Abriendo la primera salva de la recién iniciada "batalla de la vigilancia terrorista", Associated Press decía: "El Presidente Bush anunció el sábado que había autorizado un programa secreto de escuchas en Estados Unidos en más de 30 ocasiones desde los ataques del 11 de Septiembre, y ha rehusado revelar públicamente a los involucrados en el programa". Cuando leí hasta aquí la noticia, pensé que el artículo iba a cerca de encontrar a aquellos que ayudan a al-Qaeda en América. AP añadía: "Dijo que sólo es utilizado para interceptar las comunicaciones internacionales de personas dentro de Estados Unidos que se ha determinado que poseen ´un vínculo claro´ con al-Qaeda o con organizaciones terroristas vinculadas". Esto pasaría por alto a los jihadistas de producción propia, o a los infiltrados en el país hace años y que no hacen llamadas telefónicas internacionales. Además, los terroristas bien entrenados no revelarían sus planes en llamadas internacionales; por lo tanto, la administración probablemente será criticada por no dedicar suficientes recursos a investigar las redes internas del terror, aquellos que probablemente darán lugar a los próximos ataques terroristas. Obviamente, el gobierno – en estado de guerra a toda máquina contra al-Qaeda y sus aliados – debería dedicar todos los recursos posibles a monitorizar, escuchar, analizar y actuar contra amenazas potenciales. A pesar de eso, la Inteligencia sólo ha pedido al presidente que autorizase 30 escuchas de casos posibles desde el 11 de Septiembre. La mayor parte de los analistas creen que con seguridad al-Qaeda posee 200 grupos operando dentro de Estados Unidos. El ex Senador norteamericano Bob Graham, del Comité de Inteligencia del Senado, citaba esta cifra en el 2002. Las tropas de Bush sobre el terreno sólo han seguido a una treintena de ellos, el 15%.

Por eso es que me sorprendió, y continué leyendo la información de AP que no criticaba a la administración por no practicar las suficientes labores de vigilancia de las actividades vinculadas al terror, sino por hacer demasiado, como era enmarcado en los medios más tarde: ¡Espionaje de ciudadanos norteamericanos! El argumento estaba acuñado según un escrito puramente teórico – erróneo no obstante: El presidente estaba ordenando espiar a americanos, dentro del país. Por lo tanto – según algunos – había violado la ley. Al leer y escuchar el nuevo debate surrealista, pensé en cómo tiene al-Qaeda que estar riéndose. En una de sus cavernas de Oriente Medio, Osama bin Laden y Aymán Zawahiri deben estar incrédulos, gritando, "¡Por Alá, si hubiéramos sabido que apenas éramos monitorizados, habríamos sacado la artillería pesada!"

Pero el debate político de América está teniendo lugar en un planeta distinto: va de La ley de Los Ángeles, encontrar escándalos, y quién puede sacar la historia; sin que importe reflejar lo que necesitamos hacer para ganar la Guerra contra el Terror. A la nueva "noticia" se le dio un título antes de ser investigada: se está espiando a americanos en lugar de reunir información acerca de terroristas. Así que si los terroristas resultan ser ciudadanos americanos (una ciudadanía que ya no es difícil de obtener) su posición de terroristas es pasada por alto por su posición legal. Pero los críticos afirmaban que no va de la Guerra contra el Terror, sino de libertades civiles. Un presidente tiene que utilizar el proceso de la Ley FISA: solicitar autorización a un tribunal especial para grabar a un sospechoso de terrorismo.

Bien, examinemos el aspecto legal antes debe examinar el perjuicio causado a la Seguridad Nacional y a todas las libertades americanas por los promotores de esta noticia.

