Son frases hechas que pueden hacer pensar que, desde 2003, estamos frente a un proyecto fundacional que intenta producir cambios profundos. Una acción justiciera y romántica contra "los grupos económicos concentrados", "las corporaciones mediáticas" y "la vieja política". Un supuesto proyecto de dos décadas que llegó para impulsar los cambios de fondo que otros no se animaron ni siquiera a soñar.

Si aceptamos que ser progresista hoy es impulsar una mayor intervención del Estado para achicar la brecha entre los que más y los que menos tienen, hay que decir que no existen datos fehacientes que prueben la evidencia de más igualdad y justicia social. Para el Indec, que manipula la información y subestima el costo de vida, el índice de pobreza es ahora del 12%. Las consultoras privadas, la Iglesia Católica y los profesionales de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) calculan que se encuentra entre el 26 y el 35%. Lo que nadie discute es que la cantidad de pobres bajó desde 2003 hasta 2006. Y que, a partir de ese momento, la tendencia se revirtió. En concreto: la cantidad de pobres pasó de 12 a 14 millones desde que Néstor Kirchner se hizo cargo de la presidencia hasta hace muy poco. Para que se entienda bien: mentir los datos sobre pobreza no es progresista, sino reaccionario y muy conservador. Y mantener los niveles de indigencia al mismo tiempo que se obtuvieron las tasas más altas de crecimiento de toda la historia no es progre, sino escandaloso.

La asignación universidad por hijo (AUH) fue una decisión progresista de última hora. Sin embargo, fue tomada después de lanzar durante siete años decenas de planes sociales que siguen manejando los punteros amigos del Gobierno. Se decidió luego de argumentar que era de imposible aplicación. Y se concretó con el objeto de quitarles a la oposición y los sindicatos democráticos una bandera que venían sosteniendo desde hacía años. De cualquier manera, todavía no es universal y sigue habiendo alrededor de su distribución prácticas clientelísticas. Ahora, dirigentes sociales como Luis D´Elía sostienen que Kirchner o su esposa ganarán las próximas elecciones presidenciales porque en marzo llevarán la asignación a 300 pesos.

Si descontamos que progresismo es realizar cambios estructurales a favor del Estado de bienestar, hay que asumir que poco se ha cambiado en relación con la demonizada década del 90. Un par de ejemplos: el nulo desarrollo del transporte y la industria ferroviaria y el insignificante avance de la educación y de la salud pública, medidos en índices concretos, como las horas de clases cursadas y el nivel de los exámenes de matemáticas y lengua; la tasa de mortalidad infantil y la atención de los hospitales que dependen de la Nación.

Progresista sería una reforma impositiva que sirviera para transferir riqueza desde los que más acumulan a los que menos tienen. Una reforma que contuviera un impuesto a las ganancias extraordinarias y bajara el impuesto al valor agregado (IVA) y al cheque. El IVA lo pagan los más pobres porque su canasta básica es casi toda por consumo de alimentos.

Progresista en serio, y no de la boca para afuera, sería, también, subir la presión impositiva a las grandes mineras y los dueños del juego, mucho más allá del ridículo canon que pagan en comparación con las enormes ganancias que obtienen.

Pudo haber sido progresista una ley de medios destinada a equilibrar el poder de los grandes grupos a través de la incorporación de más competencia y un periodismo más profesional. Pero reemplazar lo que el kirchnerismo define como monopolio por otro monopolio real de medios oficiales y paraoficiales es estar más cerca de las experiencias de prensa de la dictadura.

Progresismo es buscar la memoria y la justicia a través decisiones prácticas como las anulaciones de las leyes de obediencia debida y punto final, que sirvieron para acelerar las causas por delitos de lesa humanidad. En ese sentido, Kirchner instrumentó una decisión progresista. Pero pedirle al jefe del Ejército que baje el cuadro del dictador Jorge Videla en el Colegio Militar no tiene ninguna consecuencia práctica. Al contrario: en realidad puede ser leído como una decisión demagógica, destinada a sobreactuar la política de los derechos humanos. Lo mismo puede decirse sobre la adulteración de la memoria y la manipulación de los hechos protagonizados por Kirchner y Fernández durante la dictadura. Y del dinero que les giran desde el Estado a organizaciones humanitarias a cambio de protección ideológica. Protección y blanqueo que incluyen el silencio de sus principales referentes frente a hechos de corrupción gubernamental.

Progresista es un gobierno que designa jueces por su capacidad y no por su grado de sumisión, y que acepta los fallos de la Corte Suprema aunque le desagraden.

Progresista es un gobierno que distribuye los recursos públicos para las provincias y las intendencias no sobre la base de la subordinación política de los gobernadores e intendentes, sino de un criterio igualitario y profesional, porque se trata de dinero perteneciente al Estado.

Progresista es un gobierno que defiende el medio ambiente frente al avance, por ejemplo, de la minería a cielo abierto, y no una jefa de Estado que veta la ley que lo protege con la excusa de que así no habrá trabajo ni progreso para las provincias que dependen de la minería. Progresista es regular los mercados para evitar que la posición dominante de una gran empresa haga desaparecer las pequeñas y medianas. No entregar los negocios de la obra pública a los empresarios amigos.

Progresistas son los proyectos de ley que obligan a los presidentes a dejar sus bienes en custodia de un fideicomiso ciego hasta tanto dejen de serlo, como sucede en los Estados Unidos y otros países del mundo.

Pero no es progresista haber comprado dos millones de dólares a principios de octubre de 2009, cuando el mercado cambiario era inestable y el ex presidente tenía la información de que era inminente la estatización de las administradoras de fondos de pensión (AFJP). Progresista es un gobierno que combate el delito: la inseguridad afecta a todas las capas sociales, pero perjudica más a quienes no tienen los elementos mínimos para protegerse.

Le pregunté a Víctor De Gennaro, ex secretario general de la CTA, si consideraba a este gobierno progresista. "Progresista es aceptar que, además de la CGT, existe otra central de trabajadores de otro signo ideológico, y no negarle la personaría porque Moyano se enoja -dijo-. Progresista es condenar y castigar al que afana, porque la corrupción no es de izquierda ni de derecha, y va en contra del progreso real y de la lucha para erradicar la pobreza. Progresista es hacer, y no decir que se hace."

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