, lo más probable es que se hayan dado cuenta que de no acatar las “recomendaciones” del gobierno podrían enfrentar las mismas consecuencias que Shell, otra compañía acusada por el gobierno de especular con los precios. En este caso, luego de que el presidente convocara a un boycot, 300 piqueteros pintaron la fachada de la central de Shell con grafitis y tomaron una estación de servicio, ambos hechos sin ningún tipo de control policial. Preocupa la retórica de la administración de Kirchner que tácitamente respalda el uso de la violencia para satisfacer sus propios objetivos políticos.

La verdad es que, si bien no existe una intervención nominal por parte del estado en el sector de los supermercados, la falta de protección de derechos de propiedad está de hecho distorsionando el mecanismo de precios. Debido al uso de violencia—o su amenaza de usarla—la situación actual tiene consecuencias similares a la fijación de precios máximos, creando ineficiencias que claramente reducen la riqueza al disminuir la calidad de los bienes, generar escasez y mercados negros de productos regulados, y reducir los incentivos de los supermecados a invertir y expandirse. ¿Cuáles son sino los incentivos para aumentar la oferta de productos y servicios si a uno no se le permite ganar lo suficiente como para cubrir siquiera los costos de producción, ni hablar de generar ganancias?

Pero esta actitud tiene otra consecuencia potencialmente más peligrosa. Dado que cuesta creer que el gobierno no comprende la verdadera causa del problema, el hecho de que no combata la inflación con políticas macroeconómicas consistentes, y en su lugar elija usar a los comercios como chivos expiatorios demuestra una voluntad de esconder información a la población sobre sus propias políticas erróneas. Este mecanismo, que tradicionalmente ha tenido éxito en America Latina, suele resultar en que el público malinterprete las señales provenientes de esta intervención implícita como un problema en el funcionamiento de los mercados.

Irónicamente, el presidente denigra al libre mercado con la excusa de promoverlo al denunciar que fomenta la competencia combatiendo los oligopolios. Es por eso que el debate del libre mercado no debe sólo demostrar los efectos perjudiciales de los controles de precios—ya sean explícitos o implícitos—sino que es también crucial que se continúe desenmascarando los intentos de los políticos de engañar a la gente y violar sus derechos de propiedad, con la esperanza de que los gobernantes se reponsabilicen por sus propias acciones.