Dicho pago fue arreglado de acuerdo mutuo entre la empresa italiana y el Gobierno y, en esa forma, se superó la participación de un tribunal de arbitraje, cuya decisión final se postergaría por algún tiempo más y señalaría la cancelación de una suma distinta a la acordada. El pago de esta expropiación de acuerdo con la “estatización” realizada por Gobierno actual, permitirá resolver un problema que se estaba arrastrando desde hace tiempo y que era motivo de inquietud y comentarios negativos a nivel internacional.

La cancelación de esta deuda es parte de los pagos que tiene que hacer el Gobierno boliviano por otras llamadas nacionalizaciones, las mismas que sobrepasan los mil millones de dólares y cuya resolución final se encuentra, en algunos casos, ante tribunales arbitrales, cuya decisión se espera a mediano plazo, de tal forma que el Estado boliviano pague las deudas y no aparezca como deudor moroso ante el mundo financiero, que se encuentra atento al desarrollo de los negocios.

En la historia de la economía boliviana, la nacionalización de algunas empresas tuvo carácter de expropiación y recibieron indemnizaciones, mientras otras fueron objeto de confiscación sin derecho a pago. La “nacionalización” de los bienes de la Standard Oíl en 1942 significó alrededor de 4 millones de dólares; la de algunas empresas mineras en 1952, de 20 millones de dólares; la de la Gulf Oíl, en 1973, de 445 millones de dólares. También se registraron casos menores.

La política de estatización de empresas privadas, por vía de la compra mediante el pago de elevadas indemnizaciones, por parte del Gobierno actual comprende también a otras empresas y, según datos iniciales, el monto total que se deberá cancelar rodea otros mil millones de dólares. Un detalle de las deudas pendientes del “Estado Plurinacional” boliviano muestra las siguientes cifras:

1.000 millones de dólares por acciones e indemnización para las firmas petroleras Repsol YPF, Petrobras Panamerican Energy, Shell, Ashmore y Oiltanking Grupo Graña y Monter; y alrededor de 200 millones de dólares por la estatización del sector eléctrico, compuesto por las generadoras Corani, Guarachi y Valle Hermoso. El total que deberá pagar el Estado por dichos casos llega a los 1.200 millones de dólares, a no ser que gracias a algunas gestiones esas sumas sean rebajadas en alguna proporción.

La información del Gobierno por el pago de la indemnización al holding Euro Telecom Internacional (ETI) no dice con qué fondos será cancelada esa suma y tampoco hace referencia a las negociaciones que determinaron el pago de cien millones de dólares por la referida estatización. Pero, en todo caso, se puede comentar que para las empresas expropiadas la supuesta “nacionalización” fue un “gran negocio” a todas luces, pues recuperaron más de lo que habían invertido, resultando, finalmente, la pasada “capitalización” un negocio negativo para el pueblo boliviano, con el agravante de que ahora la empresa estatal tiene, al parecer, dificultades internas y ha perdido la eficiencia técnica y financiera que la caracterizaron en años anteriores, por lo que según comentarios en círculos financieros, la estatización fue inoportuna y al presente los cien millones de dólares de pago por la indemnización habrían servido para hacer importantes inversiones productivas para el país.