El debate legal

La administración afirma que "el programa se revisa cada 45 días, utilizando evaluaciones frescas de la amenaza, revisiones legales por parte del Departamento de Justicia, la asesoría de la Casa Blanca y otros, y la información procedente de actividades previas bajo el programa". El presidente añadió que "está diseñado en parte para solucionar los problemas planteados por la Comisión del 11 de Septiembre, que descubrió que dos de los secuestradores suicida se comunicaban desde San Diego con operativos de al-Qaeda a ultramar". Pero el Senador y probable candidato presidencial del 2008 Russ Feingold, D-WI, lo vio de otra manera: "Esto no es el sistema de gobierno que tenemos y por el que luchamos", declaraba a Associated Press en una entrevista telefónica. "Sí, nuestro sistema de gobierno pide que el ejecutivo pase por un tribunal antes de reunir información acerca de ciudadanos norteamericanos sospechosos de actividades ilegales o crímenes. Pero el tema no va de crímenes o ilegalidades. Y el tema no va de americanos que pueden tener conexión con actividades violentas.

En realidad, en testimonio ante el Comité Designado de Inteligencia de la Cámara el 30 de octubre del 2003, a propósito de "Recabar información de inteligencia bajo la ley", el ex fiscal del Departamento de Justicia John Yoo escribía:

En tiempo de guerra, el ejército se involucra en búsquedas y vigilancias sin autorización. No exigimos, por ejemplo, que las fuerzas armadas soliciten autorización cuando realizan vigilancias visuales o electrónicas de fuerzas del enemigo o en un campo de batalla, o cuando registra edificios, casas y vehículos del enemigo. Las operaciones militares dentro de Estados Unidos tampoco tienen que operar bajo una norma distinta.

La pregunta está clara: ¿Estamos o no estamos en guerra contra los terroristas? Osama bin Laden declaró esa guerra en 1998. La Comisión bipartisana del 11 de Septiembre se preguntaba porqué la administración se contuvo hasta octubre del 2001. Los jihadistas están presentes dentro de Estados Unidos, incluyendo a aquellos que tienen pasaporte norteamericano. Igual están otros jihadistas del terror en España, Gran Bretaña, Holanda o Francia. Por simple lógica, el gobierno norteamericano tiene el deber de utilizar todos los medios (aprobados en las convenciones de guerra) para resistir a la penetración e infiltración en Estados Unidos. Obrar de otro modo es ilegal, inconstitucional, y lo que es más importante, va en detrimento de la seguridad, y por tanto de la libertad, del pueblo americano. Pero sin que importe algún argumento ilegal general, el fiscal John Yoo nos proporciona la disposición legal. Escribe:

Por tanto, si las fuerzas de al-Qaeda organizan y realizan misiones para atacar blancos civiles o militares dentro de Estados Unidos, la vigilancia gubernamental de terroristas no sería cuestión tanto de la aplicación de la ley como de operaciones militares. En tales circunstancias, cuando el gobierno no busca un objetivo ordinario del cumplimiento del derecho criminal, la Cuarta Enmienda no exige tal autorización.

Así que, legalmente hablando, la administración, mientras se defendía de una jihad terrorista, habría tenido que conceder libertades civiles a los futuros asesinos. Uno tiene que admitir lo difícil que es esta tarea: librar una guerra global y nacional contra terroristas que niegan a los infieles todas las leyes, al tiempo que se utiliza un sistema legal que no está diseñado para estos enemigos. El pueblo americano se ha quedado en medio de ninguna parte, porque no comprende cómo explota el enemigo el sistema de América. Ahora, en lugar de debatir cómo cerrar estos subterfugios, el debate se difunde alrededor de "el gobierno espía a americanos".

Mientras que las células jihadistas espían constantemente con el fin de encontrar agujeros en la infraestructura de América, los críticos del Presidente Bush están preocupados por el modo en que América vigila a los terroristas. Hasta la fecha, no he escuchado a un sólo crítico preguntar a quién estamos vigilando. O a alguien que solicite una actualización con respecto a cuántos terroristas se encuentran dentro de Estados Unidos. Así que, en suma, quieren que el gobierno "atrape" a los terroristas, pero que no "los vigile". Debo admitir que la Comisión del 11 de Septiembre estaba en lo cierto con respecto a algunos americanos; va sobre "falta de imaginación". Hasta nuevo aviso, no soy capaz de imaginar cómo puede atrapar a los terroristas jihadistas Estados Unidos si no los monitoriza. Y cómo pueden monitorizar las instituciones de defensa y seguridad a un enemigo en estado de guerra, si les proporciona la información y la tecnología que está utilizando.

