No obstante, en el curso de su evolución, el hombre descubrió que la pelea continua por poder y posesiones estaba menos en su interés que la paz. Fue así como formó sociedades sujetas al mando de autoridades capaces de asegurar la paz interna y la defensa en común.

De acuerdo con Hobbes —el fundador del liberalismo político—, una sociedad es una población bajo una autoridad a la cual todos los individuos ceden sus derechos a fin de que dicha autoridad cuide del modo de vida pacífico que tales individuos han elegido.

En el marco de este contrato social, que está en la base de las democracias modernas, el derecho a la autodefensa suele considerarse válido, pero sólo como un último y excepcional recurso de los individuos ante la ausencia de la autoridad.

Conceptos como la "legítima defensa" o "defensa propia" se han abierto camino en el derecho penal para exculpar a un individuo por la realización de una conducta sancionada por la ley o bien para reducir la pena aplicable a dicha conducta.

Sin embargo, la doctrina penalista contemporánea ha establecido que la figura de la legítima defensa ha de ir acompañada por una serie de requisitos que hagan necesaria una intervención que impida o repele una agresión antijurídica. Entre esos requisitos está, por ejemplo, la imposibilidad de protegerse de otro modo, el uso de un medio de defensa proporcional al peligro enfrentado y el carácter doloso de éste.

¿Por qué? Porque de otro modo la línea que divide la legítima defensa de una acción criminal sería aún más difícil de trazar.

No cabe duda que en México la desesperación que produce la actitud omisa —o, peor aún, cómplice— de muchas autoridades, respecto de la ola delictiva que padece el país, ha hecho que muchos quieran ensanchar de facto el derecho que tienen los mexicanos de protegerse por sí solos de las agresiones a su persona o su patrimonio.

No es exagerado decir que últimamente hemos visto aparecer por toda la República actos reales o supuestos de autodefensa —como son los linchamientos y ajustes de cuentas— o llamados a organizar a la sociedad en grupos para hacer las tareas de seguridad que por ley corresponden sólo a las autoridades.

Caso extremo es el del grupo criminal autodenominado La Familia, que surgió hace años con el propósito explícito de defender a la sociedad michoacana del secuestro, la extorsión y el narcomenudeo, pero que ha mutado, como lo sabemos todos, en un peligroso cártel cuyo objetivo no es sólo obtener ganancias mediante diversos giros sino propalar un discurso mesiánico, para ganar adherentes, y eventualmente tomar el poder.

Igual que sucedió con las Autodefensas Unidas de Colombia —organización paramilitar fundada por Carlos Castaño en 1997—, La Familia pasó de ofrecer protección a empresarios y otros sectores contra el peligro que representan los narcotraficantes (en este caso, primordialmente Los Zetas), a dedicarse abiertamente a los mismos negocios criminales que sus enemigos, así como a buscar intervenir en política.

Ese es el camino inevitable, me parece, por el que transitan todos los esfuerzos de suplantar a la autoridad en lo que establece claramente el contrato social en que se funda toda democracia: el ciudadano renuncia a la defensa de su integridad física y sus bienes y otorga a la autoridad el derecho exclusivo de protegerlo.

Quizá usted se pregunte ¿qué debe hacer entonces el ciudadano para defenderse cuando los cuerpos de seguridad creados por las autoridades son insuficientes, incompetentes o corruptos, como a menudo sucede en México? Para mí, la respuesta no está en suplantar a la autoridad o en que la sociedad organizada adopte estrategias propias de los criminales, sino en demandar a las autoridades hacer lo que la ley les exige y por la que el contribuyente les paga, y hacerlo bien.

Por eso dudo de las palabras y acciones del grupo anónimo que se ha hecho llamar Estemos Unidos Mexicanos, que ha colocado mantas blancas en puentes de la Ciudad de México, Cuernavaca e incluso Nueva York en los que llama a la ciudadanía a organizarse contra la delincuencia con frases como "Si el crimen está organizado, ¿por qué nosotros no?"

En declaraciones exclusivas a este diario, uno de sus dirigentes dijo la semana pasada: "Los ciudadanos podemos recuperar nuestro territorio... Si logramos que alguna cuadra de alguna ciudad se proteja y esa cuadra lo hace y la de junto lo hace, en menos de lo que uno se imagina vamos a estar completamente libres".

Pueden ser buenas sus intenciones —incluso el dirigente entrevistado por mi compañero Gerardo Jiménez rechaza que Estemos Unidos Mexicanos piense formar guardias blancas—, pero el carácter anónimo y espontáneo del grupo, así como su falta de coordinación con las autoridades, como no sucede con los grupos de Neighborhood Crime Watch en Estados Unidos, hace pensar en vías que no apuntan hacia el fortalecimiento del imperio de la ley.

La ola delictiva que afecta a México tiene que ver con el debilitamiento del Estado de derecho, la impunidad y el uso político que se le dio a las policías durante muchísimos años. Como resultado, en este país el ciudadano promedio no se siente obligado a cumplir con las normas, sólo 2% de los delincuentes pagan por sus acciones y prácticamente ningún cuerpo de seguridad pública es visto con respeto.

Eso es lo que tenemos que ir cambiando —además de abatir la desesperanza de un alto porcentaje de jóvenes, que consideran a la delincuencia como el único futuro promisorio a la vista— si queremos vivir con seguridad, sin miedo a una muerte violenta o la pérdida de nuestro patrimonio. Los otros caminos son salidas falsas.

¿Qué puede hacer el ciudadano?

Por un lado, tener claro que el enemigo de su seguridad son la delincuencia y sus cómplices, y, en ese sentido, rechazar los actos de admiración o imitación del estilo de vida y formas de los criminales, como son sus métodos de comunicación anónimos.

Por otra, exigir a las autoridades la paz y seguridad a la que tiene derecho, porque así lo establece el marco legal y el contrato social en que está basada nuestra democracia.

Por ejemplo, ¿alguien se pregunta qué pasó con los 74 compromisos del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Legalidad y la Justicia? ¿Cuántos se cumplieron y qué pasó con el resto? ¿Qué ha sucedido con el seguimiento a esos compromisos?

Pocas veces la sociedad mexicana estuvo tan organizada contra la delincuencia como en ese momento de mediados de 2008. Es un impulso que no debiera abandonar a riesgo de no tener a quién reclamar su situación sino a su propia indolencia.

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*La Silla de Excélsior

Desde el lunes pasado se transmite por CadenaTres —nuestra televisora hermana— una nueva sección informativa generada por Excélsior, diario pionero en la producción de noticiarios de televisión en México. Diariamente, de lunes a viernes, le presentamos una entrevista concisa con un personaje de la vida pública del país, misma que se reproduce en diferentes horarios y también se publica en estas páginas. La primicia se transmite dentro de la Tercera Emisión de CadenaTres Noticias, el espacio que conduce Pedro Ferriz de Con, a quien agradezco su generosidad y consejos. Y me adelanto a darle las gracias a usted también, estimado lector, por los comentarios que al respecto me haga en twitter.com/beltrandelriomx