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15/12/2005 | Bolivia desconocida

Beatríz Paredes Rangel

EL 18 de diciembre competirán por la presidencia de Bolivia, Evo Morales, líder de los indígenas cocaleros y dirigente del MAS (Movimiento al Socialismo); Jorge Quiroga, ex presidente interino de la República y ex ministro de Hacienda; y Samuel Doria Medina, magnate del cemento.

 

No es, sin embargo, la elección presidencial el único asunto trascendente que enfrentará Bolivia en los próximos meses. Sin duda, por la polarización de las fuerzas que están detrás de cada candidato, y por el antagonismo que reflejan los proyectos que cada candidato encabeza, quien sea el presidente de la República jugará un papel relevante. No se puede soslayar, no obstante que el Congreso estará dividido, que hay una asamblea constituyente en el porvenir, y la discusión de una muy compleja agenda para el país. Dentro de ella, anotamos:

El tema regional.

El Cabildo de Santa Cruz colocó en el centro del debate un tema ineludible y complejo. La estructura tradicional de poder regional se ha modificado.

Desde la fundación de la República, el poder demográfico, económico y político se concentró en el macizo andino. Las exportaciones de minerales salían de ese territorio y allí se encontraban los principales centros urbanos: La Paz, Potosí, Sucre, Cochabamba, Oruro. Desde que los precios del estaño colapsaron, a principios de los años 80, en el siglo XX, el núcleo del poder económico se desplazó a las regiones orientales.

La venta de productos agropecuarios de las zonas tropicales -maderas, soya, castaña, carne- equilibraron primero y desplazaron después a los minerales de los primeros lugares de las exportaciones. El descubrimiento de las reservas de gas en Tarija y Santa Cruz y el comienzo de un nuevo ciclo productivo consolidaron el cambio. Lo hicieron irreversible.

La relación de poder regional se alteró e impuso la necesidad de encontrar un nuevo equilibrio y una expresión institucional y política que corresponda a esa realidad. La descentralización política, la elección directa de prefectos, la expansión de la autonomía operativa y administrativa, son las primeras expresiones jurídicas de avance en esa dirección.

La agenda de desigualdad.

En el otro extremo del país, los movimientos sociales han marcado a fuego la necesidad de encarar y resolver el problema de la desigualdad y de la marginación de los sectores populares, particularmente de los pueblos indígenas.

La reforma agraria de 1953, con la consigna "La tierra es para quien la trabaja", expropió los grandes fundos, devolvió dignidad humana a los indígenas en el occidente del país y desencadenó un enorme proceso de redistribución del poder, de asimilación y del mestizaje, étnico y económico.

Tienen tierra, dignidad, participación política, pero no han logrado vencer la barrera de la desigualdad. Los cinturones de pobreza de las grandes ciudades se alimentan de campesinos, que huyen de la pobreza extrema de las zonas rurales. Los intentos de modernización de la economía no han logrado resolver ese problema y no estoy segura de que lo hubieran encarado. La importante inversión de la democracia en educación y salud mejoró sustantivamente varios de los indicadores de desarrollo humano, pero no enfrentó el tema de la desigualdad. Olvidó el componente productivo, la vinculación del productor con el mercado.

El tema tiene una dimensión adicional. Los indígenas reclaman reconocimiento de su identidad y demandan su autonomía política y cultural.

Nada es inmutable. Ni la cultura. Tiene una relación directa con la manera de producir. Los modos de producción condicionan las formas culturales. Y hay una enorme distancia entre la forma de producir y vivir el mundo rural con las exigencias de las grandes ciudades de este tiempo. Si se miran así las cosas, la brecha cultural boliviana no solamente es, en realidad, la que divide a indígenas y blancos, sino la que distancia a los campesinos de los habitantes de las urbes metropolitanas.

La reconstrucción del Estado.

Será necesario también avanzar en la revalorización del papel del Estado. Su tradicional debilidad fue agravada por un asedio sistemático, encaminado a garantizar el predominio de las fuerzas del mercado sobre cualquier otra consideración.

Las consecuencias son conocidas y, en el caso de Bolivia, dramáticas. La ejecución sumaria y pública del alcalde de Ayo Ayo por una turba enfurecida, en la presencia de una fuerza pública impedida de actuar, fue la prueba trágica de la impotencia de un Estado, que no podía garantizar la seguridad de sus ciudadanos ni el imperio de la ley. Ese mismo Estado ha terminado por aceptar como normal el bloqueo impune de caminos y rutas públicas, la imposición de demandas por la presión social, el desprecio por los procedimientos legales.

Los poderes fácticos -internacionales, empresariales, sindicales delincuenciales- imponen su voluntad por fuera de las instituciones estatales, en perjuicio de los excluidos y pobres. La pésima calidad de los servicios de educación, salud, seguridad social, policía, que ofrece el Estado, en contraste con los que ofrecen las empresas privadas para los que pueden pagarlos, acentúa de manera peligrosa la fragmentación de la sociedad boliviana.

Bolivia tiene una extensión de un millón 98 mil 581 kilómetros cuadrados, y colinda con Brasil, Paraguay, Argentina, Chile y Perú; alcanza una población aproximada de 9 millones 427 mil 219 habitantes. Poco sabemos los mexicanos de Bolivia. Recordamos que allí fue victimado Ernesto Che Guevara; supimos, con sorpresa, del magnate boliviano Atenor Patiño, que construyó el complejo turístico Las Hadas, en Manzanillo, Colima, y de su riqueza legendaria, originada en las minas de estaño, en Bolivia. Supusimos de la complejidad política del Estado boliviano, y de los difíciles procesos para ir construyendo escenarios de gobernabilidad.

Bolivia es uno de los dos países en los que el peso de los grupos indígenas y la preeminencia de las civilizaciones mesoamericanas son preponderantes en el conjunto del conglomerado nacional, pluriétnico y pluricultural, desde luego. Pues bien, la elección del próximo 18 de diciembre culmina un accidentado proceso que inició con la renuncia del presidente, Gonzalo Sánchez de Lozada, El Gony, que dejó el poder en octubre de 2003 y fue sustituido por el vicepresidente Carlos Mesa, quien después de 20 meses de tensión, dejó la presidencia, dando cauce a elecciones generales.

Estar atentos al escenario boliviano, comprender las razones profundas de sus motivaciones, resulta necesario para quienes pretendemos una apreciación más amplia de las cuestiones de fondo, como una presencia indígena significativa en la población y la existencia de valiosos recursos energéticos, que son de interés continental y mundial.

Presidenta de la Fundación Colosio

El Universal (Mexico)

 


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