Esta situación representa un grave conflicto de interés para el presidente Morales. Su doble responsabilidad, como jefe del Estado y al mismo tiempo presidente de las seis Federaciones de Productores de Coca del Trópico de Cochabamba (la zona de El Chapare), le plantea dilemas difíciles de resolver. Por ejemplo, si acepta que muchos de los afiliados que él dirige venden coca para la producción de cocaína, en su calidad de presidente de Bolivia no se puede limitar a pedirles que por favor no lo sigan haciendo sino que debe denunciarlos ante la policía, para que sean procesados por la justicia y se les aplique las sanciones que la ley establece.  

Ni el presidente ni el gobierno del Movimiento al Socialismo tienen la fuerza moral para decirles a los campesinos de otras regiones que no se dediquen al cultivo de coca. En los hechos, han tratado de hacerlo pero nunca lo van a lograr porque los otros campesinos ven esta actitud como un favoritismo a los afiliados de los sindicatos del Chapare y no como una búsqueda sincera de combatir al narcotráfico. Los recientes bloqueos de los cocaleros de la zona de los Yungas, en La Paz, procuran que le den el mismo trato que se le da a los cocaleros del Chapare.

Igualmente, reclaman similares condiciones los productores de otras zonas de reciente expansión como Colomi en Cochabamba y Yapacani en Santa Cruz. Sin embargo, la única coca que la población utiliza para consumo humano proviene de los Yungas, por lo que la coca del Chapare y otros zonas no tiene otro destino sino el narcotráfico.    

El narcotráfico es un problema creciente en Bolivia. En el corto plazo ha servido para alimentar la economía del consumo y en buena parte explica la sensación de auge económico en el país, a pesar de la falta de inversiones, un crecimiento mediocre y una producción estancada o en declive en los principales rubros de la economía legal.    

En el mediano y largo plazo, sufriremos los efectos del cada vez mayor consumo de droga en nuestra sociedad, especialmente entre los jóvenes, y una espiral de violencia que ya comienza a manifestarse. Adicionalmente, la comunidad internacional ya no tratara al gobierno y al país con la misma tolerancia.

Gane quien gane la presidencia de Brasil, la actitud hacia Bolivia será mucho más rígida en este campo y lo mismo pasara con otros países como Argentina y los miembros de la Unión Europea.    

El presidente y el Movimiento al Socialismo tienen que reconocer que su política contra el narcotráfico ha fracasado y que el interés y el futuro de todos los bolivianos les exigen cambiar de política y de actitud.

*Ex presidente del Senado Nacional de Bolivia