Las libertades de los americanos son demasiado apreciadas como para ser infringidas. Es la libertad de los terroristas la que es necesario reducir. Necesitamos adaptar nuestras leyes a la naturaleza del conflicto, no permitir que los terroristas las utilicen contra nosotros. Las leyes se hacen para proteger a la gente, no para ser utilizadas contra ella por el enemigo.

Al-Qaeda y los jihadistas

¿Se comunicaban los terroristas entre ellos en los años 90, y pudo el gobierno norteamericano detectarlos e interrumpir sus operaciones antes del 11 de Septiembre? Obviamente, los terroristas de Mohammed Atta y sus colegas fueron libres de comunicarse, incluso reunirse en suelo norteamericano, durante años. No hubo Guerra contra el Terror en la administración Clinton, ninguna mención de que estaba teniendo lugar una jihad en las investigaciones de la mayor parte de la academia, y no se dio instrucciones a ningún tribunal de procesar el islamo-fascismo antes del 11 de septiembre del 2001. Los presidentes ni siquiera necesitaban desarrollar técnicas para monitorizar jihadistas, puesto que no se enseñaba ninguna doctrina acerca de la jihad en las instituciones militares de enseñanza. El país se encontraba en un planeta distinto.

Pero Osama bin Laden cambió las reglas del juego hace cuatro años. La realidad geopolítica cambió, y las leyes tenían que servir a la supervivencia de los americanos, no obstruir sus libertades globales. Aún se plantean muchas cuestiones por parte de los expertos en terrorismo: ¿estamos completamente preparados para ellos? ¿Está preparado nuestro sistema legal para hacerles frente, incluso cuando se interpreta de la mejor manera posible? Aparentemente no: nos encontramos en territorio desconocido. La administración Bush, al heredar un sistema americano pre-11 de Septiembre, lucha por equilibrar las libertades civiles con el terror. Pero sus críticos no se han movido desde el 10 de Septiembre anterior: quieren utilizar un sistema diseñado contra la mafia para hacer frente a las fuerzas más letales del globo.

Al público se le debe contar toda la historia y dejar que juzgue por sí mismo. Los americanos tienen que ser informados con rapidez y educados en lo que respecta a la naturaleza de esta guerra, su duración, el enemigo que afrontamos y las amenazas reales que eclipsan el futuro. Creo que los críticos, en sus carreras a meterse en política, pueden haber dado la oportunidad a América de abrir sus ojos de par en par ante el islamofascismo. De hecho, estoy más que interesado en saber "a quién ha pinchado el gobierno y la vigilancia de quién no fue supervisada por el proceso FISA". Sólo entonces podemos tener la imagen general.

Mientras tanto, al-Qaeda aprende de nuestro sistema – no del hecho de que el gobierno norteamericano haya estado monitorizándoles, sino de lo poco que ha hecho y lo fácil que es atacar estas medidas dentro del sistema norteamericano. Los terroristas a cargo de traspasar la seguridad nacional norteamericana están mejor situados esta semana que la anterior. Han conocido las pocas ocasiones en que el presidente ha autorizado la vigilancia excepcional; han comprendido porqué la presión sobre el terror fue más alta entre el 2001 y el 2005; y por encima de todo, nos hemos dado cuenta de que los políticos en América (y sus consejeros académicos) viven ajenos a la realidad del mundo post-11 de Septiembre.

Al-Qaeda sabía que estaba bajo vigilancia en América, pero no sabía mucho sobre ese sistema. Pronto lo sabrá, y utilizará este conocimiento a su favor. Mientras algunos de entre nosotros gravitan alrededor de su planeta pre-11 de Septiembre atrás en el tiempo, la jihad futura se encamina hacia otra de las debilidades fatales de sus enemigos.